Breviario de la nueva financiaci¨®n auton¨®mica

El pen¨²ltimo acuerdo definitivo de financiaci¨®n auton¨®mica empieza a cimentarse, de nuevo, a partir de las reivindicaciones catalanas. La propuesta que se incluir¨¢ en el Estatuto catal¨¢n no supone un cambio de modelo, pero s¨ª es una vuelta de tuerca al sistema actual, en dos direcciones. Por un lado, mejora la autonom¨ªa financiera de las comunidades; es decir, m¨¢s dinero procedente de los impuestos y menos de transferencias del Estado. Por otro, redefine el mecanismo de solidaridad interterritorial: grosso modo, el dinero que va de las regiones m¨¢s ricas a las pobres.

?Por qu¨¦ ahora? El modelo actual se puso en marcha en 2002 sobre la base de los datos de 1999. ?se fue el a?o utilizado para los c¨¢lculos de las necesidades financieras de las comunidades. Pero el boom migratorio y las presiones sobre el gasto p¨²blico auton¨®mico han dejado muy antigua la foto fija de 1999. "El sistema no ha funcionado, y los recursos de las comunidades son insuficientes", ha reconocido el vicepresidente econ¨®mico, Pedro Solbes, que se vio obligado a un primer retoque destinado a paliar el d¨¦ficit sanitario en el ¨²ltimo trimestre del a?o pasado.

Tras el Estatuto, que ya introduce los primeros cambios de calado, ser¨¢ el Consejo de Pol¨ªtica Fiscal y Financiera (CPFF) -organismo en el que participan el Gobierno y las comunidades, pero en el que el Ejecutivo tiene siempre la ¨²ltima palabra- el encargado de dise?ar la arquitectura definitiva del nuevo sistema, que entrar¨¢ en vigor en 2007. El texto pactado deja en el tintero algunas de las propuestas que salieron del Parlamento catal¨¢n, pero a cambio fija las l¨ªneas maestras del nuevo sistema.

- M¨¢s dinero. El acuerdo supone incrementar la cesta de impuestos cedidos parcialmente: IRPF (del 33% al 50%), IVA (del 35% al 50%) e impuestos especiales (del 40% al 58%). La propuesta inicial de Catalu?a abogaba por introducir en el pastel fiscal el Impuesto de Sociedades, a lo que el equipo de Solbes se ha negado, aduciendo que podr¨ªa suponer una ruptura de la unidad de mercado. El cambio en la composici¨®n de la cesta supone dotar a las comunidades de una mayor autonom¨ªa financiera, tal y como recomienda la mayor¨ªa de los expertos. Y, en general, beneficia a las comunidades aut¨®nomas "m¨¢s din¨¢micas", seg¨²n Econom¨ªa, que aclara que nadie sale perjudicado: ninguna comunidad perder¨¢ dinero, y en todo caso los Gobiernos aut¨®nomos pueden decidir no acogerse al modelo, como ya hicieron Andaluc¨ªa, Extremadura y Castilla-La Mancha en 1996.

Las comunidades pobres se benefician de los fondos europeos y del fondo de compensaci¨®n interterritorial, un mecanismo de solidaridad. El Ejecutivo sostiene que las ayudas europeas se sujetan al principio de cofinanciaci¨®n: el Estado abona un porcentaje de esas ayudas, que tienen que ir obligatoriamente a las regiones pobres. Eso reduce su control sobre el reparto del conjunto de la inversi¨®n, lo que repercute negativamente en las regiones m¨¢s din¨¢micas, que adem¨¢s se han visto perjudicadas por el cors¨¦ del d¨¦ficit cero.

- Nueva arquitectura. La arquitectura del modelo es sencilla. En una primera etapa se fijan los recursos que necesita cada comunidad aut¨®noma para prestar los servicios b¨¢sicos a trav¨¦s de indicadores como la poblaci¨®n (que supone un 94% de la cifra final que se asigna a cada comunidad), superficie, dispersi¨®n e insularidad. Para el c¨¢lculo de los gastos sociales y sanitarios se introducen otras variables, como poblaci¨®n protegida y los mayores de 65 a?os. La nueva propuesta introduce criterios que no se ten¨ªan en cuenta hasta ahora y que han sido la causa de graves distorsiones: la poblaci¨®n inmigrante y los denominados costes diferenciales (las diferencias en el coste de la vida de cada comunidad). Eso beneficia, b¨¢sicamente, a Catalu?a, Madrid y la zona de Levante.

