La Audiencia juzga por segunda vez a los amotinados en Fontcalent

Los reos procesados por el mot¨ªn de la prisi¨®n de Fontcalent regresan hoy al banquillo de los acusados para ser juzgados por segunda vez en tres a?os por la cruenta revuelta carcelaria de noviembre de 1990, que cost¨® la vida a un interno. La repetici¨®n del juicio obedece a una sentencia del Tribunal Supremo que consider¨® ilegal la declaraci¨®n mediante videoconferencia de los 19 reclusos juzgados.

La segunda entrega de la vista oral se har¨¢ a la vieja usanza, o sea, con todas las partes en el mismo espacio: el sal¨®n de actos del palacio de justicia de Benal¨²a. En el escenario del juicio y sus alrededores, sobre todo el itinerario entre la c¨¢rcel y la sala de vistas, se ha desplegado un detallado sistema de seguridad, ya que entre los 13 reos protagonistas del segundo juicio permanecen los calificados como muy peligrosos, entre ellos los cabecillas del mot¨ªn.

Tres lustros despu¨¦s de la cruenta revuelta carcelaria que desencadenaron una veintena de presos del m¨®dulo 2 de la prisi¨®n de Fontcalent el 12 de noviembre de 1990, los cabecillas del mot¨ªn, Antonio Cort¨¦s Escobedo y Manuel Pinte?o, junto a otros 11 internos, regresan al banquillo de los acusados. Entre otros delitos, los procesados, est¨¢n acusados de la muerte a navajazos de un interno argelino.

El primer juicio por estos hechos, celebrado entre octubre y diciembre de 2002, result¨® est¨¦ril (salvo para siete de los 19 juzgados). El tribunal, la secci¨®n 1? de la Audiencia de Alicante, conden¨® a 12 de los procesados a un total de 763 a?os de c¨¢rcel y declar¨® al Estado, garante de la seguridad en recinto penitenciario, responsable civil subsidiario. Inicialmente estaban imputados 22 reclusos, aunque dos murieron antes de la celebraci¨®n de la vista y a otro no se le juzg¨® por su delicado estado de salud.

El inicio de aquella vista oral estuvo acompa?ado de una decisi¨®n pionera en el ¨¢mbito de la judicatura espa?ola. En aras de garantizar la seguridad del juicio, dada la alta peligrosidad de los imputados, el presidente del tribunal, el magistrado Vicente Magro, acord¨® que estos declarar¨¢n por el sistema de videoconferencia, es decir, desde un lugar diferente (en una sala de la c¨¢rcel de Fontcalent) al del tribunal y resto de las partes (en los juzgados de Benal¨²a). Magro subray¨® que el sistema estaba "motivado, argumentado y avalado por una circular de la Fiscal¨ªa General del Estado".

Enrique Botella, abogado del primer acusado (el preso Antonio Cort¨¦s, condenado a 138 a?os de c¨¢rcel) consider¨® que el sistema de videoconferencia mediante el cual se tom¨® declaraci¨®n a los procesados no garantizaba sus derechos fundamentales y recurri¨® la sentencia al Tribunal Supremo. En su recurso de casaci¨®n, el letrado esgrimi¨® que el sistema vulner¨® los principios jur¨ªdicos de inmediaci¨®n (posibilidad de hablar cara a cara con los procesados y observar sus reacciones en las diferentes fases de la vista), contradicci¨®n (poder aceptar una conformidad) y publicidad de las actuaciones judiciales (a la sala de Fontcalent donde estaban los presos no se autoriz¨® la entrada de publico).

El alto tribunal asumi¨® las tesis de la defensa y anul¨® el juicio. Para el Supremo "existen medios m¨¢s que suficientes para neutralizar el peligro sin suprimir los derechos fundamentales". La repetici¨®n de la vista oral no afecta a los siete procesados que resultaron absueltos en el juicio de 2002. Por tanto, los imputados ahora ser¨¢n 12 (diez encarcelados y dos en libertad), m¨¢s otro recluso, el convaleciente con motivo de la primera vista, y, ahora, en b¨²squeda y captura.