Reclamaciones
La Administraci¨®n central deber¨ªa tomar nota de la iniciativa de la Agencia Catalana de Consumo que obligar¨¢ a las compa?¨ªas de telefon¨ªa e Internet a tener oficinas abiertas al p¨²blico para tramitar las reclamaciones de los clientes.
Sentido com¨²n. La naturaleza de los servicios que estas empresas comercializan y la dificultad que el usuario encuentra para ejercitar sus derechos pone a estas entidades a la cabeza en cuanto al n¨²mero de reclamaciones tramitadas por la Administraci¨®n con mucha diferencia.
En la actualidad, el usuario est¨¢ casi indefenso ante los abusos que las telef¨®nicas ejercen contra su bolsillo. Los cauces para reclamar son complicados y caros, y exigen una buena dosis de paciencia y tiempo por parte del usuario, que frecuentemente se ve forzado a realizar costosas llamadas (de las que muchas veces la reclamada tambi¨¦n extrae beneficio), y que cuando son atendidas por un ser humano, normalmente ¨¦ste carece de los medios para resolverlas.
La Secretar¨ªa de Estado de Telecomunicaciones dispone de un plazo de seis meses -lo que se tarda en llegar a Marte- para resolver las reclamaciones. Y el Arbitraje de Consumo -cuya existencia y funcionamiento desconoce el grueso de la poblaci¨®n- es un procedimiento voluntario; si la empresa no quiere, no hay arbitraje que valga. Queda la v¨ªa judicial, que es a todas luces inapropiada para estos tr¨¢mites en la medida en que exige que el usuario sufra perjuicios adicionales (desplazamientos, ausencias laborales...) que rara vez compensan, por no hablar del colapso que originar¨ªa que las reclamaciones de Internet acabasen por sistema en manos de los jueces.
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