El Gobierno crear¨¢ un servicio p¨²blico para luchar contra el fraude en los pisos protegidos

El Departamento de Vivienda crear¨¢ un servicio p¨²blico para luchar contra el fraude en los pisos protegidos, una cuesti¨®n con la que la poblaci¨®n est¨¢ muy sensibilizada. Ahora, el control corre a cargo de unos equipos de inspecci¨®n contratados y supervisados por la consejer¨ªa, pero no se trata de funcionarios. El parque de viviendas protegidas en Euskadi ronda las 44.000, de las que aproximadamente la mitad se encuentra en ?lava. El Parlamento inst¨® ayer al Gobierno a constituir este servicio lo antes posible. PSE, tripartito y Aralar apoyaron la propuesta.

El PP se abstuvo y EHAK no particip¨® en el debate. La propuesta transaccionada entre el PSE los partidos del Gobierno y Aralar dio la vuelta a una moci¨®n original del PP, que pr¨¢cticamente ven¨ªa a pedir lo mismo pero utilizando un tono muy beligerante. Al final, la parlamentaria popular Arantza Quiroga justific¨® la abstenci¨®n de su partido porque la moci¨®n aprobada s¨®lo supone un intento de "maquillar" los malos resultados del Departamento de Vivienda en la lucha contra el fraude. Adem¨¢s, acus¨® al PSE de ofrecer con su apoyo "una pista de aterrizaje" a un Gobierno "que no lucha con todos los medios" contra este problema.

Los socialistas reconocieron el trabajo que en los ¨²ltimos a?os ha desarrollado el departamento que dirige Javier Madrazo,en materia de inspecci¨®n, pero recalc¨® que el gran volumen del parque de vivienda protegida y su constante crecimiento exige disponer de un servicio p¨²blico potente y consolidado. "Cuando alguien enga?a con una vivienda protegida no est¨¢ enga?ando al Gobierno, sino que se est¨¢ enga?ando a la sociedad en su conjunto", recalc¨® el parlamentario del PSE y portavoz en el debate, Jes¨²s Loza. Esta fue la tesis en la que coincidieron todos los partidos: cualquier fraude a la Administraci¨®n es rechazable, pero cuando se trata de vivienda protegida, la ¨²nica a la que pueden aspirar los j¨®venes vascos en un mercado con los pisos libres m¨¢s caros de Espa?a, el enga?o resulta a¨²n m¨¢s reprobable.

Viviendas vac¨ªas

El futuro servicio de inspecci¨®n tendr¨¢ como objetivo perseguir las tres principales bolsas de fraude. La primera es la de las viviendas sociales no utilizadas por sus adjudicatarios. Los inspectores deber¨¢n comprobar los consumos de agua, gas y electricidad para certificar la situaci¨®n del piso. Adem¨¢s, realizar¨¢n visitas y llamadas. La segunda bolsa de enga?o corresponde a los casos de arrendamiento irregular. Una casa p¨²blica se puede alquilar a un tercero, pero s¨®lo en determinadas circunstancias y a un precio establecido por el Gobierno. El arrendamiento se permite en casos excepcionales, como cuando el titular del piso es destinado temporalmente a trabajar a otra ciudad.

En tercer lugar, se encuentran las transmisiones de las viviendas. La compraventa de un piso protegido s¨®lo puede realizarse bajo control del departamento y al precio que fija ¨¦ste, que siempre estar¨¢ muy por debajo del mercado libre.

Reforzar la colaboraci¨®n de los ayuntamientos, notarios y registradores de la propiedad ser¨¢ otra de las tareas de la consejer¨ªa en este sentido, tal y como le inst¨® el Parlamento. En los dos ¨²ltimos casos, el departamento ha avanzado mucho terreno. En la actualidad, ning¨²n notario puede dar el visto bueno a una compraventa de un piso protegido sin notific¨¢rselo antes al Gobierno. Se trata de un filtro muy potente. El reto es lograr que, en las operaciones que autorice el Ejecutivo, el comprador y el vendedor no se pongan de acuerdo para entregar dinero negro bajo mano.

Vivienda inici¨® en 2004 una campa?a de inspecci¨®n dividida en varias fases y territorios. En noviembre del a?o pasado, el consejero Madrazo present¨® las primeras conclusiones, que indican que el fraude alcanza al 8% del parque de viviendas protegidas. Entre los datos m¨¢s significativos figura el de los 390 casos que ya han prescrito al haber transcurrido tres a?os desde que se cometi¨® la infracci¨®n. La investigaci¨®n muestra que la mitad de las irregularidades (44%) responde a la desocupaci¨®n de la casa. Un 23,7% de los fraudes se debe a la venta irregular del piso protegido; otro 23,4% a alquileres ilegales, y el 8,9% a concesiones en precario no autorizadas, especialmente a familiares.

Por otra parte, el Parlamento tambi¨¦n inst¨® al departamento a remitirle antes de abril de 2007 el proyecto de ley de Vivienda Protegida, en el que se deben tipificar las situaciones de fraude y sus correspondientes sanciones.