El PPCV se siente acosado y v¨ªctima

Dos lustros de hegemonismo pol¨ªtico, sin apenas sufrir el puyazo cr¨ªtico, han calcificado la cintura del PP valenciano y as¨ª se comprenden las respuestas desmesuradas apenas se ha visto se?alado por el dedo con fundamentos respetables, cuanto menos, e incluso fundados. Esto ha ocurrido a prop¨®sito de la pol¨ªtica urban¨ªstica y de vivienda del Consell y, por otra parte, de la denuncia del fiscal jefe del Tribunal Superior de la CV, Ricard Cabedo, acerca de un supuesto fraude y trama de facturas falsas vinculadas a Terra M¨ªtica, adem¨¢s de las investigaciones iniciadas en torno al Instituto Valenciano de Exportaci¨®n (Ivex), entre otras diligencias que implican asimismo a instancias y personajes del partido gobernante en la Comunidad. Unos varapalos ciertamente novedosos.

No es nuevo que la pol¨ªtica urban¨ªstica estuviese en el v¨®rtice de la actualidad, tanto m¨¢s cuando viene siendo cuestionada reiteradamente por la Comisi¨®n de Peticiones del Parlamento europeo, y el mismo dinamismo del sector inmobiliario decante sobrados motivos de preocupaci¨®n, no tanto por la pronosticada desaceleraci¨®n econ¨®mica, como por el allanamiento impetuoso del territorio y el vaho de corrupci¨®n que destila. A?adamos a ello el debate sobre la nueva Ley Urban¨ªstica Valenciana que se est¨¢ tejiendo, con m¨¢s resignaci¨®n que anuencia del gremio del ladrillar y claro desmarque del principal partido de la oposici¨®n, el PSPV, que se resiste a involucrarse en lo que considera un mal proyecto por m¨¢s enmiendas que le acepten con tal de involucrarlo.

Singular pugilato, a este respecto, el que disputan el consejero Rafael Blasco y el secretario de Vivienda del PSPV, Eugenio Burriel, sujetos de un antiguo y turbulento contencioso.

Con este panorama de fondo ha irrumpido el dict¨¢men del S¨ªndic de Greuges, Bernardo del Rosal, se?alando la falta de inversi¨®n en viviendas protegidas, lo que, en principio, significa una descalificaci¨®n en toda regla de la pol¨ªtica prometida en este cap¨ªtulo. La reconvenci¨®n -que tambi¨¦n contempla la degradaci¨®n urbana- ha originado una confrontaci¨®n aluvial de cifras que matizan, probablemente, la apreciaci¨®n de la Sindicatura, pero lo que no pueden desmentir es que en el Pa¨ªs Valenciano se construyen menos VPO que diez a?os atr¨¢s, lo que resulta m¨¢s espectacular si se contrasta con el alud de PAIs y macrourbanizaciones. Tampoco es demasiado consolador que en este apartado social aventajemos a otras comunidades, pues lo que se lamenta no es su d¨¦ficit, sino el nuestro.

Pues bien, la requisitoria del S¨ªndic ha puesto de los nervios a m¨¢s de cuatro y, especialmente, a la secretaria auton¨®mica Cristina Serrano, que le acus¨® de "obstruccionismo", cuando, por todo lo sabido, la obstrucci¨®n la fomenta el Consell, no dotando debidamente de recursos materiales a esta instituci¨®n, y la consejer¨ªa de la citada funcionaria, que no contesta a las preguntas que le ha formulado la sindicatura: cu¨¢ntas VPO ha promovido y entregado en los ¨²ltimos tres a?os y las listas de espera para acceder a ellas. En todo caso, no es de recibo, por no ser democr¨¢tico, descalificar esta instancia estatutaria por que no agrade su dict¨¢men.

Y algo parecido, o resueltamente m¨¢s grave, acaba de pasar con la tronada acusaci¨®n de parcialidad que se ha formulado contra el referido fiscal jefe, a quien se le imputa no investigar al PSPV porque su esposa es diputada de este partido. La temeridad del consejero portavoz, Esteban Gonz¨¢lez Pons, no tiene l¨ªmites. Pero tambi¨¦n es cierto que, por esa misma frivolidad, provoca consecuencias que probablemente nadie del Consell deseaba, como es la movilizaci¨®n solidaria del cuerpo fiscal. La Junta de Fiscales de la Audiencia de Alicante reput¨® de "maliciosas y torticeras" las cr¨ªticas lanzadas contra su colega. Y a ello puede a?adirse que son denigrantes para quien las emite, quien tendr¨¢ que buscar nuevos y m¨¢s imaginativos argumentos incriminatorios o despectivos porque lo previsible es que, hasta el final de la legislatura, no dejen de emerger asuntos que requieran ser investigados de oficio por su pestazo a corrupci¨®n. Lo que no debe confundirse con el acoso, sino con la fiscalizaci¨®n.