Poder corruptor

Ser¨ªa un contrasentido que continuase dictando sentencias un juez investigado por los supuestos delitos de prevaricaci¨®n, cohecho y tr¨¢fico de influencias. Es l¨®gica, por tanto, la celeridad con que el Consejo del Poder Judicial (CGPJ) decidi¨® ayer suspender cautelarmente de sus funciones al presidente de la Audiencia de Las Palmas, Jos¨¦ Antonio Mart¨ªn, contra quien la v¨ªspera se hab¨ªa iniciado un procedimiento en el Tribunal Superior de Canarias por esos supuestos delitos.

Unas escuchas telef¨®nicas autorizadas por otro juez en relaci¨®n con otro delito permitieron conocer que aparentemente hab¨ªa unos contactos entre el juez y una trama relacionada con el narcotr¨¢fico, interesada en lograr la impunidad de uno de sus miembros, actualmente encarcelado. Aunque el juez ahora suspendido conserva la presunci¨®n de inocencia, las grabaciones contienen fuertes indicios de su receptividad a las presiones de esa trama.

El poder corruptor de las mafias es proporcional a su enorme potencialidad econ¨®mica. Lo intu¨ªamos por las pel¨ªculas de g¨¢nsteres y ahora lo sabemos por las tramas descubiertas en lugares como Marbella. Ya no es novedad que los capos del crimen organizado intenten influir en los operadores del derecho: abogados, funcionarios de los juzgados, notarios; tambi¨¦n jueces, desde el famoso caso del mafioso Bardellino, hace casi 20 a?os, puesto en libertad condicional por un juez bajo presi¨®n de otro, cuya amiga recibi¨® cinco millones de pesetas por su gesti¨®n. Otros casos a¨²n m¨¢s escandalosos, como el del juez Estevill, que lleg¨® a ser miembro del Consejo del Poder Judicial tras haber montado una trama de extorsi¨®n desde su juzgado, rebajaron el temor reverencial a denunciar eventuales comportamientos corruptos de quienes est¨¢n por oficio encargados de administrar justicia. Hoy no se considera imposible que un juez pueda prevaricar, y ya no existe el delito de desacato, utilizado en el pasado como arma disuasoria de eventuales denuncias.

Es cierto que siempre existe el riesgo de denuncias falsas, por parte de personas que buscan venganza, contra el juez que les conden¨®. Pero en este caso la denuncia proviene de otro juez que, investigando un asunto diferente, se encontr¨® con esos indicios. La credibilidad de la justicia requer¨ªa, por tanto, la suspensi¨®n, a la espera de que la investigaci¨®n aclare los motivos de la actitud del juez.