"?Vivan los PAI!"

En un pueblo de la costa de Castell¨®n, Moncofa, desde hace meses, en muchas bodas se grita "?Vivan los PAI!". No es posible comprender lo que est¨¢ sucediendo en la costa mediterr¨¢nea sin explicar lo que pasa en Moncofa, y en otros muchos pueblos, y sin saber por qu¨¦ se dan vivas a los Programas de Actuaci¨®n Integrada en bodas y festejos. Miguel ?ngel Campos lo explic¨® en las p¨¢ginas valencianas de este peri¨®dico, en un reportaje que tiene la fuerza del aut¨¦ntico periodismo: la urbanizaci¨®n de 6,5 millones de metros cuadrados de marjales de la playa de ese pueblo ha cambiado la vida de casi el 70% de sus 5.400 habitantes: los padres pueden comprar casas a sus hijos, se venden decenas de coches de alta gama (290, cuando un a?o antes se matriculaban menos de 100 y todos de poca cilindrada), se ha abandonado el duro trabajo en naranjos, melones y sand¨ªas; y en las bodas, los convites satisfacen los m¨¢s escondidos sue?os de los anfitriones.

S¨®lo el dinero de la droga ha sido capaz de producir en algunas zonas de Espa?a un cambio tan radical y tan r¨¢pido como el que produce la recalificaci¨®n urban¨ªstica. Y encima, en este caso, no existe delito, y la felicidad no lleva aparejada peligro ni mala conciencia. Si acaso, la ¨²nica amargura es el cambio radical del paisaje: "la playa", claman los cr¨ªticos, "se va a cubrir de cemento".

El problema es ante qui¨¦n se clama. A la vista de lo que ocurre en Valencia algo parece evidente: las leyes de urbanismo generan tantos intereses que deber¨ªan ser vigiladas desde lejos del lugar donde se aplican. Dado que las autoridades auton¨®micas no est¨¢n sirviendo de valladar y que las autoridades estatales no tienen competencias para actuar, deber¨ªamos congratularnos de la existencia, al menos, de la UE.

La peque?a historia de lo ocurrido en la Comunidad Valenciana revela bastantes cosas en ese sentido. Por ejemplo, los 15.000 residentes perjudicados por la Ley Reguladora de la Actividad Urban¨ªstica (LRAU) remitieron una queja a la Comisi¨®n de Peticiones del Parlamento Europeo. ?Por qu¨¦ no enviaron su queja a la Comisi¨®n de Peticiones del Congreso de los Diputados? Es verdad que ese organismo no se dedica a investigar, sino que reexpide las peticiones a quien considera competente. Pero es tambi¨¦n posible que los ciudadanos hayan tenido m¨¢s confianza en la capacidad y autoridad del Parlamento Europeo que en la del Parlamento espa?ol a la hora de ponerse de acuerdo, al margen de los partidos pol¨ªticos, en dar una buena reprimenda a unas autoridades locales que parecen enloquecidas. Y es posible, por ¨²ltimo, que esos ciudadanos se sintieran perdidos ante la duda de si se puede reclamar ante el Congreso de los Diputados por algo que ha aprobado un Parlamento aut¨®nomo. Quiz¨¢s por eso prefirieran tirar por la calle de en medio: de comunidad aut¨®noma a Comunidad Europea, sin pasar por el Estado espa?ol.

La segunda cosa rara es precisamente el papel del Estado espa?ol. El requerimiento de la Comisi¨®n se dirige al Reino de Espa?a, y es de suponer que el Gobierno ha trasladado el aviso a las autoridades valencianas. Lo curioso es que la Comisi¨®n advierte de que si no se modifica la ley valenciana llevar¨¢ al Reino de Espa?a, firmante de los tratados, ante el Tribunal de Luxemburgo, pero la realidad es que el Gobierno espa?ol no puede hacer nada al respecto, porque no es asunto suyo.

El urbanismo y el planeamiento territorial fueron las primeras competencias que exigieron las comunidades y una ley auton¨®mica en materia transferida no puede ser invalidada, salvo que su contenido sea inconstitucional. La LRAU quiz¨¢s lo fuera, pero los recursos de inconstitucionalidad contra una ley no los pueden presentar ciudadanos "normales" sino el Defensor del Pueblo, el Gobierno o grupos de 50 parlamentarios, y adem¨¢s, s¨®lo pueden hacerlo antes de que transcurra un plazo de tres meses desde su aprobaci¨®n. Lamentablemente, en el caso de las leyes de urbanismo, a veces pasa m¨¢s tiempo antes de que se comprueben sus efectos perversos. Fue pues l¨®gico que los 15.000 ciudadanos optaran por la m¨¢s clara senda de Bruselas: de comunidad aut¨®noma a Comunidad Europea, sin pasar por el Estado espa?ol. solg@elpais.es