El CES pide que la Ley de Dependencia tenga garantizada la financiaci¨®n estable

Prueba superada, pero con matices. El pleno del Consejo Econ¨®mico y Social (CES) tiene previsto aprobar hoy su dictamen sobre el anteproyecto de Ley de Dependencia. El ¨®rgano consultivo del Gobierno, en su repaso del texto legal, trata de blindar el nuevo derecho y asegurar su viabilidad. Pide que la financiaci¨®n que garantice la atenci¨®n a quienes no pueden valerse por s¨ª mismos (m¨¢s de un mill¨®n de espa?oles) sea estable, suficiente y sostenida en el tiempo. Tambi¨¦n reclama que la ley ofrezca m¨¢s garant¨ªas para atender a los dependientes de manera adecuada y que no haya discriminaciones en funci¨®n del territorio.

Asegurar el nuevo derecho que crear¨¢ la Ley de Autonom¨ªa Personal y que la financiaci¨®n est¨¦ garantizada para que el futuro Sistema Nacional de Dependencia (SND) funcione parece ser la preocupaci¨®n del CES. El SND consistir¨¢ en servicios p¨²blicos y concertados, desde teleasistencia a centros de d¨ªa, pasando por residencias especiales o ayudas econ¨®micas. En 2015, cuando est¨¦ implantado, la inversi¨®n p¨²blica para levantar el sistema habr¨¢ sido de 25.000 millones de euros.

El dictamen, de 34 p¨¢ginas, al que ha tenido acceso EL PA?S, se detiene en 30 de los 45 art¨ªculos del anteproyecto de Ley de Autonom¨ªa Personal, presentado en enero al organismo por el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jes¨²s Caldera. El CES, integrado por empresarios, sindicatos y consumidores, cooperativas y expertos, concluye que el anteproyecto "es un avance importante en el proceso de modernizaci¨®n del sistema de protecci¨®n social", pero destaca la necesidad de que "el contenido m¨ªnimo de las prestaciones y servicios del sistema, que debe precisarse en la ley, responda a criterios de suficiencia y adecuaci¨®n a las necesidades de las personas en situaci¨®n de dependencia, garantizando el principio de equidad territorial".

Ya se propone una nueva redacci¨®n al art¨ªculo 1, para "reconocer expl¨ªcitamente el car¨¢cter de derecho subjetivo" que crea el texto. Pide incluir que la ley "tiene por objeto reconocer el derecho de atenci¨®n a las personas en situaci¨®n de dependencia" y tambi¨¦n que el futuro SND est¨¦ compuesto por una "adecuada y suficiente red de prestaciones y servicios".

Seg¨²n el CES, el texto legal deber¨ªa ajustarse a lo acordado en la mesa de di¨¢logo social el pasado diciembre, y especificar que la financiaci¨®n del SND ser¨¢ "estable, suficiente y sostenida en el tiempo" y se determinar¨¢ "asegurando la corresponsabilidad" de todos los implicados. Tambi¨¦n sugiere que se incluya que ning¨²n ciudadano en situaci¨®n de dependencia quedar¨¢ sin atender por falta de recursos econ¨®micos.

Tambi¨¦n remarca el CES la "parquedad" del fundamento constitucional del texto legal (vinculado al art¨ªculo 149.1.1 de la Constituci¨®n, el que declara que es competencia exclusiva del Estado, asegurando su capacidad para regular las condiciones b¨¢sicas que garanticen la igualdad de todos los espa?oles), aconsejando que se acoja a un "t¨ªtulo claro y s¨®lido" para evitar ambig¨¹edades y conflictos de competencias con las comunidades aut¨®nomas.

El CES se?ala algunas incoherencias en el articulado, entre ellas atribuir a las comunidades aut¨®nomas el determinar las prestaciones de dependencia. El organismo estima que debe ser el Consejo Territorial de Dependencia (en el que est¨¢n el Estado y las comunidades aut¨®nomas) el que defina cu¨¢les son las prestaciones homog¨¦neas en todo el Estado. Las comunidades deben limitarse a la aplicaci¨®n de ¨¦stas.

Entre las consideraciones generales, el CES advierte de que el texto legal "debe delimitar con claridad el contenido m¨ªnimo com¨²n del derecho exigible en cualquier parte del territorio espa?ol" y pide precisi¨®n para definir conceptos como las "prestaciones y servicios garantizados" o el "contenido b¨¢sico com¨²n de derechos".

Tambi¨¦n pide que se considere que buena parte de los dependientes, sobre todo mayores, vive en municipios rurales y con dispersi¨®n geogr¨¢fica, lo que genera graves dificultades de accesibilidad a los recursos sociales. Y critica que no se prevea la creaci¨®n de un ¨®rgano similar a la Alta Inspecci¨®n Sanitaria para garantizar que Estado y comunidades aut¨®nomas cumplan con sus cometidos.