Las excarcelaciones

EL AUTO DE PROCESAMIENTO dictado por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska contra Henri Parot, acusado de delitos cometidos mediante el env¨ªo de una carta escrita en prisi¨®n (donde permanece desde 1990), ha dado cierto respiro a un envenenado conflicto: los derechos garantizados por la Constituci¨®n a cualquier condenado chocan con la alarma creada por la puesta en libertad -antes de 2010- de un dirigente de ETA sentenciado a 4.797 a?os de c¨¢rcel por 26 asesinatos consumados y 166 frustrados. En conformidad con la normativa vigente, esos cinco milenios de privaci¨®n de libertad fueron refundidos como una sola pena de 30 a?os, el m¨¢ximo plazo legal de estancia ininterrumpida en prisi¨®n. La aplicaci¨®n laxa de las redenciones laborales y extraordinarias establecidas por el C¨®digo de 1973 (el principio de irretroactividad de las disposiciones desfavorables al interno excluye la retirada en este caso de los beneficios abolidos por el C¨®digo de 1995) redujo el cumplimiento carcelario de Parot a casi dos d¨¦cadas. Pero si el procesamiento dictado por Grande-Marlaska fuera seguido por una sentencia adversa, el dirigente de ETA continuar¨ªa en prisi¨®n durante el tiempo de la eventual condena.

Los dirigentes del PP acusan al Gobierno de facilitar la excarcelaci¨®n de presos de ETA como adelanto del precio pol¨ªtico a pagar a la banda terrorista por la eventual declaraci¨®n de tregua

En abril de 2004, la Audiencia Nacional ide¨® un inconvincente expediente de ingenier¨ªa jur¨ªdica para dividir en dos tramos la actividad criminal de Parot -separada por una etapa de supuestas vacaciones de sangre- a fin de refundir su milenaria condena en otras dos penas de 30 a?os; ese nuevo c¨®mputo permitir¨ªa obviar los descuentos penitenciarios aplicados hasta ahora y asegurar una permanencia ininterrumpida en la c¨¢rcel durante las tres d¨¦cadas m¨¢ximas admitidas por la ley. A comienzos de esta semana, sin embargo, la Junta de Fiscales de la Sala de lo Penal del Supremo rechaz¨® la innovadora interpretaci¨®n de la Audiencia Nacional y ratific¨® la jurisprudencia tradicional, que acumula todas las condenas en una sola pena de 30 a?os. Los seis representantes en el Consejo Fiscal de la conservadora Asociaci¨®n de Fiscales vinculada al PP, aunque criticaron el cese de Fungairi?o como fiscal jefe de la Audiencia Nacional (probable inspirador de la artificiosa f¨®rmula agravadora) y exigieron la destituci¨®n del fiscal general, Conde-Pumpido, respaldaron el pasado martes, sin embargo, la doctrina ortodoxa avalada por sus colegas del Supremo.

El env¨¦s pol¨ªtico de esta abstrusa trama jur¨ªdica es la feroz campa?a lanzada por el PP para acusar al Gobierno de haber manipulado el caso Parot a trav¨¦s del fiscal general en beneficio del condenado, desde el cese de Fungairi?o hasta el sistema de c¨®mputo de las penas decidido por los fiscales del Supremo. De creer a los populares, este episodio ser¨ªa una prueba m¨¢s de que Zapatero ha pactado con ETA en secreto la legalizaci¨®n de Batasuna y la cuant¨ªa del precio a pagar (incluida la excarcelaci¨®n de los presos) a cambio de una tregua. Sin duda, las ambig¨¹edades de la estrategia gubernamental en el Pa¨ªs Vasco ofrecen un campo abonado para que el PP siembre recelos, insidias y maldades sobre la inminente capitulaci¨®n del Estado de derecho ante el terrorismo; de ah¨ª que una mayor transparencia de la pol¨ªtica informativa oficial -compatible con la eficacia- sobre la pol¨ªtica vasca no ser¨ªa s¨®lo una obligaci¨®n democr¨¢tica, sino tambi¨¦n un cortafuegos del pavoroso incendio prendido por los populares.

El pacto suscrito en diciembre de 2000 por populares y socialistas compromet¨ªa a los dos partidos a "eliminar del ¨¢mbito de la leg¨ªtima confrontaci¨®n pol¨ªtica o electoral" entre ambas formaciones los debates sobre "las pol¨ªticas para acabar con el terrorismo". Lejos de honrar lealmente la palabra dada, el PP ha instalado en el centro de la discusi¨®n p¨²blica el instrumento m¨¢s delicado del conjunto de las estrategias dirigidas a conseguir la pacificaci¨®n del Pa¨ªs Vasco. A los populares no parece importarles que fuesen excarcelados 311 etarras en tiempos de Aznar; Zaplana ha encontrado la forma de orillar esa gruesa contradicci¨®n mediante un desvergonzado brocardo jur¨ªdico de nuevo cu?o: "En materia de terrorismo es mejor pasarse que no llegar".