Los obispos negociaron en La Moncloa

El car¨¢cter evaluable de la asignatura de religi¨®n y la libertad de elecci¨®n de centro sin restricciones fueron las dos peticiones de la jerarqu¨ªa cat¨®lica que dieron al traste con la negociaci¨®n entre la Iglesia y el Gobierno sobre la reforma educativa. El proceso negociador, guardado hasta ahora en secreto por ambas partes, se desarroll¨®, siempre seg¨²n fuentes gubernamentales, en cuatro reuniones celebradas en Moncloa (tres de ellas entre el 10 y el 25 de octubre) y bas¨® su trabajo en otras tantas ¨¢reas de discusi¨®n: la autonom¨ªa de los centros, los profesores de religi¨®n y las asignaturas de religi¨®n y educaci¨®n para la ciudadan¨ªa. Durante las conversaciones, el Gobierno, se mostr¨® dispuesto a reconocer el "car¨¢cter especial" de la relaci¨®n con los profesores de religi¨®n y a retirar del anteproyecto de Ley Org¨¢nica de Educaci¨®n (LOE) la consideraci¨®n de servicio p¨²blico de la educaci¨®n y sustituirla por la de "derecho fundamental".

La vicepresidenta, Mar¨ªa Teresa Fern¨¢ndez de la Vega, y el presidente del grupo parlamentario socialista, Alfredo P¨¦rez Rubalcaba, fueron los encargados de representar al Gobierno socialista. La posici¨®n de los obispos fue defendida por el presidente de la Conferencia Episcopal Espa?ola, Ricardo Bl¨¢zquez; su portavoz, Juan Antonio Mart¨ªnez Camino, y el vicepresidente, Antonio Ca?izares. Este ¨²ltimo, a diferencia de los dem¨¢s, estuvo presente en todas las reuniones y, seg¨²n fuentes cercanas a la negociaci¨®n, jug¨® un papel clave.

Las reuniones recogieron el esp¨ªritu del "di¨¢logo fluido y abierto" que hab¨ªan acordado en Moncloa el 6 de abril pasado el presidente del Gobierno, Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero, y Ricardo Bl¨¢zquez. Para ello, se decidi¨® abrir, con la ley ya en el Parlamento, una nueva fase de negociaci¨®n caracterizada por la discreci¨®n y el contacto directo entre ambas c¨²pulas ejecutivas. Se trataba, en palabras de Mart¨ªnez Camino, de "tomas de contacto, a ¨²ltima hora de la tarde y sin agenda previa".

El objetivo del Gobierno era, si se alcanzaba un acuerdo, elaborar una declaraci¨®n p¨²blica conjunta. Pero no ocurri¨® as¨ª. Los resultados de las conversaciones fueron evaluados por el comit¨¦ ejecutivo de la Conferencia Episcopal, que finalmente rechaz¨® la propuesta. El Gobierno, seg¨²n fuentes cercanas a Moncloa, considera que la negociaci¨®n ha quedado rota y que la responsabilidad es de los obispos.

Aunque la vicepresidenta habl¨® ayer de 15 propuestas del episcopado (13 aceptadas y 2 rechazadas), fuentes gubernamentales matizaron que todas ellas se pod¨ªan subsumir en cuatro ¨¢reas. En dos se alcanz¨® un principio de acuerdo (profesores de religi¨®n y educaci¨®n para la ciudadan¨ªa) y en otros dos la negociaci¨®n fracas¨® (asignatura de religi¨®n y elecci¨®n de centros). Este es el resumen de los encuentros y desencuentros.

