Esc¨¢ndalo en la costa

Los gigantescos planes urban¨ªsticos que se anuncian en las costas del Mediterr¨¢neo y los casos de corrupci¨®n en los equipos de gobierno municipales de Marbella y Manilva son aldabonazos en el vulnerable sector tur¨ªstico que revelan el rumbo insostenible de la burbuja inmobiliaria espa?ola en su variante econ¨®mica y ambiental. El esc¨¢ndalo de la ocupaci¨®n incontrolada de territorio y la recalificaci¨®n abusiva de fincas r¨²sticas por urbanizables ha llegado hasta el Parlamento Europeo con el apoyo de miles de extranjeros residentes en nuestro pa¨ªs. El pr¨®ximo 15 de diciembre se debatir¨¢ en Estrasburgo una resoluci¨®n dirigida a la Comunidad Valenciana para que no se precipite en dar el visto bueno a decenas de planes urban¨ªsticos sin antes aprobar una nueva ley de ordenaci¨®n del territorio. El Ejecutivo regional de Murcia, en contra de sus servicios jur¨ªdicos, apoya la ocupaci¨®n particular de terrenos ganados al Mar Menor y desclasifica terrenos protegidos para urbanizarlos. La mayor¨ªa de los ediles de Marbella est¨¢n imputados de delitos urban¨ªsticos, lo que ha obligado a la Junta de Andaluc¨ªa a retirarle las competencias. La lista de esc¨¢ndalos por la ocupaci¨®n irregular de la costa es interminable.

Las autoridades portuarias presididas ahora por Gobiernos aut¨®nomos pugnan por convertir las d¨¢rsenas urbanas en zonas de ocio con pisos de lujo y trasladar el tr¨¢fico mar¨ªtimo a superpuertos costos¨ªsimos y duplicados como los exteriores de A Coru?a y Ferrol, que se construyen contra vientos y mareas sin justificaci¨®n econ¨®mica y ambiental alguna. La Ley de Costas de 1988, que supuso un hito en la protecci¨®n del litoral frente a estas amenazas al declarar protegidos los 100 metros de franja costera, parece papel mojado. Para 1993 deber¨ªa haberse concluido el deslinde de los casi 8.000 kil¨®metros de litoral y a d¨ªa de hoy no se alcanza el 60%.

En el Ministerio de Medio Ambiente proponen modificar muchos de los planes urban¨ªsticos hoy vigentes para reducir la edificabilidad y negociar con los propietarios afectados y las comunidades aut¨®nomas -competentes en aplicar la ley- la indemnizaci¨®n o compra de terrenos, como se hizo en Francia. ?Qu¨¦ territorio, qu¨¦ paisaje se va a legar a las pr¨®ximas generaciones? ?A qui¨¦n se va a apelar cuando una gota fr¨ªa o fen¨®menos meteorol¨®gicos adversos arrasen las edificaciones de primera l¨ªnea de playa? Mientras la opini¨®n p¨²blica se mantenga insensible a las consecuencias devastadoras de esta imparable ocupaci¨®n del territorio, nadie la frenar¨¢. S¨®lo se podr¨¢ parar con la complicidad de la ciudadan¨ªa, como ha ocurrido en Lanzarote o en Menorca. En Calvi¨¤ se inici¨® el esponjamiento urbano con el derribo consensuado de apartamentos degradados y la aplicaci¨®n de una pol¨ªtica urban¨ªstica sostenible. Pero la experiencia sent¨® mal a los promotores y le cost¨® el puesto a su alcaldesa.