El fiscal acusa de corrupci¨®n al alcalde de Orihuela y a cinco de sus concejales, todos ellos del PP

El fiscal anticorrupci¨®n de Alicante, Felipe Briones, ha pedido al juez que abra diligencias por las denuncias de corrupci¨®n, relacionadas con la gesti¨®n urban¨ªstica y contable del Ayuntamiento de Orihuela, que preside Jos¨¦ Manuel Medina, del PP. El ministerio p¨²blico aprecia "indicios de delito" por malversaci¨®n, falsedad, tr¨¢fico de influencias y prevaricaci¨®n en una treintena de casos. En su escrito, el fiscal asegura que los denunciados, adem¨¢s del alcalde, son los responsables de diversos negociados, como los concejales M¨®nica Lorente, Jos¨¦ Antonio Rodr¨ªguez Barber¨¢, Antonio Franco, y Eva Ortiz, m¨¢s la ex edil Encarna Galiano, ahora asesora. Los empresarios implicados por posible tr¨¢fico de influencias son cuatro promotores locales y la firma Necso, por falsedad.

El ex interventor declar¨® al fiscal que era el "blanqueador de facturas del alcalde"

El ministerio p¨²blico aprecia delito en el uso que hace el alcalde del chal¨¦ de un promotor

La delegaci¨®n de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n en Alicante abri¨® la investigaci¨®n por supuesta corrupci¨®n en el Ayuntamiento oriolano en septiembre de 2005 a instancias de la Fiscal¨ªa General del Estado. El m¨¢ximo ¨®rgano del ministerio p¨²blico orden¨® la investigaci¨®n tras recibir sendas denuncias de dos particulares. Seis meses m¨¢s tarde, Briones, con el visto bueno de la Fiscal¨ªa de Alicante, remiti¨® ayer las diligencias (61 folios) a los juzgados de Orihuela.

El fiscal justifica la acusaci¨®n en cuatro pilares: la denuncia sobre supuestas irregularidades contables del ex interventor de la corporaci¨®n, Jos¨¦ Manuel Espinosa, el testimonio y pruebas documentales aportadas por los portavoces de los tres grupos de la oposici¨®n (PSPV, Centro Liberal y Esquerra Verda), un informe pericial de la polic¨ªa judicial y dos plenos en los que se aprobaron adjudicaciones de urbanizaciones a promotores locales en suelo no urbanizable y protegido.

El grueso de las denuncias (y tambi¨¦n del escrito del fiscal) sobre presuntas corruptelas en el Ayuntamiento de Orihuela fue realizado en febrero de 2005 por el hasta entonces interventor, Jos¨¦ Manuel Espinosa. El funcionario fue destituido tras autoinculparse de haberse apropiado de 30.000 euros de las arcas municipales. Dos d¨ªas m¨¢s tarde, Espinosa convoc¨® a los portavoces de la oposici¨®n y desvel¨® una serie de irregularidades contables de las que responsabiliz¨® directamente al alcalde y los ediles de su equipo de gobierno. La conversaci¨®n fue grabada en dos cintas. En su comparecencia ante el fiscal, el ex interventor ratific¨® el contenido de la grabaci¨®n y a?adi¨®: "He sido el blanqueador de facturas del alcalde".

Los casos de corrupci¨®n m¨¢s relevantes denunciados por el funcionario, supuestamente delictivos a juicio del fiscal, son los siguientes: pago de facturas falsas a la firma Necso -adjudicataria del servicio de recogida de basuras en el casco urbano- por supuesto lucro cesante, por valor de 7 millones de euros; sobrecoste de unos 3 millones de euros sin consignaci¨®n presupuestaria y por expreso mandato del alcalde en las obras de la plaza de la Glorieta de Gabriel Mir¨®, ejecutadas por la constructora Doalco, del promotor Domingo Alcocer; falta de presentaci¨®n de facturas de mandamientos de pagos por valor de 22.000 euros por parte de Encarna Galiano, concejal entre 1999 y 2003 y actual asesora de Medina, cuando dej¨® el cargo; falta de ingreso en caja por parte de M¨®nica Lorente, hasta hace poco primer teniente de alcalde, de las recaudaciones de los conciertos municipales durante su etapa al frente de la concejal¨ªa de fiestas; no presentaci¨®n en cuatro a?os por parte de Antonio Franco, concejal de Personal, de las facturas de las subvenciones a una entidad local festera de Moros y Cristianos; y un supuesto cobro de comisiones en el proyecto de rehabilitaci¨®n del casco hist¨®rico.

El fiscal anticorrupci¨®n ha completado la listas de supuestos casos de corrupci¨®n con las denuncias vertidas por los grupos de la oposici¨®n, relacionadas con adjudicaciones ilegales de planes urban¨ªsticos. Los promotores que supuestamente se han beneficiado de las adjudicaciones irregulares han sido Jos¨¦ Antonio Rodr¨ªguez y Joaqu¨ªn Antonio Grau Pomares.

Una de las adjudicaciones m¨¢s pol¨¦micas, que acarre¨® la divisi¨®n del grupo popular, fue la aprobaci¨®n de dos planes urban¨ªsticos en la costa de Orihuela a la promotora del empresario Jos¨¦ Antonio Rodr¨ªguez. Tras la autorizaci¨®n, el empresario se convirti¨® en accionista mayoritario de la televisi¨®n local canal 34, af¨ªn al PP. El fiscal tambi¨¦n incluye a este promotor en otro caso de supuesta corrupci¨®n a ra¨ªz de la denuncia del portavoz del PSPV sobre un supuesto intento de soborno del empresario a los concejales de la corporaci¨®n.

El ministerio p¨²blico, igualmente, ha llevado al juez la denuncia del portavoz del grupo socialista, Francisco Garc¨ªa Ortu?o, relativa a la vivienda de Medina, un chal¨¦ propiedad del promotor Grau, y dos lujosos turismos de que disfruta el alcalde: un Rolls Royce, propiedad del promotor Grau, y un Audi A8, del promotor Francisco Marco.

La lista de casos denunciados inclu¨ªa la contrataci¨®n en exclusiva de Luis Alberto Prieto, como jefe de personal de la Corporaci¨®n pese a su condici¨®n de profesor interino de la Consejer¨ªa de Educaci¨®n de Murcia. Prieto dimiti¨® como jefe de personal al trascender que cobraba dos sueldos p¨²blicos. Garc¨ªa Ortu?o denunci¨®, adem¨¢s, que el Ayuntamiento, mediante decretos de la alcald¨ªa, paga ocho plazas en un aparcamiento privado, propiedad del promotor Alcocer, para uso exclusivo de los jueces.

El alcalde de Orihuela declin¨® comentar el escrito de acusaci¨®n del fiscal. "No tengo ni la m¨¢s remota idea. A m¨ª, el fiscal no me ha comunicado nada", se?al¨®. El primer edil rechaz¨®, una vez m¨¢s, cualquier ilegalidad en su gesti¨®n. "No s¨®lo digo que no ha habido ninguna irregularidad, sino que lo probar¨¦ cuando se me d¨¦ la oportunidad", remarc¨®.