- Elecci¨®n de centro. El Gobierno, siempre seg¨²n fuentes cercanas a la negociaci¨®n, se mostr¨® dispuesto a conceder a los centros concertados (de gesti¨®n privada y financiaci¨®n p¨²blica) el derecho a decidir su tipolog¨ªa (por ejemplo, su conversi¨®n en fundaciones) . Tambi¨¦n acept¨® el reconocimiento de su autonom¨ªa pedag¨®gica y eliminar del articulado de la LOE (aunque no en el pre¨¢mbulo, seg¨²n dijo Mart¨ªnez Camino en la Cope) la referencia a la educaci¨®n como servicio p¨²blico, un aspecto que ha levantado ampollas entre los obispos que consideran que abre las puertas a la "estatalizaci¨®n" de la educaci¨®n y ataca a la libertad de ense?anza. El acuerdo en este punto inclu¨ªa cambiar el t¨¦rmino servicio p¨²blico por derecho fundamental. El principal punto de fricci¨®n procedi¨® del derecho de los padres a elegir centro. Los obispos, seg¨²n fuentes gubernamentales, exigieron que la decisi¨®n de un padre fuese el criterio principal, de forma que a la hora de admitir alumnos en un centro contase por encima de otros tan asentados como la proximidad al centro o la renta. El Gobierno lo rechaz¨® de plano porque, a su entender, supon¨ªa romper la equidad y abr¨ªa las puertas a la creaci¨®n de centros elitistas financiados con fondos p¨²blicos. La Conferencia Episcopal ha insistido en que defendi¨® que se respetase la libertad de elecci¨®n de centro, sin facilitar m¨¢s detalles.

- Asignatura de religi¨®n. La Iglesia pidi¨®, como reconoce Mart¨ªnez Camino, que esta asignatura fuese evaluable y, por tanto, computable para la nota media. El Ejecutivo, bas¨¢ndose en su compromiso electoral insisti¨® en que la asignatura no hab¨ªa de ser evaluable ni, por tanto, computable. El anteproyecto de LOE no entra en estos detalles, que deben ser desarrollados en reglamentos posteriores a la aprobaci¨®n de la ley. Donde s¨ª que hubo un principio de acuerdo fue en que la asignatura deb¨ªa de ser de oferta obligatoria para los centros y voluntaria para los alumnos, seg¨²n establecen los acuerdos con la Santa Sede. En este apartado, seg¨²n fuentes gubernamentales, los obispos se mostraron dispuestos a reconocer en la declaraci¨®n final la voluntad del Ejecutivo para llegar a un pacto aunque destacando que el esfuerzo era insuficiente.

- Educaci¨®n por la Ciudadan¨ªa. La asignatura que crea la reforma educativa y que se estudiar¨¢ en un curso de secundaria y en otro de primaria hab¨ªa despertado recelos en la Iglesia. Mart¨ªnez Camino record¨® ayer que el temor se centraba en que se convirtiese en una clase de moral. Este miedo motiv¨® que pidiesen que la asignatura tuviese un car¨¢cter "t¨¦cnico". "Como ense?ar el derecho constitucional", indic¨® el portavoz episcopal. Fuentes gubernamentales se?alaron que los obispos tampoco quer¨ªan que fuese utilizada como arma de cr¨ªtica contra la religi¨®n. Para superar los temores, los representantes socialistas admitieron que se limasen las asperezas y se destacase su car¨¢cter laico. Con ello, se lleg¨® a un acuerdo.

- Profesores de religi¨®n. Aqu¨ª tambi¨¦n se logr¨® el pacto, seg¨²n el Gobierno. Fern¨¢ndez de la Vega y P¨¦rez Rubalcaba se comprometieron a dar estabilidad laboral a los profesores de religi¨®n (11.000 en la ense?anza p¨²blica y 22.000 en la concertada). Para ello se les iba reconocer el r¨¦gimen de contrataci¨®n laboral con una duraci¨®n coincidente con el curso escolar (a tiempo completo o parcial). Asimismo, estos docentes percibir¨ªan las retribuciones que correspondiesen a los profesores interinos. M¨¢s espinosa fue la cuesti¨®n de los despidos. Ahora mismo, estos docentes son elegidos por la Iglesia y pagados por el Estado. La renovaci¨®n de contrato depende de los obispos, que pueden impedirla si creen que el docente no cumple con los preceptos morales cat¨®licos (por ejemplo, casarse con un divorciado). El Ejecutivo, en este aspecto, estaba dispuesto a reconocer la "car¨¢cter especial" de la relaci¨®n de los profesores y desarrollar un reglamento para regular la cuesti¨®n.