Contra la zonificacion

Como es bien sabido, el problema de la adscripci¨®n de los alumnos a los centros sostenidos con fondos p¨²blicos (sean estos de titularidad p¨²blica o concertados) se viene resolviendo conforme a un baremo en el que tiene un peso aplastante el factor territorial (al menos 8 puntos sobre un m¨¢ximo de 14, si mis noticias son ciertas), a eso se le suele llamar la zonificaci¨®n. En principio, el criterio s¨®lo se aplica en los niveles de ense?anza obligatoria, empero la inercia, la costumbre y a veces tambi¨¦n la reglamentaci¨®n han venido a extender ese mismo criterio a los niveles no obligatorios de la ense?anza. A lo que parece, la reforma educativa en tramitaci¨®n en el Congreso mantiene el mismo sistema. Me parece que, con algo m¨¢s de veinte a?os de experiencia, los legisladores ya deber¨ªan saber que la zonificaci¨®n no es una buena idea.

En teor¨ªa, el sistema deber¨ªa aplicarse en aquellos casos en los que la oferta (n¨²mero de plazas en centro determinado para ense?anza determinada) est¨¦ por debajo de la demanda y la Administraci¨®n se enfrenta al problema de la gesti¨®n de ese exceso de demanda. Pero eso es s¨®lo en la teor¨ªa. En la pr¨¢ctica, como los centros no pueden saber a priori si van a tener exceso de demanda, ni sus dimensiones, gestionan la incertidumbre aplicando a todos los solicitantes el baremo, es decir, imponiendo como norma estad¨ªstica la selecci¨®n de estudiantes mediante la zonificaci¨®n. Es m¨¢s, no faltan casos en los que las disposiciones administrativas o las ¨®rdenes internas de la Administraci¨®n competente as¨ª lo exigen. De este modo, si cualquier padre desea que su hijo estudie en un determinado centro sostenido con fondos p¨²blicos tiene que pasar por el baremo, y es este, y no la decisi¨®n del padre, el que determina si el candidato va a tener la plaza que desea o no. Como el baremo es gestionado por la Administraci¨®n (y no puede ser de otro modo) el resultado final est¨¢ cantado: es esta y no el padre la que determina d¨®nde tiene plaza el ni?o. Es cierto que en la mayor¨ªa de los casos la voluntad del padre y el criterio de la Administraci¨®n coinciden, pero no es menos cierto que en caso de discrepancia el criterio que se impone es el de la Administraci¨®n. En otras palabras, la Administraci¨®n destina a los alumnos, unas veces lo hace de acuerdo con sus deseos, y otras no. El ni?o va donde le toca.

Claro que si el ni?o va "donde le toca" no parece que quede mucho espacio para la libertad de elecci¨®n. La reacci¨®n de los padres es la esperable: si de acuerdo con el baremo no tenemos plaza donde deseamos, haremos trampa. El resultado es una situaci¨®n de fraude generalizada, hasta el punto de que se ha tenido que renunciar a exigir copia de la declaraci¨®n del IRPF para acreditar el acceso o no a los puntos derivados del nivel de renta (que no se sabe muy bien qu¨¦ pintan aqu¨ª) para combatir la picaresca... que se ha desplazado a otros lares. Como el territorio es la variable de mayor peso, y con frecuencia la determinante, un truco muy utilizado pasa por el empadronamiento ficticio. Todav¨ªa no se ha llegado con car¨¢cter masivo a la pr¨¢ctica francesa de alquilar un piso que no se usa en la zona "buena" para asegurarse plaza, pero todo se andar¨¢. El sistema realmente existente es pesado, costoso, iliberal y est¨¢ corro¨ªdo por el fraude, al que no son ajenos los centros: todos, p¨²blicos y privados, prefieren alumnos voluntarios a estudiantes de destino forzoso. Y no ser¨¦ yo quien lo critique.

Que el sistema es malo se cae por su propio peso tras lo dicho, pero lo dicho no es lo peor. Lo peor es que funciona en dem¨¦rito de la escuela p¨²blica y de la funci¨®n que esta debe desempe?ar. Lo primero se debe sencillamente a que los centros p¨²blicos carecen de autonom¨ªa funcional y pedag¨®gica, por ello su capacidad de maniobra es menor y ello les sit¨²a en desventaja comparativa con los privados, concertados o no, que s¨ª disponen de esa autonom¨ªa y pueden hacer uso de ella para la diversificaci¨®n, la especializaci¨®n y la innovaci¨®n. El sistema deber¨ªa fomentar centros p¨²blicos de referencia, con vocaci¨®n de excelencia, que "tiraran" de los dem¨¢s, pero no lo hace. Claro que la autonom¨ªa de los centros no es compatible con la figura del alumno destinado. El sistema induce el acartonamiento y la homogeneizaci¨®n de m¨ªnimos. Esa tendencia inherente puede ser combatida por el voluntarismo del profesorado (que ciertamente no falta), pero el sistema educativo p¨²blico tiende a funcionar contra el profesorado. No es de extra?ar que este est¨¦ muy "quemado". No podemos seguir viviendo con un sistema que no ha hecho quiebra porque siempre hay un pu?ado de "h¨¦roes docentes" que tiran del carro. El franciscanismo permanente no es exigible.

A¨²n queda peor si cabe lo segundo. La preferencia en favor de la escuela p¨²blica reposa sobre un valor entendido: que esta es una organizaci¨®n que tiene capacidad para procurar la igualdad y la cohesi¨®n social al educar conjuntamente y del mismo modo a estudiantes de diversa procedencia y status social. Ese valor entendido opera en las ¨¢reas rurales. Pero en las ¨¢reas metropolitanas y en las grandes ciudades, en las que se registra una muy fuerte tendencia a que la estructura urbana se corresponda con las divisiones de clase, la zonificaci¨®n destruye esa posibilidad. Si el territorio se corresponde con el origen y la clase y destinamos a los alumnos en funci¨®n del territorio, la escuela resultante reproducir¨¢ -y ampliar¨¢- las diferencias de origen y de clase. No parece que ese sea el mejor escenario para procurar una escuela p¨²blica de calidad.

La zonificaci¨®n es t¨®xica para la escuela p¨²blica. Si queremos mejorar la segunda, hay que acabar con la primera.

Manuel Mart¨ªnez Sospedra es profesor de Derecho de la Universidad Cardenal Herrera-CEU.