El Ayuntamiento de los esc¨¢ndalos
14 de los 27 concejales de Marbella est¨¢n imputados en procesos judiciales y otros cuatro ya han dimitido tras ser inhabilitados
La historia ha resultado ser exactamente la contraria de la que anunciaban los buenos prop¨®sitos que Marisol Yag¨¹e y sus socios de Gobierno se plantearon cuando, en agosto de 2003, desbancaron de la alcald¨ªa a Juli¨¢n Mu?oz mediante una pol¨¦mica moci¨®n de censura. Las promesas se regeneraci¨®n, de inicio de una nueva etapa, de ruptura con la oscura etapa de Jes¨²s Gil, se esfumaron como la espuma. El primer paso de nuevo equipo ya auguraba el mal camino: la contrataci¨®n como asesor de Urbanismo de Juan Antonio Roca, el hombre que dirigi¨® el planeamiento de la ciudad con Jes¨²s Gil.
Tambi¨¦n prometi¨® Yag¨¹e no volver a conceder m¨¢s licencias de obras contrarias al Plan General de Ordenaci¨®n Urbana (PGOU) vigente, de 1986. Y resulta que en dos a?os y medio la Junta de Andaluc¨ªa ha impugnado en los tribunales 178 permisos de obras otorgados por ella, casi tantos como los que acumularon en 12 a?os Gil y Mu?oz (211). ?ste ha sido uno de los argumentos en los que se ha basado la Administraci¨®n auton¨®mica para abrir expediente para la retirada de las competencias urban¨ªsticas al Ayuntamiento de Marbella, una medida sin precedentes en la comunidad aut¨®noma.
La Junta ha impugnado 178 permisos de obra y los jueces han parado 250 proyectos
Durante este tiempo, la alcaldesa se ha negado a revisar las licencias ilegales concedidas por sus antecesores, pese a que la Junta le ha formulado 54 requerimientos. Tampoco atendi¨® ninguno de las 250 reclamaciones para que paralizara obras declaradas ilegales por los tribunales. El Gobierno de Marisol Yag¨¹e no s¨®lo no ha acatado las sentencias judiciales, sino que ha tomado medidas urban¨ªsticas que presuntamente vulneraban la ley, por las que la Fiscal¨ªa de Medio Ambiente de M¨¢laga ha recibido hasta 115 notificaciones.
Los asuntos urban¨ªsticos han motivado la apertura de numerosos procedimientos judiciales -hay 30 casos pendientes de juicio de las anteriores corporaciones- que, sumados a otros casos, como las irregularidades detectadas por el Tribunal de Cuentas, hacen que en estos momentos est¨¦n imputados en distintos casos 14 de los 27 concejales de la corporaci¨®n municipal, 10 de ellos del equipo de Gobierno.
Adem¨¢s, otros cuatro ediles que salieron elegidos en las elecciones municipales de 2003 se han visto obligados a dimitir al haber sido inhabilitados por sentencias judiciales. Es el caso del ex alcalde Juli¨¢n Mu?oz, quien dej¨® de ser edil un a?o despu¨¦s de ser destituido como alcalde, tras ser condenado por no facilitar informaci¨®n a la oposici¨®n. Despu¨¦s de ello ha sido condenado en dos procedimientos a tres a?os de prisi¨®n en total por delito urban¨ªstico.
Tambi¨¦n dimitieron en diciembre pasado los concejales procedentes del GIL Rafael Gonz¨¢lez y Marisa Alcal¨¢, condenados junto a Mu?oz en uno de los procesos por delito urban¨ªstico. Por ¨²ltimo, tambi¨¦n en diciembre de 2005, abandon¨® la corporaci¨®n el andalucista Carlos Fern¨¢ndez, quien ya no formaba parte del equipo de Gobierno, ya que fue inhabilitado por malversaci¨®n en el ¨¢rea de Deportes por un asunto de 1995, cuando era concejal del GIL.
En septiembre pasado, Yag¨¹e expuls¨® del equipo de Gobierno al Partido Andalucista, al que acus¨® de extorsionar a trabajadores municipales para que aportaran dinero al partido. Por ese asunto est¨¢n imputados Fern¨¢ndez y el todav¨ªa concejal Pedro P¨¦rez, secretario general del PA en la provincia de M¨¢laga.
La Junta de Andaluc¨ªa, adem¨¢s, decidi¨® hace una semana revocar el convenio de colaboraci¨®n que firm¨® con el Ayuntamiento de Marbella en enero de 2003 para la redacci¨®n de un nuevo Plan General de Ordenaci¨®n Urbana (PGOU). El objetivo era dotar al municipio de unas reglas de juego claras y acabar con la situaci¨®n de inseguridad jur¨ªdica que envuelve a la actividad urban¨ªstica en la ciudad.
La Junta alega los reiterados incumplimientos del Consistorio y su falta de colaboraci¨®n, que ha llegado hasta el extremo de oponer todo tipo de obst¨¢culos al equipo redactor, que dirige el urbanista Manuel Gonz¨¢lez Fustegueras, quien logr¨® el trabajo mediante concurso. El equipo de Yag¨¹e nunca ha ocultado su disconformidad con el documento de avance elaborado por Fustegueras, en el que se recoge que en Marbella se han construido en los ¨²ltimos 12 a?os 30.000 viviendas ilegales, de las que 85% podr¨ªan ser regularizadas mediante un sistema de compensaciones. El resto quedar¨ªa fuera de ordenaci¨®n porque se han alzado en terrenos que estaban destinados a equipamientos p¨²blicos de la ciudad. Para desacreditar el documento, el Ayuntamiento calcul¨® que ejecutar estas propuestas de regularizaci¨®n le costar¨ªa unos 650 millones de euros, una cifra que estim¨® "inasumible".
Al caos urban¨ªstico en el que vive Marbella se suma tambi¨¦n la delicada situaci¨®n econ¨®mica del Ayuntamiento, "en quiebra t¨¦cnica", seg¨²n constat¨® un reciente informe del Tribunal de Cuentas. ?ste cifraba en m¨¢s de 100 millones de euros las p¨¦rdidas patrimoniales que hab¨ªa sufrido el Consistorio por los convenios urban¨ªsticos firmados con promotores.
Hace una semana, la basura se qued¨® un d¨ªa sin recoger en la ciudad por la deuda con la planta de tratamiento, propiedad de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental. Adem¨¢s, Telef¨®nica reclama al consistorio de 1.200.000 euros de recibos atrasados. Ayer mismo, los trabajadores lamentaron que la detenci¨®n de la alcaldesa se ha producido antes de que firmara las n¨®minas de marzo.
El ¨²ltimo esc¨¢ndalo, antes de su detenci¨®n, lo protagoniz¨® hace unos d¨ªas Yag¨¹e cuando un juzgado decret¨® el embargo de su vivienda por el impago de 949.000 euros de unas obras de reforma interior. Yag¨¹e est¨¢ imputada de malversaci¨®n por desviar materiales municipales a esta obra particular.
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