Historia y memoria de la dictadura argentina

Los cad¨¢veres aparec¨ªan en las calles, enterrados en cementerios sin ning¨²n tipo de identificaci¨®n, quemados en fosas colectivas o arrojados al mar. Nunca hubo ejecuciones oficiales, porque todas eran clandestinas. En Argentina, desde 1976 a 1983, no hubo muertos: las personas desaparec¨ªan.

Todo empez¨® hace ahora treinta a?os, el 24 de marzo de 1976, cuando una Junta de Comandantes en Jefe, integrada por el general Jorge Rafael Videla, el almirante Emilio Eduardo Massera y el brigadier Orlando Ram¨®n Agosti, tom¨® el poder. Las Fuerzas Armadas se apropiaron del Estado y en una acci¨®n planificada de exterminio, aprobada en una reuni¨®n de generales, almirantes y brigadieres que tuvo lugar antes del golpe militar, iniciaron miles de detenciones clandestinas y asesinatos masivos. Proceso de Reorganizaci¨®n Nacional, le pusieron como nombre oficial. Fue terrorismo de Estado, puro y duro, sin precedentes en la historia argentina, una sociedad que hab¨ªa sufrido, no obstante, seis golpes militares en las cuatro d¨¦cadas anteriores.

La mayor¨ªa de las desapariciones ocurrieron en los tres primeros a?os. Casi treinta mil, seg¨²n las organizaciones defensoras de los derechos humanos. Hab¨ªa obreros, estudiantes, intelectuales, profesionales, personas conocidas por su militancia pol¨ªtica y social, pero tambi¨¦n familiares, gente se?alada por otros o mencionada en las sesiones de tortura. Primero se les secuestraba, normalmente de noche, en sus domicilios, en operaciones que inclu¨ªan a menudo el saqueo y robo de la vivienda. Despu¨¦s se les torturaba y si lo superaban, porque muchos se "quedaban", permanec¨ªan detenidos en dependencias policiales y unidades militares. A la mayor¨ªa de ellos les aguardaba, por ¨²ltimo, el "traslado", la ejecuci¨®n sin dejar pruebas.

A esa dictadura, como a otras muchas, m¨¢s o menos sangrientas, no le faltaron apoyos. Algunos de ellos naturales y previstos, como el del poder econ¨®mico y financiero o el de la jerarqu¨ªa de la Iglesia cat¨®lica, que, salvo excepciones, tal y como ha demostrado Emilio Mignone, bendijo la represi¨®n, la santific¨®, "cruzada por la fe", y obtuvo a cambio importantes beneficios corporativos. Pero ese episodio de "barbarizaci¨®n pol¨ªtica y degradaci¨®n del Estado", en palabras de Hugo Vezzetti, no hubiera sido posible sin la adhesi¨®n y conformidad de amplios sectores de la poblaci¨®n. "Por algo ser¨¢", dec¨ªan muchos para justificar que se llevaran a tanta gente. "Apoy¨¦ el Proceso, pero no sab¨ªa que la cosa hab¨ªa llegado a tal extremo", declaraban otros cuando las primeras pruebas de la masacre sal¨ªan a la luz. Miedo, silencio, complicidad, y tambi¨¦n una convicci¨®n de que el orden de la dictadura era preferible al "caos" y violencia anteriores.

Y frente al silencio y la ocultaci¨®n de los cr¨ªmenes surgi¨® la resistencia m¨¢s eficaz, la que se propuso dar a conocer la magnitud de la masacre. Un grupo de madres de desaparecidos comenzaron a reunirse todos los jueves en la Plaza de Mayo, reclam¨® a sus hijos, ocup¨® el lugar que los pol¨ªticos e indiferentes hab¨ªan dejado vac¨ªo. Fue la referencia de un movimiento que traspas¨® las fronteras, estimul¨® a la opini¨®n p¨²blica y dio una dimensi¨®n moral y universal a la lucha por los derechos humanos. Estuvieron solas al principio, instalada una parte de la sociedad en el miedo y en la conformidad pasiva con ese escenario de violencia. Hasta que la derrota en la guerra de las Malvinas, un conflicto con Gran Breta?a que tras 74 d¨ªas acab¨® en rendici¨®n incondicional el 14 de junio de 1982, agudiz¨® la crisis de la dictadura e hizo retroceder la represi¨®n. El apoyo a la reivindicaci¨®n nacional sobre las Malvinas, ocupadas por los brit¨¢nicos desde 1833, dio paso a la decepci¨®n y a la denuncia de los cr¨ªmenes.

