Nuevo Estatuto al fin

Ha habido entendimiento entre Zapatero y Artur Mas, y lo habr¨¢ con el resto de los participantes en la negociaci¨®n del nuevo Estatuto catal¨¢n, porque para todos ellos era peor el desacuerdo que el acuerdo. Aparte otras razones, porque los negociadores catalanes sab¨ªan que dif¨ªcilmente encontrar¨ªan una ocasi¨®n comparable si el fracaso de esta iniciativa llevaba al PSOE a la oposici¨®n. Hab¨ªa alguna duda en el caso de CiU dado que est¨¢ fuera del gobierno catal¨¢n, y le tentaba la hip¨®tesis de fracaso seguido de elecciones anticipadas. Pero s¨®lo podr¨ªa asumir el coste de la ruptura si era capaz de trasladar la responsabilidad a la intransigencia del Gobierno. Zapatero ha actuado de forma que Artur Mas pueda apuntarse el ¨¦xito, e incluso le ha dado la oportunidad de ser ¨¦l quien informe de los acuerdos.

Su satisfacci¨®n es proporcional a la incomodidad de ERC al verse de nuevo apartada de la jugada decisiva, como en septiembre. Ahora se ve que ciertos movimientos no eran casuales; que el Gobierno se hab¨ªa asegurado el recambio por si alg¨²n d¨ªa los de Carod cumpl¨ªan sus peri¨®dicas amenazas de retirar su apoyo a Zapatero. No es que los socialistas quieran cambiar de socio, sino que han querido demostrar a Esquerra que s¨ª tienen alternativa. Porque para aprobar el nuevo Estatuto en Las Cortes, los votos de ERC no son imprescindibles.

Pero el acuerdo es el resultado de un pacto. Aunque el texto lleg¨® avalado por el 90% del Parlamento catal¨¢n, una mayor¨ªa de los ciudadanos de esta comunidad compart¨ªa con la mayor¨ªa de los ciudadanos del resto de Espa?a la preferencia por el pacto; es decir, que no compart¨ªa la idea, inicialmente defendida por algunos sectores nacionalistas, de que el Parlamento espa?ol deb¨ªa limitarse a convalidar el anteproyecto catal¨¢n. Un pacto implica cesiones rec¨ªprocas, y es lo que ha habido. Contra lo que sostiene cierto soberanismo declamatorio, ello no reduce, sino refuerza, la legitimidad del Estatuto que resulte.

Un ejemplo es lo sucedido con la definici¨®n de Catalu?a como naci¨®n. Los ciudadanos de Catalu?a tienen derecho a pensar y sostener que Catalu?a es una naci¨®n, pero hacerlo figurar as¨ª sin m¨¢s en el Estatuto equivale a dar por supuesto que esa convicci¨®n es compartida por las partes que pactan, Espa?a y Catalu?a. Y eso no es as¨ª; ni la mayor¨ªa de los diputados de las Cortes ni la de los espa?oles en general asume esa definici¨®n. El Estado no podr¨ªa reconocerla sin asumir el riesgo de que un hipot¨¦tico gobierno nacionalista decida un d¨ªa tomar pie en esa aceptaci¨®n para proclamar el derecho unilateral de ruptura, o para interpretar el deber de conocimiento del catal¨¢n de una manera que afecte a derechos pol¨ªticos de los ciudadanos, por ejemplo.

Se ha buscado una soluci¨®n pragm¨¢tica. Se admite e inscribe en el pre¨¢mbulo que los catalanes, a trav¨¦s de su Parlamento, consideran a Catalu?a como naci¨®n, pero se remiten sus eventuales consecuencias a la distinci¨®n constitucional entre nacionalidades y regiones: ni m¨¢s, ni menos. Y para que no haya dudas, en el articulado se vuelve a la definici¨®n como nacionalidad en los t¨¦rminos del Estatuto a¨²n vigente. Se toma as¨ª la palabra a los nacionalistas que hab¨ªan dicho que se trataba de un reconocimiento simb¨®lico, sin consecuencias jur¨ªdicas. La cuesti¨®n no depende de que vaya en el pre¨¢mbulo o en el articulado -en ambos casos podr¨ªa tener consecuencias jur¨ªdicas, al menos a efectos interpretativos-, sino en que se evite una definici¨®n diferente a la constitucional.

Algunos portavoces nacionalistas hab¨ªan condicionado su actitud final ante esta cuesti¨®n al grado de acuerdo en el tema de la financiaci¨®n. Artur Mas vino a decir que, al margen de los contenidos concretos, lo principal era que se hab¨ªa cambiado el sistema, asumiendo lo esencial de sus planteamientos sobre financiaci¨®n. De momento, sin embargo, no habr¨¢ Agencia tributaria ¨²nica que recaude todos los impuestos en Catalu?a, incluidos los del Estado, como planteaba el anteproyecto, sino una agencia consorciada.

Habr¨¢ tiempo de discutir la letra peque?a del acuerdo y otras cuestiones pol¨¦micas como las inversiones del Estado en Catalu?a con m¨¢s detalle. De momento, es bueno que haya acuerdo, que el Estado haya demostrado fuerza para no ceder en cuestiones que pondr¨ªan en cuesti¨®n su funci¨®n como garante de la igualdad y solidaridad y que ello sea compatible con una actitud no intransigente en cuestiones en s¨ª mismas discutibles. Son tan excesivas e inexactas las palabras con que Eduardo Zaplana ha reaccionado en nombre del PP ante el acuerdo -en contraste con la reacci¨®n de todos los otros partidos e incluso de los l¨ªderes del PSOE m¨¢s reticentes- que no hacen m¨¢s que subrayar el momento pol¨ªtico en que Zapatero alcanza uno de los objetivos m¨¢s trascendentes que se hab¨ªa marcado para su primera legislatura.