Cuando el pan est¨¢ al precio de las angulas

Observo con incredulidad la opini¨®n vertida estos d¨ªas en diferentes art¨ªculos, donde se aprecia una cr¨ªtica directa y descalificadora hacia la pol¨ªtica que estamos desarrollando desde el Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales. Y, en concreto, el acuerdo alcanzado en relaci¨®n con la ley del suelo es el punto de atenci¨®n. Da la sensaci¨®n de que hay personas y organizaciones que no pueden aceptar que este pa¨ªs avance mediante amplios acuerdos en la resoluci¨®n del problema de la vivienda y, sobre todo, que lo haga a golpe de iniciativas de izquierda, de car¨¢cter social, lideradas por Ezker Batua-Berdeak.

Estas opiniones dejan bien a las claras que hay quien sigue sin aceptar que una organizaci¨®n pol¨ªtica con tres parlamentarios auton¨®micos de un total de 75 sea capaz de alcanzar acuerdos, y adem¨¢s, mediante este trabajo en clave de consensos, consiga imprimir un giro progresista a nuestras iniciativas, que dan un vuelco a la realidad del mercado de la vivienda del que el principal beneficiado es el ciudadano vasco. ?se es nuestro pecado pol¨ªtico: entender el acceso a la vivienda como un derecho b¨¢sico de las personas. ?Cu¨¢l ha sido entonces nuestro atrevimiento?, ?Hemos hecho algo no debido? Eso es lo que parece. Porque entendemos que no es l¨ªcito enriquecerse de forma desmedida a costa de impedir a la juventud disponer de un techo en el que desarrollar un proyecto de vida. Porque deseamos que la oferta de viviendas protegidas supere a la de viviendas libres. Porque proponemos que las empresas promotoras obtengan beneficios del nivel de los que obtienen el resto de empresas de otros sectores econ¨®micos. Ni m¨¢s ni menos. E igualmente afirmamos que las instituciones p¨²blicas deben intervenir directamente en este mercado para restablecer el equilibrio perdido entre oferta y demanda. ?se ha sido nuestro atrevimiento. Un atrevimiento que, unos abiertamente a trav¨¦s de sus lobbies y otros ampar¨¢ndose en supuestos conocimientos t¨¦cnicos muy expertos, no nos perdonan. Hemos osado contradecir a los gur¨²s del sistema, hemos afirmado que los j¨®venes no deben pagar una vivienda a un precio superior al de una VPO, y en muchos casos ni siquiera eso, ya que se trata, no lo olvidemos, de un derecho b¨¢sico. Este atrevimiento no se perdona por parte de quienes detentan el poder econ¨®mico.

De no intervenir alguien en ese mercado, el resultado ser¨ªa que mucha gente no podr¨ªa acceder a un derecho b¨¢sico

?Por qu¨¦ tiene la ciudadan¨ªa que remunerar a quienes no realizan ninguna actividad productiva?

El problema que tienen estos detractores, que han construido una realidad -su realidad- bas¨¢ndose en inexactitudes, es que el Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales y las sociedades de ¨¦l dependientes no son organismos que act¨²an desde un Gobierno alejado de la realidad de la sociedad vasca: no. Los datos que manejamos y ahora exponemos nos han guiado a la hora de elaborar la socialmente tan necesaria ley del suelo.

En primer lugar, disponemos de la mejor informaci¨®n posible sobre las caracter¨ªsticas de los demandantes de vivienda protegida de Euskadi, porque en el Servicio Etxebide est¨¢n inscritas la pr¨¢ctica totalidad de las personas y familias demandantes. Y como conocemos el nivel de sus ingresos, sabemos que un 80% de esas personas tienen ingresos anuales inferiores a 21.000 euros; sabemos cu¨¢l es su capacidad de pago en condiciones de dignidad y, por lo tanto, sabemos qu¨¦ tipo de viviendas debemos ofrecerles.

En segundo lugar, conocemos con precisi¨®n los costes del suelo, de la urbanizaci¨®n y de la construcci¨®n de los edificios de vivienda, porque estamos en todos esos mercados y estamos impulsando una parte importante de las actuaciones que se desarrollan en nuestro pa¨ªs. Por ello, podemos afirmar rotundamente que el establecimiento de una reserva del 75% para vivienda protegida en los suelos urbanizables como la que plantea la nueva ley del Suelo es perfectamente aplicable y, adem¨¢s de remunerar sobradamente a los propietarios del suelo, permite la obtenci¨®n de un beneficio suficiente por parte de las empresas que trabajen en ¨¦l.

Pero, sobre todo, como conocemos el mercado, tenemos la certidumbre de que, de no existir reservas, las viviendas libres se seguir¨ªan vendiendo a los mismos precios que en la actualidad, ya que la presi¨®n de la demanda permite a los propietarios de suelo y a los promotores marcar los tiempos en este mercado y forzar a los compradores a pagar el m¨¢ximo que les permite su capacidad de endeudamiento. Utilizando el ejemplo de la panader¨ªa y los panes, como hac¨ªa el se?or Urresti, representante de los promotores, en su art¨ªculo: imaginemos un pa¨ªs en el que s¨®lo hubiera un par de productores de harina y que, no teniendo gran urgencia en venderla, decidieran no suministrarla a las panader¨ªas m¨¢s que en peque?as cantidades y a precio creciente cada d¨ªa. El precio del pan subir¨ªa inmediatamente, ya que la gente estar¨ªa dispuesta a pagar m¨¢s cada d¨ªa por tan preciado bien y eso alentar¨ªa a los productores de harina a cobrar m¨¢s por su materia prima.

