Los v¨ªnculos de un hijo de Pujol con Europraxis provocan una agria pol¨¦mica entre CiU e ICV

La Sindicatura de Cuentas present¨® ayer, con casi un a?o de retraso, el informe sobre los contratos de las administraciones p¨²blicas con Europraxis -uno de cuyos socios es Josep Pujol Ferrusola, hijo de Jordi Pujol- e Indra entre 1996 y 2002, en la etapa de CiU. El informe se?ala irregularidades en la contrataci¨®n p¨²blica con la empresa. Joan Boada (ICV) destac¨® que se confirma "la estrecha relaci¨®n de los negocios de la familia Pujol y la Generalitat y el uso de dinero p¨²blico en beneficio privado". Jordi Turull (CiU) tild¨® esas acusaciones de "difamaciones".

El informe de fiscalizaci¨®n fue un encargo del Parlament de 2002, despu¨¦s de que se desvelara que la consultora Europraxis asesor¨® al grupo de automoci¨®n Lear en el cierre de la planta de Cervera, en diciembre de 2001. Pero ayer, ni el Partit dels Socialistes (PSC), ni Esquerra Republicana (ERC), ni el PP sacaron a relucir las vinculaciones entre la Generalitat y uno de los socios de la consultora -que posteriormente fue adquirida por Indra, multinacional especializada en tecnolog¨ªas de la informaci¨®n-, Josep Pujol Ferrusola. S¨®lo Iniciativa Verds (ICV), a trav¨¦s del diputado Joan Boada, denunci¨® "la estrecha relaci¨®n entre los negocios de la familia Pujol Ferrusola y la administraci¨®n de la Generalitat".

"A m¨¢s informaci¨®n, menos rumorolog¨ªa. No hay tema", asegur¨® el diputado Jordi Turull despu¨¦s de las explicaciones del s¨ªndico mayor, Joan Colom, que describi¨® un reguero de irregularidades pero en ning¨²n momento cit¨® al hijo del ex presidente de la Generalitat, Jordi Pujol. El contenido del informe describe pr¨¢cticas como el fraccionamiento de contratos para eludir la obligada publicidad; facturas con fecha anterior a la propia autorizaci¨®n del gasto, e incluso la imposibilidad de consultar contratos a causa de la destrucci¨®n de los mismos sin que hubiera transcurrido el plazo legal para hacerlo.

El propio Colom dej¨® claro que no se trata s¨®lo de los contratos con Indra, sino que la mayor parte de esas irregularidades no son una excepci¨®n en la contrataci¨®n de las administraciones p¨²blicas catalanas. Adem¨¢s, Colom denunci¨® el obstruccionismo de algunas de estas administraciones: menos de la mitad de los ayuntamientos enviaron a la Sindicatura la informaci¨®n requerida.

El PSC, a trav¨¦s de Jordi Terrades, se limit¨® a solicitar la ampliaci¨®n de la fiscalizaci¨®n a organismos como Turismo de Catalu?a, mientras que Jordi Castells (ERC) destac¨® la "gran complejidad" de la informaci¨®n analizada, que dificulta "seguir la pista de algunas de las empresas estudiadas". Bel¨¦n Pajares (PP) asegur¨® que el informe "no es completo" por la falta de informaci¨®n de la mayor¨ªa de los ayuntamientos.

Un portavoz de Indra asegur¨® ayer que las irregularidades advertidas "se deben a incumplimientos de la Administraci¨®n, no de la compa?¨ªa" y destac¨® que el importe de los contratos -35,6 millones de euros en el periodo analizado, de 1996 a 2002- suponen menos del 1% de la facturaci¨®n del grupo Indra en dicho periodo.

La Sindicatura de Cuentas present¨® tambi¨¦n un informe de fiscalizaci¨®n sobre las actividades del instituto municipal Parques y Jardines entre 1997 y 2001. Los resultados del informe ya se conoc¨ªan, pues la Sindicatura deber¨ªa haberlo presentado hace casi un a?o. De los 101 contratos investigados, 100 contienen alg¨²n tipo de anomal¨ªa. Los grupos de la oposici¨®n, CiU y el PP, aprovecharon las irregularidades detectadas por la Sindicatura para arremeter contra los grupos del tripartito y contra la gesti¨®n municipal.