Dos grupos de derechos civiles de EE UU demandan a la Casa Blanca por espionaje

La Uni¨®n Americana de Libertades Civiles y el Centro de Derechos Constitucionales depositaron ayer ante los tribunales de Detroit y Nueva York sendas demandas en las que piden que cese el programa de escuchas electr¨®nicas del Gobierno estadounidense por ilegal e inconstitucional. El debate sobre los l¨ªmites del poder presidencial -las escuchas fueron ordenadas por el presidente George W. Bush sin que mediara permiso judicial alguno- se reactiva con la acusaci¨®n del ex vicepresidente Al Gore de que Bush ha violado "repetida e insistentemente" la ley.

En Nueva York, la demanda del Centro de Derechos Constitucionales acusa al presidente, al director de la Agencia de Seguridad Nacional (ejecutora de las escuchas) y a los responsables de los organismos de seguridad y pide la interrupci¨®n de todo espionaje nacional que no cuente con el permiso legal. En Detroit, la Uni¨®n de Libertades Civiles ha actuado en nombre de Greenpeace y del Consejo de Relaciones isl¨¢mico-americanas porque tiene "fundado convencimiento" de que el Gobierno ha espiado las comunicaciones de ambos grupos. "El programa viola la primera y la cuarta enmiendas de la Constituci¨®n, al comprometer gravemente los derechos de libertad de expresi¨®n e intimidad".

Una ley de 1978 convierte en ilegal todo acto de espionaje sobre norteamericanos en Estados Unidos sin permiso de un tribunal especial. La orden para intervenir comunicaciones electr¨®nicas con el extranjero se conoci¨® en diciembre gracias a una filtraci¨®n de The New York Times. Bush dijo que autoriz¨® las escuchas "de gente con v¨ªnculos conocidos con Al Qaeda y grupos terroristas afines de acuerdo con las leyes y con la Constituci¨®n", y que su orden ejecutiva de 2002 se bas¨® en que el Congreso aprob¨® tres d¨ªas despu¨¦s del 11-S una autorizaci¨®n para "usar toda la fuerza apropiada y necesaria" para perseguir a los terroristas y evitar nuevos atentados.

Pero, como dice la demanda del Centro, legalmente y con las cautelas debidas pod¨ªa haber escuchas; en lugar de cumplir la ley, el Gobierno de Bush "unilateral y secretamente autoriz¨® la vigilancia electr¨®nica sin permiso judicial y sin autorizaci¨®n del Congreso". Seg¨²n Bill Goodman, director jur¨ªdico del Centro, Bush tiene un poder "sin precedentes" y lo usa a costa del deterioro de principios b¨¢sicos, de forma que "el Gobierno puede acusar a cualquiera de terrorista sin acceso a un abogado, sin poder comparecer ante un juez y sin intimidad en sus comunicaciones".

Alberto Gonzales, responsable del Departamento de Justicia, dijo a la cadena CNN que "el programa de escuchas es perfectamente legal; el presidente tiene autoridad legal para autorizarlo (...) Tenemos que saber qui¨¦n es el enemigo, en que saber qu¨¦ est¨¢ pensando. Tenemos que averiguar si va a atacarnos de nuevo", dijo Gonzales, para quien los nuevos sistemas de comunicaci¨®n desbordan las previsiones de la ley que regula las escuchas.

La temperatura del debate se increment¨® el lunes, cuando el ex vicepresidente Al Gore entr¨® en la pelea con una fuerte carga contra Bush, al que acus¨® de violar la ley "repetida e insistentemente". El derrotado candidato de las elecciones de 2000 pidi¨® un fiscal especial, nuevos sistemas de protecci¨®n de la privacidad y la no renovaci¨®n de la Ley Patri¨®tica, y dio un tir¨®n de orejas a los propios congresistas dem¨®cratas al recomendarles que hagan lo necesario para que el Congreso "empiece a actuar como la rama independiente del poder que se supone que debe ser".

La Casa Blanca sali¨® al contraataque: "Si Al Gore va a ser la voz dem¨®crata en asuntos de seguridad nacional, le damos la bienvenida", dijo Scott McClellan, portavoz de Bush, aludiendo a la falta de sinton¨ªa de Gore con otros l¨ªderes del partido como Hillary Clinton. "Creo que su hipocres¨ªa no conoce l¨ªmites", a?adi¨® el habitualmente moderado McClellan, recordando las investigaciones policiales sin permiso del juez en la era Clinton-Gore.

Gonzales tambi¨¦n hab¨ªa aludido a lo mismo: "Durante el Gobierno de Clinton hubo registros sin permiso judicial, y la ex n¨²mero dos de Justicia testific¨® ante el Congreso que el presidente tiene la autoridad inherente, bajo la Constituci¨®n, de llevar a cabo investigaciones sin mandamiento judicial".

Mientras tanto, The New York Times se?al¨® ayer que despu¨¦s de los atentados del 11-S, la Agencia Nacional de Seguridad volc¨® tal cantidad de datos personales sobre el FBI que satur¨® la labor policial. Seg¨²n el diario, el ex director del FBI, Robert Mueller, se inquiet¨® por las bases legales del programa de escuchas sin permisos, igual que otros altos responsables policiales, que tambi¨¦n se quejaron de la r¨¦mora que supone trabajar con datos no filtrados y procedentes de escuchas telef¨®nicas internaciones o de intervenci¨®n de comunicaciones de Internet. Para colmo, los datos, se?ala el diario, "pr¨¢cticamente en su totalidad llevaron a informaciones irrelevantes sobre estadounidenses inocentes".