De no intervenir alguien en este mercado, el resultado ser¨ªa el siguiente: mucha gente no podr¨ªa acceder a un derecho b¨¢sico como es la compra del pan, dada su escasez y sus prohibitivos precios, los productores de harina habr¨ªan obtenido unos beneficios enormes -m¨¢s que los de cualquier otro empresario de cualquier otro sector- y los productores de pan, aunque en menor medida, tambi¨¦n. Como dir¨ªa el se?or Urresti: un fracaso en toda regla. Pues eso es exactamente lo que ha pasado en el mercado del suelo y de la vivienda en las ¨²ltimas d¨¦cadas: que una oferta localizada f¨ªsicamente en pocas manos y con capacidad de dejar pasar el tiempo, y de matar el partido como dir¨ªan los futboleros, ha retenido suelos sin desarrollar, a la espera de que los pisos que se pod¨ªan construir en ellos -por cierto, por decisi¨®n de las administraciones p¨²blicas-, alcanzaran un precio suficiente para sus intereses especulativos.

Dos datos ilustran este hecho: el crecimiento de los precios de las viviendas libres en Euskadi en los ¨²ltimos diez a?os ha sido del 250%, mientras que los costes de construcci¨®n (excluido el precio del suelo) han crecido tan s¨®lo en un 35%. ?Qu¨¦ ha pasado con ese enorme diferencial? ?Ad¨®nde han ido a parar esas suculentas plusval¨ªas? Pues est¨¢ claro que a manos de los propietarios de suelos y de algunos promotores avispados que, con una actividad tan improductiva como dejar pasar el tiempo, han engordado sus cuentas de resultados a costa del resto de la ciudadan¨ªa, a costa del endeudamiento de aquellos que quieren acceder a una vivienda. Unos ciudadanos que han logrado pagar cantidades tan elevadas porque las entidades financieras, que tambi¨¦n han hecho su agosto, se han movido con gran rapidez alargando el plazo de los pr¨¦stamos y trasladando la ficci¨®n de que la capacidad adquisitiva de una persona depende de la cuant¨ªa de la cuota mensual en un momento dado. Y la pregunta es clara y rotunda: ?por qu¨¦ tiene la ciudadan¨ªa que remunerar a quienes no realizan ninguna actividad productiva, no arriesgan nada y se lucran de forma tan escandalosa con la necesidad de tantas personas?

Siguiendo con el ejemplo del pan, estoy convencido de que, a la vista de esta situaci¨®n, la poblaci¨®n pedir¨ªa a las administraciones p¨²blicas dos cosas: que obligara a las empresas harineras a sacar sus reservas de harina al mercado de inmediato y que, mientras se restableciera el equilibrio en el mercado y los precios volvieran a resultar asequibles, el precio del pan estuviera limitado. Pues eso es exactamente lo que plantea la ley del Suelo que Ezker Batua-Berdeak est¨¢ impulsando desde hace ya tres a?os: que sean los ayuntamientos los que tomen el relevo de los propietarios de suelo en el control de los desarrollos urban¨ªsticos determinando el momento en que esos desarrollos se deben producir y que la mayor parte de las viviendas que se puedan construir sean de precio limitado.

Por lo dem¨¢s, debo decir que el se?or Urresti ya nos ha demostrado en varias ocasiones su capacidad para tergiversar datos, y en el art¨ªculo citado lo vuelve a hacer. Las viviendas de protecci¨®n oficial iniciadas en el periodo 2002-2005 en Euskadi son 20.701. Y minimizar la importancia de este dato, me parece una falta de rigor impropia de alguien que representa a una asociaci¨®n de empresarios del sector, que bien entienden de n¨²meros. Y si no, podemos refrescar la memoria de los olvidadizos: los promotores vizca¨ªnos se quejan por lo reducido del n¨²mero total de viviendas que se construyen en Euskadi; pues bien, en los ¨²ltimos seis a?os se han registrado los datos m¨¢s altos de actividad del sector de entre los ¨²ltimos treinta. Pero con todo, nosotros no nos desviamos del camino emprendido, y por eso seguimos trabajando duro tanto en el campo normativo, a trav¨¦s de la aprobaci¨®n de la ley del Suelo, como en el de la gesti¨®n. Pero es incontestable que 20.701 personas y familias, una a una, han podido ver resuelto su problema de vivienda accediendo a una VPO de nueva construcci¨®n. Si a eso a?adimos las que han accedido a una vivienda vac¨ªa del programa Bizigune o se han visto beneficiadas por una subvenci¨®n para la compra en el mercado libre, podemos concluir que m¨¢s de 25.000 personas y familias se han visto afectadas positivamente por esa pol¨ªtica de vivienda que pretende denostar el se?or Urresti.

Si estuvieran en vigor las sugerencias de los promotores vizca¨ªnos, esas 25.000 personas y familias habr¨ªan tenido que pagar m¨¢s del doble, endeud¨¢ndose de por vida, para cubrir su derecho b¨¢sico a disponer de una vivienda. Habr¨ªan pagado pan a precio de las angulas.

Javier Dean es viceconsejero de Vivienda del Gobierno vasco.