Oposici¨®n vecinal a la autopista de Ibiza
Las protestas en terrenos expropiados impiden la construcci¨®n de la carretera al aeropuerto
El due?o de un terreno expropiado para construir la primera autopista de Ibiza se abraz¨® llorando a la higuera de su peque?a finca el pasado mi¨¦rcoles para evitar que la arrancaran. Otro vecino salt¨® al interior de la cuchara de la pala excavadora mientras avanzaba. Y varias decenas de ciudadanos que se oponen tambi¨¦n a esa nueva carretera se echaron al suelo y resistieron ante tres decenas de guardias civiles.
Un grupo de cerca de 200 vecinos de Ibiza plantan cara, de sol a sol, desde hace m¨¢s de 15 d¨ªas a las m¨¢quinas que construyen, por decisi¨®n del Gobierno balear y del Consell insular, gobernados por el PP, la autopista de la capital ibicenca al aeropuerto.
Las obran no avanzan ni cuando los guardias civiles rodean con un cord¨®n de protecci¨®n a las palas orugas. Enfrente se planta un anillo vecinal. Los automovilistas, al pasar por el lugar de la protesta, hacen sonar el claxon en apoyo al n¨²cleo resistente. El frente est¨¢ situado en Ca Na Palleva, una peque?a finca, en cuyos alrededores hay cuatro casas, de la misma familia, que se han de derribar.
Las autoridades, del PP, aducen que quieren favorecer la econom¨ªa y reducir la siniestralidad
"Lucharemos hasta el final para salvar la tierra y las casas y no nos moveremos si no hay un auto judicial", manifest¨® en la tarde del pasado mi¨¦rcoles uno de los integrantes del colectivo de vecinos, ecologistas y algunos pol¨ªticos de la izquierda que lleva 15 d¨ªas movilizado contra la construcci¨®n de la autopista. Tres personas fueron detenidas el mi¨¦rcoles y una result¨® con lesiones leves en los roces y empujones de la semana anterior.
Por la actual carretera circulan 30.000 veh¨ªculos al d¨ªa, que cruzan zonas con n¨²cleos urbanos. La financiaci¨®n del nuevo proyecto, de seis kil¨®metros, se realiza a trav¨¦s del sistema del llamado peaje en la sombra, que representar¨¢ el pago con fondos p¨²blicos de 220 millones de euros a la constructora en un plazo de 25 a?os.
Los gobernantes auton¨®micos e insulares aducen que con la construcci¨®n de la autopista cumplen su compromiso electoral, respaldado con mayor¨ªa absoluta, y que las nuevas carreteras son una exigencia ineludible para la seguridad y modernidad, con el fin de mantener los ingresos procedentes del turismo y frenar la alta siniestralidad. Ibiza, con una poblaci¨®n de 106.000 habitantes, recibe 4,1 millones de turistas al a?o.
La resistencia de los vecinos a la construcci¨®n de la autopista probablemente resultar¨¢ testimonial pero est¨¢ siendo la m¨¢s directa y tenaz de las realizadas por movimientos proteccionistas. En julio de 2005, m¨¢s del 15% de la poblaci¨®n de Ibiza sali¨® a la calle para protestar contra el desarrollismo bajo el lema Ibiza al l¨ªmite. SOS. Para el pr¨®ximo viernes ha sido convocado otra marcha callejera contra las autopistas. En dos semanas han sido disueltas tres concentraciones.
"Estoy aqu¨ª, en la trinchera", declar¨® en una de las zonas de obra Miquel Ramon, diputado de IU, que denuncia "la falsedad y la mentira del Gobierno balear del PP en los procedimientos de expropiaci¨®n y ocupaci¨®n de terrenos". Los vecinos han efectuado reclamaciones y denuncias ante los tribunales para frenar las obras. En un caso, se par¨® temporalmente la expropiaci¨®n y las m¨¢quinas fueron retiradas durante tres d¨ªas.
Ayer, el vicepresidente portavoz del Consell Insular de Ibiza y Formentera, Joan Mar¨ª (PP), mostr¨® voluntad negociadora. "Estamos dispuestos a estudiar alternativas", declar¨®. "Cambiar los proyectos no es factible, aunque s¨ª perfilar, detallar actuaciones que sean asumibles".
El trazado est¨¢ marcado y las obras adjudicadas y cerradas. La propiedad de la tierra en la zona es minifundista. Entre Can Sifre y Can Malalt, en 350 metros lineales, est¨¢ previsto el derribo de 11 casas. Meses atr¨¢s, se inauguraron oficialmente las obras y la primera ocupaci¨®n de terrenos. Los movimientos de tierra se iniciaron en terreno franco, en las fincas propiedad del ex ministro Abel Matutes, cuya empresa se ha asociado con la constructora concesionaria de la autopista, MAB, y cuya hija Estella es consejera de Carreteras del Consell.
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