Un proceso con siete jueces y cuatro fiscales

M¨¢s de dos a?os despu¨¦s del estallido del caso Fabra, el procedimiento judicial se encuentra todav¨ªa en una fase inicial, en la que se est¨¢ tomando declaraci¨®n a imputados y testigos y se re¨²ne la documentaci¨®n pertinente para la investigaci¨®n de los presuntos delitos de tr¨¢fico de influencias, cohecho, negociaciones prohibidas y un posible fraude fiscal, de los que se acusa al presidente de la Diputaci¨®n de Castell¨®n y presidente provincial del PP, Carlos Fabra.

El caso Fabra se ha caracterizado por la participaci¨®n de hasta siete jueces y cuatro fiscales. Los dos ¨²ltimos, nombrados por la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n, pidieron una excedencia y pasaron a trabajar en la empresa privada. Tanto Esquerra Republicana de Catalunya como Izquierda Unida han preguntado al Gobierno por este continuo cambio de jueces y fiscales, que, seg¨²n Isaura Navarro, de Esquerra Unida-l'Entesa, "est¨¢ adquiriendo en Castell¨®n la categor¨ªa de esc¨¢ndalo, haciendo dudar a la ciudadan¨ªa de la normalidad de los hechos, sobre todo en lo referente a los fiscales anticorrupci¨®n".

El caso Fabra se desat¨® en diciembre de 2003, cuando Vicente Vilar, un fabricante de productos fitosanitarios, present¨® dos querellas contra Fabra por supuestos delitos contra la salud p¨²blica y la propiedad industrial. Los juzgados de Nules no admitieron las querellas. Sin embargo, uno de ellos abri¨® un procedimiento de oficio, ya que dedujo la posible comisi¨®n de uno o varios delitos contra la Administraci¨®n p¨²blica, entre los que se encuentran los de tr¨¢fico de influencias, cohecho y prevaricaci¨®n.

Adem¨¢s, la juez imput¨® tanto a Fabra como a Vilar, as¨ª como a la esposa del primero, Mar¨ªa Amparo Fern¨¢ndez, y a la ex mujer del segundo, Monserrat Vives. Estas dos ¨²ltimas hab¨ªan formado una sociedad, Artemis 2000, vinculada a la comercializaci¨®n de productos fitosanitarios.

El fiscal jefe de Castell¨®n asumi¨® voluntariamente el caso. Posteriormente, fue la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n la que decidi¨® hacerse cargo de la representaci¨®n del ministerio p¨²blico, despu¨¦s de que se admitiese la personaci¨®n de la Uni¨®n de Consumidores de la Comunidad Valenciana como acci¨®n popular. Asimismo, destaca la abundante documentaci¨®n presentada por el denunciante, que tambi¨¦n est¨¢ imputado, y que implica a cuatro ex ministros del Gobierno de Aznar (los ex ministros de Agricultura Jes¨²s Posada y Miguel Arias Ca?ete; la ex ministra de Sanidad Celia Villalobos y el ex ministro de Ciencia y Tecnolog¨ªa Juan Costa), as¨ª como a otros ex altos cargos.

Adem¨¢s, existe una denuncia por fraude fiscal debido a la falta de justificaci¨®n de la procedencia de ingresos en efectivo por valor de 600.000 euros en cuentas de Fabra y su familia, de los que son imputables directamente al l¨ªder del PP de Castell¨®n, seg¨²n Hacienda, 300.000. Sin embargo, la Agencia Tributaria tambi¨¦n le ha acusado del impago de cuotas del impuesto sobre la renta de las personas f¨ªsicas (IRPF) por unos 150.000 euros en el ejercicio de 1999.

Pese a los indicios de delito hallado por las jueces, el PP no ha puesto en pr¨¢ctica su c¨®digo ¨¦tico de reclamar a Fabra sus cargos. Muy al contrario, el presidente regional el PP, Francisco Camps, y el portavoz del partido en el Congreso, Eduardo Zaplana, han mostrado su apoyo, sin fisuras, al l¨ªder provincial, aunque el alcalde de Castell¨®n, Alberto Fabra, ha sido se?alado por su partido para tratar de convencer a Carlos Fabra de la "oportunidad" de que no repita como candidato en la lista de la capital de La Plana para las pr¨®ximas elecciones.