El fiscal solicita que se impute al interventor municipal de Sevilla por las facturas falsas
El ministerio p¨²blico considera que los funcionarios debieron denunciar las irregularidades
La Fiscal¨ªa quiere que los funcionarios responsables de la Intervenci¨®n del Ayuntamiento de Sevilla en el periodo 2000-2005 declaren en el juzgado como imputados por la pol¨¦mica de las facturas falsas. El ministerio p¨²blico entiende que los interventores, cuya funci¨®n es controlar las cuentas municipales y velar por la legalidad de los gastos, son responsables de un supuesto delito de cooperaci¨®n para la malversaci¨®n de fondos p¨²blicos. El fiscal considera que los interventores ten¨ªan que haber detectado y denunciado las supuestas irregularidades detectadas en un distrito de la capital.
La petici¨®n del fiscal de imputar a los responsables de la Intervenci¨®n municipal se produce en la investigaci¨®n del pago duplicado de una factura en el distrito Triana-Los Remedios en el a?o 2000. En esa ¨¦poca, el distrito era dirigido por la concejal andalucista Isabel Guerra-Librero, que est¨¢ imputada por los supuestos delitos de malversaci¨®n de fondos p¨²blicos y falsedad en documento.
El fiscal considera que los responsables de la Intervenci¨®n deben declarar como imputados por un supuesto delito de cooperaci¨®n necesaria para la malversaci¨®n de fondos p¨²blicos y otro de prevaricaci¨®n.
El argumento que defiende el fiscal es que la Intervenci¨®n municipal es responsable del control de las cuentas de los ayuntamientos y que, por tanto, su deber era detectar cualquier irregularidad y tomar medidas para corregirla.
Fuentes judiciales afirmaron ayer que la Intervenci¨®n dirigi¨® un escrito a Guerra-Librero cuando estaba al frente de ese distrito sevillano para que subsanara determinadas irregularidades que hab¨ªan descubierto en sus cuentas.
El responsable de la Intervenci¨®n del Ayuntamiento de Sevilla entre 2000 y 2004 fue Agust¨ªn Murillo, quien ya ha fallecido. Eduardo Molina ocup¨® el puesto desde esa fecha hasta el 1 de abril de 2005, cuando tom¨® el relevo Miguel Bravo.
Pago de 1.500 euros
La Fiscal¨ªa sevillana solicitar¨¢ la citaci¨®n como imputados de estos funcionarios municipales a la juez de Instrucci¨®n 5 de Sevilla, Silvia Soto, que investiga el supuesto pago duplicado de una factura de casi 1.500 euros a un empresario imputado por el montaje y desmontaje de un escenario para la vel¨¢ de Santa Anita, en el barrio de El Tard¨®n.
La decisi¨®n del fiscal se produjo despu¨¦s de que la secretaria del distrito que emiti¨® la factura irregular en el a?o 2000, Rosa Ortega, dijese ayer ante la juez que todo era fruto de "un error". El martes, la concejal Guerra Librero hab¨ªa manifestado que Rosa Ortega era quien confeccionaba los cheques; se los entregaba para la firma y quien contrataba con las empresas.
El empresario que cobr¨® el dinero manifest¨® que no comprob¨® los cheques porque facturaba 300.000 euros al a?o con el Ayuntamiento de Sevilla. El empresario devolvi¨® las cantidades cobradas indebidamente.
El paso que ha dado el fiscal que investiga este caso contrasta con la actuaci¨®n del Ministerio P¨²blico en otros procedimientos judiciales similares. Esta decisi¨®n, por ejemplo, no se ha adoptado en la investigaci¨®n de las supuestas facturas falsas en el distrito Macarena. La Fiscal¨ªa tampoco ha recurrido el archivo decretado por el Juzgado de Instrucci¨®n 5 de Sevilla por otro caso de supuesto cobro irregular de otra factura en el distrito Nervi¨®n. En el asunto estaba imputado Rafael Carmona, ex concejal andalucista en el Ayuntamiento hispalense.
El juez que investig¨® este asunto, Jos¨¦ Mar¨ªa M¨¦ndez, archiv¨® esta causa porque consider¨® que la duplicaci¨®n de la factura que pag¨® Carmona fue un "error administrativo de contabilidad involuntario". Carmona abon¨® dos veces 1.200 euros a la misma empresa que Guerra Librero por una obra de pavimentaci¨®n en la calle Venecia. La sociedad devolvi¨® el dinero con los intereses correspondientes.
En el otro procedimiento abierto por el supuesto pago irregular de facturas municipales se instruye en el mismo juzgado que la causa de Guerra-Librero. La magistrada Silvia Soto imput¨® a seis personas por los supuestos delitos de malversaci¨®n de fondos p¨²blicos y falsedad en documento oficial.
As¨ª, la investigaci¨®n afecta a Jos¨¦ Antonio Garc¨ªa, ex concejal socialista, que era el delegado del distrito Macarena cuando firm¨® los dos cheques que cobr¨® la empresa COS por dos obras que nunca se hab¨ªan realizado. Junto a Garc¨ªa, est¨¢n imputados el secretario del distrito Jos¨¦ Mar¨ªn, los empleados municipales y militantes socialistas Manuel Portela y Antonio Pazo, y los empresarios Jos¨¦ Pardo y Jes¨²s Barrera. Tanto Garc¨ªa como Mar¨ªn presentaron su dimisi¨®n cuando se descubri¨® el caso, en marzo del a?o pasado. En este caso, el fiscal tampoco ha pedido la imputaci¨®n de los responsables de la Intervenci¨®n municipal.
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