Al rojo vivo
Atenci¨®n al problema de la inmigraci¨®n ilegal en EE UU, que, salvo cataclismo siempre posible en Irak, puede convertirse en el tema estrella de las elecciones legislativas estadounidenses del pr¨®ximo noviembre. Como todo tema de pol¨ªtica interior, su evoluci¨®n afecta mucho m¨¢s el d¨ªa a d¨ªa del ciudadano medio que los acontecimientos en Irak por muy adversos que ¨¦stos sean. De c¨®mo afronten el Gobierno federal y el legislativo la patata caliente de la inmigraci¨®n depender¨¢ la futura composici¨®n de las dos c¨¢maras del Congreso. El tema est¨¢ al rojo vivo en estados clave como California, Tejas, Nueva York e Illinois, decisivos para las aspiraciones de los dos partidos. El republicano para mantener sus actuales mayor¨ªas en la C¨¢mara de Representantes y el Senado; y el dem¨®crata para intentar conquistar, al menos, una de las dos. (Ni siquiera los gur¨²s dem¨®cratas m¨¢s optimistas apuestan por una victoria en las dos c¨¢maras).
Las masivas manifestaciones del pasado fin de semana en las ciudades m¨¢s populosas de EE UU -s¨®lo Los ?ngeles reuni¨® a m¨¢s de medio mill¨®n de personas- en contra de una resoluci¨®n de la C¨¢mara baja que pretende convertir pr¨¢cticamente en delincuentes a los inmigrantes indocumentados, al tiempo que proh¨ªbe la prestaci¨®n de servicios sociales a los ilegales, constituyen el mejor term¨®metro de la gravedad de la situaci¨®n. El Gobierno federal y los estatales est¨¢n desbordados por la magnitud de las cifras de ilegales, que ascienden a 12 millones de personas, principalmente mexicanos. El Senado tiene ahora la palabra cuando el martes comience el debate sobre una nueva ley de emigraci¨®n que endurezca o suavice la resoluci¨®n aprobada por la C¨¢mara. Pero un a?o electoral no propicia precisamente un clima de ecuanimidad y serenidad. La mayor¨ªa republicana est¨¢ dividida entre los que quieren convertir el tema en un simple problema de seguridad con el reforzamiento de la vigilancia en la frontera sur y los que pretenden cambiar radicalmente la actual ley para tratar de encontrar una soluci¨®n permanente al problema, m¨¢s acorde con la tradici¨®n de acogida que ha caracterizado la historia estadounidense. La posici¨®n de la Casa Blanca est¨¢ m¨¢s cercana al segundo planteamiento.
El presidente George Bush ha propuesto al Congreso un programa que permitir¨ªa a una mayor¨ªa de los ilegales aceptar empleos temporales durante cuatro a?os en EE UU para regresar despu¨¦s a sus pa¨ªses de origen, sin que ese tiempo de estancia fuera computable a efectos de solicitar la nacionalidad americana. Pero se opone a una amnist¨ªa generalizada, porque, en su opini¨®n, ser¨ªa injusta para los inmigrantes que han seguido los canales establecidos y han esperado cinco a?os para adquirir la nacionalidad estadounidense. "Am¨¦rica es una naci¨®n de inmigrantes, pero tambi¨¦n es una naci¨®n de leyes", dijo en una reciente ceremonia de nacionalizaci¨®n de nuevos ciudadanos. Junto a un endurecimiento de las medidas de seguridad en las fronteras para satisfacer a los halcones, el presidente propone tambi¨¦n un incremento sustancial en la concesi¨®n de tarjetas verdes de residencia, que, transcurrido el plazo de cinco a?os, dan derecho a la obtenci¨®n de la ciudadan¨ªa para los especialistas que precise la industria americana (l¨¦ase ingenieros electr¨®nicos y t¨¦cnicos en inform¨¢tica procedentes del subcontinente asi¨¢tico).
Bush se encuentra en una posici¨®n similar a la de su antecesor republicano, Abraham Lincoln, que, siempre se neg¨® a considerar a los miles de emigrantes europeos llegados durante su mandato como ciudadanos de segunda clase, como le propon¨ªan algunos de sus colaboradores. Como recordaba David Brooks en el New York Times, Lincoln siempre consider¨® a los reci¨¦n llegados "una corriente revitalizadora... verdaderos americanos, carne de la carne de los hombres que concibieron la Declaraci¨®n de Independencia". Sin la elocuencia de Lincoln, Bush se da cuenta de que sin el voto latino no dejar¨¢ un republicano en la Casa Blanca. Pero las elecciones de noviembre de este a?o no son presidenciales, sino legislativas. Y cada legislador quiere salvar su esca?o.
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