El Gobierno reformar¨¢ la ley para aplicar las incompatibilidades de ministros a los concejales

El Gobierno extender¨¢ el r¨¦gimen de incompatibilidades de altos cargos de la Administraci¨®n central a todos los concejales de Espa?a, de manera que no puedan trabajar durante los dos a?os posteriores a sus ceses como ediles en empresas de sectores sobre los que hubieran tomado decisiones en el desempe?o de sus cargos. Hasta ahora, los concejales no estaban dentro de ese r¨¦gimen legal, lo que permiti¨® que, por ejemplo, el ¨²ltimo concejal de Vivienda de Madrid, Sigfrido Herr¨¢ez, del PP, se pusiera a trabajar en una inmobiliaria 10 d¨ªas despu¨¦s de dimitir de su cargo.

El Ministerio de Administraciones P¨²blicas envi¨® hace d¨ªas al Ayuntamiento de Madrid un borrador de la futura Ley de Capitalidad donde se inclu¨ªa un art¨ªculo sobre las incompatibilidades de concejales y personal directivo de ese consistorio que establec¨ªa lo siguiente: "Durante los dos a?os siguientes a la finalizaci¨®n de su mandato, no podr¨¢n realizar actividades privadas con empresas que tengan o hayan tenido, en los cuatro a?os anteriores, cualquier tipo de relaci¨®n contractual o relaciones econ¨®micas con ¨¢nimo de lucro". Eso implicaba que los concejales de Madrid ser¨ªan los ¨²nicos de Espa?a con ese r¨¦gimen de incompatibilidades tan exigente.

Ese art¨ªculo del borrador de la ley redactado por el Ministerio de Administraciones P¨²blicas no aparece en el texto de la Carta Municipal de Barcelona, que recoge b¨¢sicamente los mismos principios que inspiran la Ley de Capitalidad y que ya se est¨¢ tramitando en el Congreso previo acuerdo en Catalu?a de todos los partidos pol¨ªticos, incluyendo el PP. Barcelona saca varios meses de ventaja a Madrid en la tramitaci¨®n de una ley especial que recoja alguna de sus necesidades especiales.

Un portavoz del Ministerio de Administraciones P¨²blicas asegur¨® ayer a EL PA?S que el texto remitido al Ayuntamiento de Madrid ser¨¢ corregido para que no aparezca ese art¨ªculo. "En unos d¨ªas, presentaremos una propuesta de modificaci¨®n de la Ley de Bases de R¨¦gimen Local [que afecta a todos los ayuntamientos de Espa?a] que incluir¨¢ ese art¨ªculo sobre las incompatibilidades de los concejales".

Eso significa que, a partir de la aprobaci¨®n de esa reforma legal, los concejales de los m¨¢s de 8.000 municipios de toda Espa?a no podr¨¢n trabajar, tras cesar en su puesto p¨²blico, en empresas con las que hayan tenido relaci¨®n contractual o econ¨®mica durante el desempe?o de su cargo.

Esta modificaci¨®n legal se ha impulsado tras el esc¨¢ndalo pol¨ªtico suscitado en Madrid por el concejal de Vivienda del Ayuntamiento de la capital, Sigfrido Herr¨¢ez, del PP. El pasado 26 de septiembre dimiti¨® de su cargo y, s¨®lo 10 d¨ªas despu¨¦s, fich¨® como vicepresidente de la inmobiliaria Rayet, que tiene promociones de vivienda en los distritos madrile?os de Vallecas y Villaverde, en terrenos sobre los que hab¨ªa tomado decisiones como concejal Sigfrido Herr¨¢ez.

Cambiar la legislaci¨®n

El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallard¨®n, record¨® que la actuaci¨®n de Herr¨¢ez al fichar por una empresa inmobiliaria era legal, aunque expres¨® su disgusto al conocer la noticia: "Lo que ¨¦l me dijo cuando se fue del Ayuntamiento es que iba a ejercer como arquitecto fuera de Madrid, en otras ciudades. Lo que se ha publicado ahora es diferente a lo que ¨¦l me dijo". Ruiz-Gallard¨®n se mostr¨® partidario de cambiar la ley estatal que regula las incompatibilidades de altos cargos: "Soy partidario de que se extienda a los ayuntamientos el r¨¦gimen de incompatibilidades que rige en otras administraciones. No entiendo por qu¨¦ tiene que ser diferente", se?al¨® entonces.

En la Administraci¨®n central y en la auton¨®mica, los altos cargos que cesan en su puesto tienen que dejar pasar dos a?os antes de fichar por una empresa privada relacionada con el sector sobre el que tuvieron competencia.

El ministro de Administraciones P¨²blicas, Jordi Sevilla, recogi¨® la reclamaci¨®n de Ruiz-Gallard¨®n, que tambi¨¦n defendieron los portavoces del PSOE y de IU, aunque s¨®lo la meti¨® en el borrador de la Ley Especial de Madrid.