El pleito sobre el 'Prestige' en EE UU le ha costado 1,3 millones al Gobierno

El intento de la Administraci¨®n vasca de obtener una millonaria indemnizaci¨®n a la americana por los da?os ocasionados por la marea negra del Prestige le ha terminado saliendo caro a las arcas p¨²blicas. El Gobierno, que ha desistido de la demanda civil presentada en EE UU contra la sociedad clasificadora -American Bureau of Shipping (ABS)- que certific¨® la seguridad del buque tras su ¨²ltima gran reparaci¨®n en 2001, ha tenido que pagar 1,6 millones de d¨®lares (1,32 millones de euros) a la firma de abogados de Houston (Texas) que le llev¨® el caso hasta febrero del a?o pasado. Fuentes del Ejecutivo no supieron precisar si, adem¨¢s de esa cantidad para liquidar su contrato, se abon¨® inicialmente alguna otra en concepto de provisi¨®n de fondos. No obstante, indicaron que, de haber existido un pago anterior, ¨¦ste ser¨ªa "de escasa cuant¨ªa".

Las relaciones del bufete Strasburger and Price LLP (S&P) con las administraciones vascas -en la demanda el Gobierno estaba acompa?ado por las diputaciones de Vizcaya y Guip¨²zcoa y el Ayuntamiento de San Sebasti¨¢n, tambi¨¦n afectados por el fuel que verti¨® el petrolero hundido en noviembre de 2002 frente a las costas gallegas- quedaron formalizadas mediante contrato el 6 de mayo de 2003.

Sin embargo, durante los meses previos, el Gobierno hab¨ªa analizado con varios bufetes internacionales -entre ellos S&P, que se publicita como el m¨¢s importante desapcho de abogados del suroeste de Estados Unidos-, la viabilidad de una reclamaci¨®n por la v¨ªa civil (la causa penal por el naufragio se tramita en el juzgado de la localidad coru?esa de Corcubi¨®n) contra la sociedad norteamericana que certific¨® que el Prestige ten¨ªa buenas condiciones para navegar. Las instituciones vascas se adelantaron en ocho d¨ªas con su demanda en Houston a la presentada por el Gobierno espa?ola en Nueva York (en ambas ciudadas tiene sede ABS). Primero reclamaron "no menos de 50 millones de d¨®lares" por los da?os sufridos y posteriormente presentaron un segunda demanda por 300 millones de d¨®lares (236 millones de euros).La retirada del Gobierno vasco del litigio iniciado contra ABS, que ahora sigue en solitario la Administraci¨®n estatal en un juzgado federal de Nueva York, es consecuencia del acuerdo alcanzado entre los ejecutivos central y aut¨®nomo sobre la compensaci¨®n por los gastos de limpieza del fuel del Prestige en las costas de Vizcaya y Guip¨²zcoa.

El pasado octubre se firm¨® finalmente el acuerdo por el cual la Administraci¨®n vasca recibi¨® un reembolso de 45,6 millones de euros. A cambio, se comprometi¨® a "liquidar su presencia" en las demandas planteadas en Estados Unidos contra ABS y sus filiales por presunta negligencia al certificar la seguridad del petrolero accidentado. Primero las present¨® en Houston (Texas), pero el juez dictamin¨® que el caso se trasladase al juzgado de Nueva York que ya tramitaba la demanda presentada en esa ciudad por el Gobierno central.

Adem¨¢s de costarle 1,32 millones de euros, la salida de la aventura judicial estadounidense ha estado a punto de resultarle traum¨¢tica al Ejecutivo vasco. Al bufete de abogados contratado, que, como es habitual en Estados Unidos, hab¨ªa pactado recibir un tanto por ciento de la indemnizaci¨®n que se consiguiera, no le agrad¨® que su cliente se retirase del pleito. S&P present¨® al Gobierno una factura por honorarios y gastos muy elevada, que ¨¦ste no acept¨® al considerarla "exhorbitante". En respuesta, la firma present¨® el 20 de diciembre pasado una reclamaci¨®n ante el juzgado de Nueva York que lleva el caso, solicitando que ordenara un arbitraje obligatorio ante el colegio de abogados de Houston sobre las diferencias suscitadas.

Entre otros extremos, el socio de S&P William Mahley acusaba en su escrito

a las instituciones vascas de incumplir lo firmado en el contrato y negarse a pagar durante casi dos a?os los gastos realizados por la firma y sus honorarios. As¨ª mismo, solicitaba al juzgado que, mientras no se produjera el arbitraje, ordenase paralizar cualquier pago por parte del Reino de Espa?a a sus ex clientes, al entender que S&P ten¨ªa derecho a recibir una parte de los 45,6 millones de euros abonados por el Gobierno central a la comunidad aut¨®noma.

Porcentaje pactado

Esta pretensi¨®n se fundamentaba, seg¨²n el texto de la reclamaci¨®n, en un punto del contrato en el que las instituciones vascas acordaron pagar al bufete "una cantidad en d¨®lares igual a un porcentaje de todo el dinero, propiedades u otras ganancias financieras" obtenidas en el litigio, "sin tener en cuenta si se han conseguido a trav¨¦s de acuerdo, sentencia o por otras v¨ªas". S&P sosten¨ªa que, en virtud de ese acuerdo, le correspond¨ªa un tanto por ciento de la compensaci¨®n de 45,6 millones de euros (en su escrito habla de 51,5 millones) obtenida por las instituciones vascas del Gobierno central por los gastos de la limpieza del fuel vertido por el Prestige. El bufete no especificaba cu¨¢l era el porcentaje pactado, pero se ofrec¨ªa a mostrar el contrato al juez en la vista oral solicitada. Tampoco el Ejecutivo de Vitoria ha querido aclarar este extremo, aunque fuentes jur¨ªdicas aseguran que la cantidad pactada era un 25%, por lo que la cifra pretendida por S&P ascend¨ªa a 11,4 millones de euros, adem¨¢s de sus gastos y honorarios.

El Ejecutivo resta importancia, sin embargo, a este desencuentro, alegando las "peculiaridades" del sistema legal estadounidense, en el que las indemnizaciones millonarias por accidentes est¨¢n a la orden del d¨ªa y los abogados demandantes van a porcentaje. El mes pasado, dos semanas despu¨¦s de presentarse la reclamaci¨®n de S&P, el Gobierno y el bufete arreglaron "amistosamente" sus diferencias sobre el contrato suscrito, debidas, seg¨²n un portavoz del Ejecutivo "a la lectura que unos hac¨ªan desde premisas del Derecho norteamericano y otros desde el Derecho europeo". "Solventadas las mismas", agreg¨®, "el Gobierno vasco ha abonado 1,6 millones de d¨®lares al citado bufete, agradeci¨¦ndole los servicios prestados a las instituciones vascas en los Estados Unidos".

La opini¨®n de expertos en asuntos jur¨ªdicos consultados es que el Gobierno "no ha estado bien asesorado en este caso". "Era muy improbable que una comunidad aut¨®noma sacara algo en limpio demandando en Estados Unidos a la sociedad clasificadora del Prestige. Al final", apunta un letrado especializado en Derecho Internacional, "quien ha salido ganado han sido los abogados americanos, que se llevan m¨¢s de 200 millones de las antiguas pesetas".