Regreso a Catalu?a

Los llamados papeles de Salamanca regresar¨¢n el pr¨®ximo lunes a Catalu?a. El traslado hasta su escala temporal en el Ministerio de Cultura se hizo ayer muy de ma?ana desde la ciudad castellana. Con gran discreci¨®n, por temor a incidentes, y con la feroz resistencia del alcalde, el popular Juli¨¢n Lanzarote, que rechaz¨® la licencia para la carga, deneg¨® la colaboraci¨®n de la polic¨ªa municipal y oblig¨® a efectuarla en carretillas. Insisti¨®, adem¨¢s, en calificarlo de forma dram¨¢tica y grandilocuente como un "expolio y una humillaci¨®n" para el pueblo salmantino; una humillaci¨®n extensiva a todos los espa?oles, seg¨²n el secretario general del PP, ?ngel Acebes.

Lanzarote ha decidido interponer un recurso ante la Audiencia Nacional para paralizar desde Madrid la operaci¨®n, un recurso que se suma al que el Gobierno de Castilla y Le¨®n ha presentado al Tribunal Constitucional. No parece que las autoridades auton¨®micas y municipales tengan mucha confianza en la justicia a tenor de algunos de sus comentarios. Son acciones muy leg¨ªtimas, no del todo entendibles desde una ¨®ptica ajena a la pol¨ªtica. Y es que ¨¦sa ha sido una de las debilidades del asunto -su politizaci¨®n abusiva- sobre el que se han alentado sentimientos nacionalistas y han influido muchos intereses partidistas.

El traslado obedece al cumplimiento de una ley, aprobada por el Parlamento el pasado noviembre, con el voto de todos los grupos a excepci¨®n del PP, por la cual se satisface una petici¨®n de tres d¨¦cadas de la Generalitat para devolver a Catalu?a medio millar de cajas que se hallaban depositadas desde 1939 en el Archivo General de la Guerra Civil en Salamanca y que contienen legajos hist¨®ricos del propio Gobierno catal¨¢n y documentos privados, en su mayor¨ªa papeles policiales sobre la detenci¨®n y fusilamiento de antifascistas, requisados por las tropas franquistas. Una comisi¨®n de expertos, designada por el actual Gobierno, recomend¨® hace un a?o su devoluci¨®n, al estimar la petici¨®n justa por entender que se trat¨® de un expolio de documentos incautados por las armas. La ley ordena que quede copia en Salamanca del material restituido y se cree en la ciudad un centro documental sobre la memoria hist¨®rica del franquismo. Es discutible la tesis de quienes sostienen que con ello se rompe la unidad del archivo, pues se trata de un caso de usurpaci¨®n violenta y de reclamaci¨®n posterior.

Un pa¨ªs deber¨ªa ante todo priorizar la capacidad de acceso de los investigadores antes que el lugar de dep¨®sito del material que investigan. Por desgracia, en eso s¨ª que a¨²n vale lo de que Espa?a es diferente. Preocup¨¦monos de satisfacer las demandas de historiadores nacionales y extranjeros para solventar el desorden, los obst¨¢culos y las insuficiencias de nuestros archivos antes que jalear las rivalidades territoriales. Pero tal vez con eso no se ganen muchos votos.