La cuesti¨®n de los desaparecidos, el eufemismo con el que se denominaba a las v¨ªctimas del terrorismo de Estado, se situ¨® en el centro del debate. En realidad, el t¨¦rmino ya lo hab¨ªa definido el general Jorge Rafael Videla en 1979, en respuesta a las primeras indagaciones y presiones internacionales sobre la represi¨®n: "Mientras sea desaparecido no puede tener ning¨²n tratamiento especial, es una inc¨®gnita, es un desaparecido, no tiene entidad, no est¨¢ ni muerto ni vivo, est¨¢ desaparecido". Esa c¨ªnica visi¨®n del exterminio sin pruebas la compart¨ªan entonces los militares, algunos cuadros pol¨ªticos de los principales partidos, empresarios, eclesi¨¢sticos y periodistas. "Todos est¨¢n bajo tierra", respondi¨® un general, Alcides L¨®pez Aufranc, para tranquilizar a economistas y ciudadanos de orden que preguntaban sobre la actividad de algunos delegados sindicales.La lucha por la informaci¨®n, la verdad, la petici¨®n de justicia y el rechazo del olvido se convirtieron en se?as de identidad de la transici¨®n a la democracia. El acto fundacional fue el detallado informe realizado por la Comisi¨®n Nacional sobre la Desaparici¨®n de Personas (Conadep), creada por decreto el 15 de diciembre de 1983, tan s¨®lo cinco d¨ªas despu¨¦s de que Ra¨²l Alfons¨ªn asumiera el nuevo Gobierno democr¨¢tico, y presidida por el escritor Ernesto S¨¢bato. El informe, que vendi¨® decenas de miles de ejemplares con el t¨ªtulo de Nunca m¨¢s, result¨® la prueba incontrovertible frente a las justificaciones militares y una condena de todo tipo de violencia armada, incluida la guerrillera. Con la excusa de reprimir al "terrorismo subversivo", bastante desarticulado y derrotado antes del golpe, las Fuerzas Armadas se hab¨ªan apoderado del Estado y organizaron desde ¨¦l la detenci¨®n y aniquilamiento de miles de ciudadanos que nada ten¨ªan que ver con la guerrilla terrorista.

Tras el Nunca m¨¢s y la lucha contra la falsificaci¨®n de los hechos, lleg¨® el juicio p¨²blico a las Juntas, iniciado en abril de 1985, el s¨ªmbolo de la derrota pol¨ªtica de los ex comandantes, de la subordinaci¨®n a la autoridad civil. El juicio, que dur¨® hasta finales de ese a?o, no cerr¨® las cuentas pendientes entre las sociedad argentina y los militares, como se comprob¨® muy pronto con las Leyes de Punto Final y de Obediencia Debida, y con la insurrecci¨®n posterior del teniente coronel Aldo Rico y los "carapintadas", pero la imagen de unos jefes militares desfilando como reos ante la C¨¢mara Federal marc¨® un antes y un despu¨¦s en las transiciones a la democracia.

Justicia, adem¨¢s de verdad. ?se fue un problema que intent¨® resolver la transici¨®n argentina, que no han resuelto, por cierto, otras transiciones, y que afecta tambi¨¦n a la forma de implantar h¨¢bitos democr¨¢ticos en la sociedad y en sus instituciones. Dado que la violaci¨®n masiva de derechos humanos cont¨® con numerosos apoyos y dado que la democracia necesit¨® incorporar a esos grupos, empezando por las Fuerzas Armadas, en Argentina han tenido que hacer un enorme esfuerzo por equilibrar esa necesaria integraci¨®n con el recuerdo, la memoria viva y la mirada al pasado. Y en esa tarea est¨¢n ahora algunos historiadores, en analizar aquellos hechos para comprenderlos y transmitirlos a las generaciones futuras m¨¢s all¨¢ de la memoria testimonial y de los dramas de sus protagonistas.

La reciente nulidad de las Leyes de Obediencia Debida y Punto Final y las decisiones tomadas en pol¨ªticas p¨²blicas de memoria y de educaci¨®n, con la creaci¨®n de archivos y museos, han revitalizado el debate en torno a la dictadura y sobre c¨®mo debe gestionar el actual Estado democr¨¢tico ese pasado de tortura y muerte. Porque tres d¨¦cadas despu¨¦s, esa dictadura de apenas siete a?os aparece ya como uno de los m¨¢s destacados ejemplos de terrorismo de Estado, de "masacres administradas", como las llam¨® Hanna Arendt. Miles de desaparecidos, apropiaci¨®n de ni?os nacidos en cautiverio, creaci¨®n de m¨¢s de trescientos centros clandestinos de detenci¨®n, tortura y asesinato. Todo perfectamente planificado. Nunca m¨¢s.

Juli¨¢n Casanova es catedr¨¢tico de Historia Contempor¨¢nea de la Universidad de Zaragoza.