Discriminaci¨®n educativa

La plataforma que se opone a la Ley de Ordenaci¨®n de la Educaci¨®n ha roto la negociaci¨®n que acababa de iniciar con el Gobierno. Los hechos son elocuentes: la plataforma excluy¨® de las conversaciones al sindicato m¨¢s representativo del sector concertado, y, de rebote, a la principal organizaci¨®n de centros religiosos, apartando as¨ª a quienes hab¨ªan demostrado mayor capacidad de interlocuci¨®n con el Ejecutivo. A estas alturas parece claro que su principal objetivo no es negociar cambios en el contenido de la ley, sino servir a la estrategia del PP en su intento de aglutinar un movimiento ideol¨®gico neoconservador liderado por el sector m¨¢s intransigente de la Iglesia cat¨®lica.

La exigencia de que la religi¨®n sea evaluable y computable es la parte m¨¢s visible, pero no la m¨¢s importante del modelo educativo que propugna. Con el argumento central de que debe garantizarse la libertad de los padres para elegir, pretende que el Estado proporcione a los centros concertados el coste de la ense?anza b¨¢sica, pero quiere que los padres puedan aportar una cuota adicional para complementarla; pretenden tambi¨¦n que los centros puedan ampliar las plazas financiadas con fondos p¨²blicos en funci¨®n de la demanda, pero no quieren que la Administraci¨®n intervenga en la admisi¨®n fijando criterios de preferencia o estableciendo medidas que garanticen un reparto equitativo de los alumnos con necesidades especiales, como los hijos de inmigrantes. Finalmente, pretende que el centro pueda exigir, como requisito de admisi¨®n, la adhesi¨®n del alumno al ideario educativo. Todo ello en aras de la libertad. Pero ?qu¨¦ libertad es posible sin igualdad?

De llevar estas propuestas a sus ¨²ltimas consecuencias, los centros concertados, al cobrar cuotas adicionales, tendr¨ªan m¨¢s recursos que los p¨²blicos para mejorar su oferta educativa, lo que atraer¨ªa a muchos escolares de clases medias. Conforme aumentara la demanda, podr¨ªan ampliar las plazas y, por tanto, los recursos econ¨®micos, en detrimento del sector p¨²blico, que aparecer¨ªa como una oferta de menor calidad. El sector concertado tendr¨ªa garantizada la homogeneidad social del alumnado, y tambi¨¦n la ideol¨®gica, por la obligaci¨®n de aceptar el ideario educativo, y se consolidar¨ªa un sistema clasista, con un grave riesgo de que se formaran guetos escolares.

Y eso ocurrir¨ªa muy r¨¢pidamente, porque ?cu¨¢nto tardar¨ªan los padres de los alumnos de centros p¨²blicos en cambiarles de colegio si percibieran que en ¨¦l tienen menos oportunidades? El PP argumenta que la Ley de Ordenaci¨®n rompe Espa?a porque no garantiza un tronco suficiente de ense?anzas comunes en todo el pa¨ªs. Lo que rompe una naci¨®n es tener un sistema educativo discriminatorio y pretender adem¨¢s que los fondos p¨²blicos sirvan para financiar la exclusi¨®n social.