La justicia de proximidad cambia el sistema de elecci¨®n de jueces de la Carta de Barcelona

Hubo pr¨¢ctica unanimidad ayer en las intervenciones de los parlamentarios en el Congreso en congratularse por el consenso alcanzado para aprobar la Ley de Barcelona y porque ¨¦sta representa una gesti¨®n m¨¢s y mejor para los ciudadanos. El PP, que se abstuvo en el tramo final de la negociaci¨®n, vot¨® ayer la ley pero se encarg¨® de introducir un elemento cr¨ªtico al dejar clara su oposici¨®n al modelo de justicia de proximidad, uno de los pilares de la Carta. Precisamente la ley de justicia de proximidad que elabora el Gobierno introduce cambios importantes en la forma de la selecci¨®n de los jueces de distrito.

Y no es un cambio balad¨ª porque el dise?o del Gobierno es que las ternas de los jueces de proximidad -encargados de resolver los conflictos de menor entidad como delitos de faltas y pleitos civiles de menor cuant¨ªa- no ser¨¢n nombradas por el pleno del consistorio de Barcelona sino por un tribunal que estar¨¢ integrado en dos terceras partes por miembros del Consejo de Justicia de Catalu?a -un ¨®rgano que prev¨¦ el nuevo Estatut- y la restante por el Parlament. A cambio de esta modificaci¨®n respecto a lo que pretend¨ªa la Ley de Barcelona, los jueces tendr¨¢n competencias en pleitos contenciosos-administrativos de una cuant¨ªa aproximada a los 2.000 euros. Con todo, fuentes del Ayuntamiento insist¨ªan en que el balance era positivo.

Sobre todo porque a Barcelona le ha costado unos 25 a?os tener una ley especial, una aspiraci¨®n que respond¨ªa al prop¨®sito de la capital de Catalu?a a tener un reconocimiento en la pr¨¢ctica de eso mismo. Es decir, m¨¢s capacidad de decisi¨®n, m¨¢s competencias por la singularidad y mejor financiaci¨®n. Pese a que el debate de la necesidad de la ley estuvo sobre la mesa desde el primer ayuntamiento democr¨¢tico, los partidos pol¨ªticos tardaron la friolera de 20 a?os en llegar a un acuerdo. Lo hicieron en 1997 en el consistorio de Barcelona y un a?o m¨¢s tarde en el Parlament. Pero quedaba lo m¨¢s dif¨ªcil: la financiaci¨®n, la propuesta de justicia de proximidad y la participaci¨®n de la ciudad en infraestructuras, principalmente aeropuerto y puerto. Estos son, en s¨ªntesis, algunos de los puntos esenciales de la Carta de Barcelona.

- Polic¨ªa judicial. La Guardia Urbana de Barcelona tendr¨¢ car¨¢cter de polic¨ªa judicial adscrita a los juzgados de distrito. Por otra parte, se crear¨¢ un cuerpo auxiliar de agentes -muy probablemente los vigilantes de las ¨¢reas verdes de aparcamiento- que controlar¨¢n el cumplimiento de las ordenanzas municipales. De hecho ese punto se ha incluido tambi¨¦n en el ¨²ltimo tramo de la negociaci¨®n de la nueva ordenanza de civismo.

- Seguridad vial. Las sanciones por infracciones de circulaci¨®n cometidas en v¨ªas urbanas competer¨¢n al alcalde y ser¨¢ el Ayuntamiento el que agilice los mecanismos para inmovilizar veh¨ªculos que circulen sin el seguro obligatorio o que no hayan notificado el cambio de nombre. En materia de sanciones se reconocer¨¢ la capacidad de la Hacienda municipal para instar el cobro de multas impagadas por ciudadanos no residentes en Barcelona.

- Puerto y aeropuerto. La ciudad tendr¨¢ m¨¢s representaci¨®n en los ¨®rganos de decisi¨®n de instituciones, organismos y empresas de infraestructuras. En el puerto pasar¨¢ del 10% al 20%. En el aeropuerto, donde hasta ahora no ten¨ªa participaci¨®n, la tendr¨¢. Y lo mismo ocurrir¨¢ en los ¨®rganos gestores de Renfe y en la demarcaci¨®n de costas.

- Financiaci¨®n. El Ayuntamiento de Barcelona, adem¨¢s de lo que dispone la Ley de Haciendas Locales en cuanto a participaci¨®n de impuestos, no consigui¨® en la negociaci¨®n de la Carta una cesi¨®n directa del IVA (20%), del IRPF (10%) y de los impuestos especiales (30%). Era el c¨¢lculo que se hizo para obtener 100 millones de euros anuales. La forma de atender lo que reclamaba la ciudad en tres materias -cultura, transporte p¨²blico y justicia de proximidad -se articula con convenios finalistas que se reflejar¨¢n anualmente en los presupuestos generales del Estado. Estos convenios, en conjunto, se quedan bastante por debajo de los 100 millones que reclamaba el consistorio. De forma aproximada unos 20 millones para cultura -los museos y equipamientos sufragados hasta ahora exclusivamente por la ciudad, como el Picasso-, otros 20 para cubrir la aportaci¨®n que hace la ciudad en una red de transporte p¨²blico que da servicio a varias poblaciones del ¨¢rea metropolitana y entre 10 y 20 para costear los gastos que suponga la justicia de proximidad. En los presupuestos de este a?o se ha incluido una partida de 15 millones de euros para los equipamientos culturales de la ciudad, otros 5 para el ¨¢rea metropolitana y 74,3 millones de euros como aportaci¨®n cuatrienal para financiar el sobregasto de la red de transporte metropolitano.