Un juez federal forzar¨¢ a Google a entregar informaci¨®n sobre las b¨²squedas de sus usuarios

Un juez del tribunal federal de San Jos¨¦ (California) ha anunciado su intenci¨®n de ordenar a Google que entregue al Gobierno de Estados Unidos un listado con b¨²squedas realizadas por sus usuarios. Seg¨²n los expertos, de la resoluci¨®n de este enfrentamiento jur¨ªdico depende el derecho a la privacidad de los usuarios de Internet. Los abogados de Google argumentaron ante el magistrado las razones por las que se negaban a colaborar con el Departamento de Justicia. Aunque la muestra que deber¨¢n entregar es aleatoria y an¨®nima, Google considera que su cesi¨®n constituir¨¢ el principio del fin de la privacidad en Internet.

El juez federal asignado al caso, James Ware, anunci¨® que su intenci¨®n es requerir a Google la entrega de la lista de b¨²squedas que el Departamento de Justicia quiere emplear para una investigaci¨®n sobre pornograf¨ªa infantil. A la espera de la sentencia definitiva, el juez no revel¨® si exigir¨¢ medidas de protecci¨®n de la identidad de los usuarios cuyas b¨²squedas acabar¨¢n en manos del Gobierno estadounidense.

El enfrentamiento que ayer se dirim¨ªa en ese tribunal de California est¨¢ asociado a una ley de 1998, la Child Online Protection Act (Ley de Protecci¨®n del Menor en Internet). El texto establec¨ªa 50.000 d¨®lares y seis meses de prisi¨®n para los due?os de p¨¢ginas de Internet que incluyeran material "da?ino para los menores" en fotos o descripciones de contenido sexual.

Sin embargo, el Tribunal Supremo bloque¨® la ley seis a?os despu¨¦s de su entrada en vigor por el temor a que el texto recortase la libertad de expresi¨®n en Internet: aplicada con rigor, la ley podr¨ªa llevar a la c¨¢rcel a quienes ofrecieran p¨¢ginas de arte con cuadros de desnudos femeninos. Con su decisi¨®n, los jueces del Supremo establecieron que la protecci¨®n del menor corresponde m¨¢s bien a los usuarios mediante la instalaci¨®n de filtros contra la pornograf¨ªa o el contenido violento.

Consciente de que la decisi¨®n era controvertida, el Supremo oblig¨® a que el texto de la ley fuera sometido a un juicio civil entre quienes optaran por personarse en el caso. En contra de la sentencia del Supremo se person¨® el Departamento de Justicia (el Gobierno de EE UU), y a favor, la American Civil Liberties Union, la principal asociaci¨®n estadounidense de defensa de los derechos civiles.

En la preparaci¨®n del caso, la Fiscal¨ªa del Departamento de Justicia pidi¨® a varias empresas con servicios de b¨²squeda en Internet una muestra aleatoria de 50.000 p¨¢ginas de Internet accesibles desde el portal de b¨²squeda y 5.000 t¨¦rminos buscados en un periodo de una semana. Tres de las cuatro empresas que recibieron el requerimiento acataron su cumplimiento (Microsoft, America Online y Yahoo!), y la cuarta, Google, combate ahora en los tribunales ese requerimiento. Algunos analistas consideran que una victoria final del Departamento de Justicia sentar¨ªa las bases para que el Gobierno de Estados Unidos aspirase a controlar el movimiento y las comunicaciones de los usuarios de Internet.