Botellones y ayuntamientos

La convocatoria de los llamados botellones y, en especial, el que est¨¢ previsto en todas las capitales andaluzas - excepto en C¨¢diz- para este viernes, ha colocado a las autoridades en una situaci¨®n dif¨ªcil. Ayuntamientos, Junta de Andaluc¨ªa y Gobierno vienen destacando de alguna manera su falta de competencia para dar respuesta globalizada a estos movimientos. Se est¨¢ generando, pues, un panorama competencial disperso. De una parte porque se da la impresi¨®n de que se desconoce el alcance y contenido de los derechos de los j¨®venes a utilizar la v¨ªa p¨²blica. De otra porque genera una cierta confusi¨®n en los ciudadanos. No saben, en aquellos casos en los que se violente su derecho al descanso y a la libre circulaci¨®n por la ciudad, a qui¨¦n o qui¨¦nes deben de acudir para alcanzar su protecci¨®n.

En esta encrucijada en la que aparecen autoridades, vecinos, padres, juventud y ciudadanos en general, as¨ª como en este entrecruce de competencias y contenidos de derechos, deber¨ªa eliminarse el elemento incertidumbre. Es perjudicial para el ejercicio de los derechos. De ah¨ª que, desde este planteamiento, no sea posible aceptar las manifestaciones que los alcaldes de las capitales andaluzas realizaron en junio del pasado a?o en Antequera. No es aceptable que aleguen indefensi¨®n ante los botellones. Ni fueron aceptables entonces y tampoco ahora. El problema surge y se desarrolla en el ¨¢mbito de las ciudades y est¨¢n obligados a darles respuesta.

El poder trae como consecuencia obligada su ejercicio ante situaciones que lo demandan. Los macrobotellones implican la utilizaci¨®n del espacio p¨²blico de las ciudades en las que ocupan la alcald¨ªa. Lavarse las manos es cerrar los ojos ante un problema por la dimensi¨®n que alcanza, y anteponer las consecuencias pol¨ªticas que pueden acarrear la toma de medidas que, f¨¢cilmente, se van a considerar impopulares por una parte de la juventud, a los derechos de los ciudadanos.

No se trata, con esta afirmaci¨®n, exigir una actuaci¨®n municipal dirigida a la prohibici¨®n del ocio juvenil. Ser¨ªa tan absurdo como pretender ponerle puertas al campo. La juventud, desde siempre, ha mostrado una rebeld¨ªa frente a la sociedad. La sociedad, de una y otra forma, la ha admitido. La historia de los botellones es una prueba de tolerancia en su origen y que, y aqu¨ª no debemos enga?arnos, hoy se ha trasformado en una diversi¨®n en la que el alcohol es el centro de la fiesta. La tolerancia, pues, debe dejar paso a un hacer, de forma que no se perjudiquen los intereses generales de la ciudad y de los ciudadanos. No se puede aceptar con naturalidad el consumo indiscriminado de alcohol en la v¨ªa p¨²blica.

Hay que actuar y con sinceridad. Y no aprovechar, como est¨¢ haciendo el PP-A por boca de Javier Arenas, para cargar de responsabilidades a quien m¨¢s interese en cada momento. Los intereses generales de las poblaciones y la salud deben primar sobre los intereses pol¨ªticos. Y, en esta elecci¨®n, la mayor responsabilidad cae en el ¨¢mbito municipal, precisamente en el que mayor representatividad tiene el PP por el n¨²mero de capitales andaluzas. Y cae m¨¢s del lado municipal porque los ayuntamientos tienen competencias, entre otras, en materia de ruidos, limpieza, tr¨¢fico de veh¨ªculos y medio ambientales. Adem¨¢s lo ha dicho el Tribunal Superior de Justicia de Andaluc¨ªa, exigiendo a las corporaciones que apliquen las ordenanzas municipales de forma estricta y eviten el ruido, el consumo del alcohol en la calle e instalen unitarios p¨²blicos. Una decisi¨®n judicial que recuerda a los ayuntamientos que, sobre ellos, recae fundamentalmente la obligaci¨®n de evitar excesos y el uso desproporcionado del derecho al ocio juvenil. Indudablemente que, en esta tarea municipal y de todos, puede ser complementada por la Junta de Andaluc¨ªa y el Estado, mediante una regulaci¨®n eficaz sobre venta y consumo de alcohol en lugares p¨²blicos. Una necesidad complementaria, en la que los Ayuntamientos no pueden ampararse para justificar una cierta pasividad, pues las ordenanzas municipales y el TSJA les otorgan los fundamentos reglamentarios y judiciales para actuar y no desatender sus obligaciones p¨²blicas.