Justicia, no victoria

La satisfacci¨®n por el inicio puntual y pac¨ªfico, en la ma?ana de ayer, del proceso que ha de restituir a la Generalitat sus documentos tan largamente retenidos en Salamanca, esa satisfacci¨®n no me parece incompatible con algunas reflexiones -esperemos que finales- sobre el significado del pleito y sobre los lastres pol¨ªtico-partidistas con que se ha querido cargarlo.

En la comparecencia medi¨¢tica, el mi¨¦rcoles por la tarde, del portavoz municipal salmantino, Fernando Rodr¨ªguez, y en posteriores declaraciones de altos jerarcas del Partido Popular han descollado dos ideas, o mejor dicho, dos denuncias: la de las "prisas" del Gobierno de Rodr¨ªguez Zapatero por realizar la devoluci¨®n legislada el pasado diciembre; y la del sometimiento de ese Gobierno -el concejal Rodr¨ªguez habl¨® de "arrastrarse"- ante las exigencias del "tripartito catal¨¢n", ese deus ex machina de todos los males patrios.

Al cabo de 10 a?os de intoxicaci¨®n, ahora resulta dif¨ªcil enfriar y despolitizar el asunto

?Prisas? ?Cabe calificar de apresurado un proceso que se prolonga desde hace casi tres d¨¦cadas? ?Saben los ciudadanos de buena fe -los agitadores y los demagogos, esos lo saben perfectamente- que las primeras iniciativas parlamentarias para obtener la restituci¨®n de lo expoliado datan de 1979 y no cesaron desde entonces? ?Puede hacerse cargo la opini¨®n espa?ola de las dosis de frustraci¨®n acumuladas en Catalu?a a lo largo de cinco lustros de t¨¢cticas dilatorias, de subterfugios t¨¦cnicos, de compromisos gubernamentales incumplidos? Espero que s¨ª, que pueda comprenderlo.

En cuanto a que la restituci¨®n ayer comenzada sea un diktat del tripartito o de Esquerra Republicana, bastar¨¢ recordar que la primera pregunta parlamentaria sobre los papeles la formul¨® ese conspicuo independentista que era Antoni de Senillosa, y la primera proposici¨®n no de ley instando el traspaso a la Generalitat de sus documentos "secuestrados (sic) durante la Guerra Civil" la firmaba en 1980 otro peligroso abertzale llamado Manuel Fraga. A partir de aquella iniciativa, fueron sobre todo los gobiernos catalanes de Converg¨¨ncia i Uni¨® los que, hasta 2003, vehicularon sin ¨¦xito la reclamaci¨®n, asumida en Catalu?a por la pr¨¢ctica totalidad del espectro pol¨ªtico y social, Partido Popular incluido. El Ejecutivo de Maragall tom¨® el relevo de la demanda dos a?os atr¨¢s -no la invent¨®-, y ha tenido la fortuna de llevarla a buen puerto gracias a una coyuntura propicia.

Caso arquet¨ªpico de patrimonio documental expoliado con ocasi¨®n de un conflicto b¨¦lico, el de los papeles catalanes almacenados en Salamanca debi¨® enfocarse desde buen principio en t¨¦rminos de reparaci¨®n democr¨¢tica; con la misma l¨®gica que la amnist¨ªa de 1977, la restituci¨®n de bienes sindicales y partidarios o la rehabilitaci¨®n de militares, funcionarios y otros colectivos represaliados por el franquismo. Pero las reclamaciones catalanas en esta l¨ªnea toparon con una eficaz resistencia corporativa desde el cuerpo de archiveros, forzando a la Generalitat a buscar una salida pol¨ªtica en el marco, ya agonizante, de los acuerdos PSOE-Converg¨¨ncia de 1993-1996. Fue entonces, y s¨®lo entonces, cuando el Partido Popular convirti¨® el Archivo de San Ambrosio en met¨¢fora de la unidad de Espa?a, en incomprensible bandera del orgullo local salmantino y en mazo para machacar a los socialistas. As¨ª, hasta hoy.

Tras 10 a?os de intoxicaci¨®n, ahora resulta francamente dif¨ªcil enfriar y despolitizar el asunto, reformularlo en sus justos t¨¦rminos hist¨®ricos: una incautaci¨®n a punta de bayoneta y con finalidades puramente represivas, un almacenamiento de d¨¦cadas sin ning¨²n tratamiento archiv¨ªstico, un agravio que la renacida democracia espa?ola ten¨ªa el deber de corregir. Pero, aun siendo dif¨ªcil, es imprescindible que todas las partes implicadas nos esforcemos por trasladar el asunto de los papeles desde el dominio de las pasiones al de la raz¨®n. Lo sucedido esta semana no es la victoria de un partido, de un gobierno, de una ideolog¨ªa ni de un territorio; es un acto de justicia que deber¨ªa reconfortar a todos los dem¨®cratas espa?oles.

Joan B. Culla es historiador y fue miembro de la comisi¨®n t¨¦cnica creada en 2000 para estudiar el retorno de los papeles.