El Gobierno liquida las c¨¢maras urbanas tras diez a?os de retraso y conflictos

El Consejo de Gobierno dio por fin ayer luz verde al decreto que determina el cierre de las c¨¢maras de la propiedad urbana, con m¨¢s de diez a?os de retraso respecto a la aprobaci¨®n de la normativa estatal que las suprimi¨® como corporaciones de derecho p¨²blico. Esa normativa data de 1990 y 1994. El Ejecutivo entiende que con el decreto cumple la obligaci¨®n que corresponde a la comunidad aut¨®noma de aplicar esa legislaci¨®n, recordada por varias sentencias judiciales y que no asumi¨® hasta que en 2003 una auditor¨ªa revel¨® graves deficiencias de gesti¨®n y p¨¦rdidas importantes de patrimonio en las C¨¢maras de Vizcaya y Guip¨²zcoa. La primera hab¨ªa perdido entre 1999 y 2002 1,1 millones y la segunda 910.346 euros.

El decreto fue presentado por el consejero de Vivienda, Javier Madrazo. Su departamento se har¨¢ cargo del proceso de liquidaci¨®n, que calcul¨® que durar¨¢ varios meses, y de la prestaci¨®n a todos los propietarios e inquilinos de los servicios de asesoramiento, visado oficial y registro de contratos de arrendamiento que las c¨¢maras han venido ofreciendo hasta ahora s¨®lo a sus socios. El consejero destac¨® que la actuaci¨®n del Gobierno cuenta con el apoyo tambi¨¦n de los grupos del PSE y el PP.

Durante esos meses de transici¨®n, cualquier persona interesada seguir¨¢ recibiendo atenci¨®n en las oficinas actuales de las C¨¢maras, a cuyo frente colocar¨¢ el Gobierno un funcionario delegado que asumir¨¢ las labores directivas. Sus ¨®rganos de gobierno quedar¨¢n disueltos en cuanto entre en vigor el decreto, un d¨ªa despu¨¦s de su publicaci¨®n en el Bolet¨ªn Oficial del Pa¨ªs Vasco.

Cuando el proceso de liquidaci¨®n est¨¦ culminado, los servicios se ofrecer¨¢n en las delegaciones territoriales del departamento de Vivienda. Ese per¨ªodo de tiempo se emplear¨¢ en elaborar el inventario del patrimonio, que Madrazo estim¨® en unos 19 millones, y que se dividir¨¢ en dos bloques: el obtenido mientras las cuotas eran obligatorias (entre 1927 y 1989) y el posterior. Ambos pasar¨¢n al Gobierno, pero el atribuible a esos 17 a?os de voluntariedad de las cuotas podr¨¢ ser adscrito a asociaciones dedicadas a la defensa, promoci¨®n e informaci¨®n de propietarios u usuarios de viviendas urbanas, siempre que se constituyan sin ¨¢nimo de lucro. El plazo para solicitarlo ser¨¢ de un a?o.

Respecto al personal que trabaja en las C¨¢maras, 50 personas, seg¨²n el consejero, 12 se han integrado ya en la Administraci¨®n y el resto deber¨¢ optar entre seguir sus pasos o aceptar una indemnizaci¨®n de 20 d¨ªas por a?o trabajado, con un tope de 12 mensualidades.

La tres c¨¢maras anunciaron ya su intenci¨®n de recurrir el decreto en cuanto el Gobierno lo aprobara, pero el Ejecutivo est¨¢ seguro de haber redactado una norma "blindada" por su ajuste a la legalidad vigente y a la jurisprudencia generada desde 1990. La C¨¢mara de Vizcaya anunci¨® de inmediato una comparecencia para hoy mismo.