La Audiencia Nacional aplaza hasta hoy la decisi¨®n sobre los 'papeles de Salamanca'

Los cinco magistrados de la Audiencia Nacional que tienen que decidir si prorrogan o levantan la inmovilizaci¨®n de los papeles de Salamanca en el Ministerio de Cultura reanudar¨¢n esta ma?ana sus deliberaciones, despu¨¦s de que ayer por la tarde no llegaran a ning¨²n pronunciamiento. El tribunal dispone legalmente de cinco d¨ªas de plazo, pero fuentes de la Audiencia aseguran que no se agotar¨¢n. El presidente, Jos¨¦ Luis L¨®pez-Mu?iz, manifest¨® que la voluntad del tribunal es resolver "lo antes posible", por lo que previsiblemente el auto se notificar¨¢ durante el d¨ªa de hoy.

Obviamente, deben existir discrepancias entre los cinco magistrados, pues de lo contrario, tras varias horas de deliberaciones, ya hubieran resuelto en un sentido u otro.

Por la ma?ana se celebr¨® una vista p¨²blica para decidir sobre si se mantienen o se levantan las medidas cautelar¨ªsimas solicitadas por el Ayuntamiento de Salamanca, que present¨® el viernes pasado un recurso contencioso-administrativo con la finalidad de paralizar la entrega de los papeles a la Generalitat.

En principio, en una vista de este tipo s¨®lo se debate sobre si existe urgencia para adoptar medidas cautelares y si la espera a resolver el recurso puede suponer un perjuicio irreversible. Sin embargo, sorpresivamente, el tribunal permiti¨® que el letrado del Ayuntamiento de Salamanca, Jos¨¦ Mar¨ªa Benavente, abordase el fondo del asunto.

El letrado afirm¨® que la salida de los documentos no se acomoda a la ley y que no se ha seguido el procedimiento legalmente establecido, por lo que pidi¨® que los documentos bloqueados en el Ministerio de Cultura sean devueltos al Archivo de la Guerra Civil. El argumento esgrimido es que algunos de los papeles nunca fueron de la Generalitat. A?adi¨® tambi¨¦n que no se ha dejado copia autenticada de los documentos en el Archivo y que existe riesgo de da?o irreversible.

Le replic¨® el jefe de la Abogac¨ªa del Estado en la Audiencia Nacional, Manuel Pacheco, quien sostuvo que los papeles deben restituirse a la Generalitat en cumplimiento de la ley aprobada por las Cortes y a?adi¨® que el Ayuntamiento de Salamanca no tiene legitimidad para recurrir porque el Archivo es del patrimonio del Estado y el supuesto perjuicio que ocasionar¨ªa el traslado de los papeles ser¨ªa a la Administraci¨®n General del Estado, pero nunca al Ayuntamiento.

Tras impugnar todas las alegaciones del letrado recurrente se?al¨® que "si de algo ha pecado la Administraci¨®n ha sido de excesiva escrupulosidad".

Pacheco destac¨® que no existe ning¨²n peligro de destrucci¨®n de documentos, puesto que se entregan a la Generalitat, que es una administraci¨®n p¨²blica que tiene la obligaci¨®n de conservarlos y no puede transferirlos a terceros.

Concluy¨® que lo que desea el Ayuntamiento de Salamanca con su recurso es que se suspenda la aplicaci¨®n de la ley, no la orden ministerial de salida de los documentos que es en realidad lo que se impugna.

Testigos

El director del Archivo de la Guerra Civil, Miguel ?ngel Jaramillo, compareci¨® en la vista en calidad de testigo, supuestamente imparcial, a propuesta del Ayuntamiento de Salamanca.

Jaramillo, a preguntas del presidente del Tribunal, Jos¨¦ Luis L¨®pez-Mu?iz, afirm¨® que es funcionario del Ministerio de Cultura, lo que parec¨ªa anticipar que no ser¨ªa cr¨ªtico con la decisi¨®n de su ministra. Sin embargo, el abogado del Estado, en un interrogatorio muy agresivo, le hizo reconocer que estaba en contra de la ley por la que se devuelven los papeles y que considera que "la fragmentaci¨®n del Archivo es un error".

Miguel ?ngel Jaramillo afirm¨® que en las 500 cajas bloqueadas en Cultura hay documentos de particulares que no fueron incautados a la Generalitat, pero Pacheco le record¨® que esos documentos -pasaportes, cartillas de racionamiento, tarjetas de residencia o autorizaciones- fueron incautados en domicilios de funcionarios de la Generalitat y que, en todo caso, el Estado reconoci¨® que eran susceptibles de ser devueltos al ¨®rgano de Gobierno catal¨¢n en el convenio suscrito en 1982.

El director del Archivo se refiri¨® tambi¨¦n a los documentos del Comit¨¦ de Milicias Antifascistas, que en su opini¨®n no deben ser devueltos a la Generalitat. Sin embargo, a preguntas de Pacheco, Jaramillo admiti¨® que, aunque el Comit¨¦ era un organismo de poder popular, fue creado por la Generalitat.

Muy agresivo fue tambi¨¦n el interrogatorio de Pacheco al otro testigo, el director del Archivo General de Castilla y Le¨®n, Carlos Traves¨¬. ?ste hab¨ªa realizado un "certificado" sobre los documentos del Archivo de la Guerra Civil que el Ayuntamiento de Salamanca hab¨ªa utilizado como prueba. Pacheco le oblig¨® a admitir que no pod¨ªa certificar nada puesto que los documentos sobre los que emiti¨® el certificado no est¨¢n en el archivo del que es director.