"Aunque no se dice expresamente, ese planteamiento apunta al deseo de que todas las comunidades puedan disponer de los recursos necesarios para ofrecer a sus ciudadanos el mismo nivel de servicios", escrib¨ªa el economista Jos¨¦ V¨ªctor Sevilla sobre el anterior sistema. El nuevo modelo contiene expl¨ªcitamente ese principio. El objetivo ¨²ltimo es que todas las comunidades tengan fondos para prestar un paquete b¨¢sico de servicios. En teor¨ªa, el nuevo sistema debe obligar a las comunidades a subir impuestos si quieren dar otras prestaciones m¨¢s all¨¢ de las b¨¢sicas.

- Solidaridad. Una vez determinadas las necesidades de financiaci¨®n, el sistema determina los ingresos que recibir¨¢n las comunidades a trav¨¦s de sus impuestos propios y los cedidos parcialmente (IRPF, IVA y especiales). La diferencia se cubre con el denominado fondo de suficiencia, el mecanismo de solidaridad entre regiones.

Como los ingresos a trav¨¦s de impuestos aumentan con los cambios del Estatuto, las comunidades recibir¨¢n una cuant¨ªa inferior a trav¨¦s de este fondo, e incluso algunas de las receptoras hasta ahora -como Catalu?a- deber¨¢n aportar dinero a este mecanismo de solidaridad. Seg¨²n los expertos, la prueba de que el actual sistema es demasiado centralista es que todas las comunidades menos Madrid y Baleares recib¨ªan hasta ahora dinero del fondo de suficiencia.

Buena parte de los mecanismos de solidaridad se negociar¨¢n en el CPFF. Pero el acuerdo ya introduce varios cambios sustanciales. Para empezar, a partir de ahora el dinero de la solidaridad s¨®lo podr¨¢ utilizarse para sanidad, educaci¨®n y servicios sociales. Pero Catalu?a destaca otro avance, el denominado principio de ordinalidad. En rom¨¢n paladino, se trata de evitar que una comunidad que obtiene m¨¢s recursos que otras antes de la aplicaci¨®n del sistema -y por lo tanto, paga m¨¢s en concepto de solidaridad- se vea superada por las que reciben dinero del fondo de suficiencia tras la aplicaci¨®n del modelo. Es decir, que los ricos no se vean superados por los pobres en el r¨¢nking de renta per c¨¢pita tras pagar por la solidaridad.

- Agencias. Los expertos consideran que el actual sistema es demasiado centralista. Se han transferido a las comunidades pr¨¢cticamente todas las competencias y, por tanto, son los Gobiernos aut¨®nomos quienes gastan en sanidad, educaci¨®n y servicios sociales. Pero las comunidades no tienen la llave de los ingresos. El acuerdo abre la puerta a las agencias tributarias auton¨®micas, en r¨¦gimen de consorcio para los impuestos cedidos parcialmente, como el IRPF. Pero deja claro que el Estado seguir¨¢ recaudando sus impuestos. Al menos al principio.

- Los n¨²meros. El alza en los porcentajes de IRPF, IVA y especiales supondr¨¢ unos ingresos adicionales para Catalu?a de 4.320 millones de euros, con datos de los presupuestos catalanes de 2006. Esa cifra se ver¨¢ sensiblemente reducida por el fondo de suficiencia: Catalu?a recib¨ªa unos 2.500 millones de ese fondo, pero con el nuevo sistema pasar¨¢ a ser contribuyente neto, seg¨²n fuentes del Ejecutivo aut¨®nomo. Si no cambiaran los criterios del fondo de suficiencia, Catalu?a obtendr¨ªa al final 1.800 millones m¨¢s. Pero la cifra definitiva depender¨¢ de la negociaci¨®n en el CPFF.

- Interrogantes. A pesar de las peticiones iniciales, apenas se transfiere a las comunidades m¨¢s capacidad normativa en los impuestos cedidos parcialmente. Adem¨¢s, no queda claro qu¨¦ sucede con la lealtad institucional: el Estado sigue legislando en materias como sanidad y educaci¨®n, totalmente transferidas a las autonom¨ªas, con normativas que suponen aumentos de costes, pero no conllevan incrementos de ingresos.

En resumen, la capacidad de decisi¨®n de las autonom¨ªas en cuanto a los ingresos todav¨ªa es escasa. Hasta ahora, cuando las comunidades aut¨®nomas han necesitado m¨¢s recursos, en lugar de utilizar los cauces del modelo -subiendo impuestos- lo habitual ha sido siempre girar la cabeza hacia el Ministerio de Econom¨ªa para pedir m¨¢s fondos. En 1996, el ex presidente catal¨¢n Jordi Pujol se jact¨® de haber conseguido 2.400 millones de euros con la nueva financiaci¨®n. S¨®lo tard¨® seis meses en reclamar un nuevo sistema. Est¨¢ por ver qu¨¦ sucede ahora.