Feminismo y prostituci¨®n

En estos ¨²ltimos meses se ha abierto en nuestro pa¨ªs un intenso debate acerca de la regulaci¨®n de la prostituci¨®n. Parlamentarias/os, expertas/os y asociaciones de mujeres pugnan por imponer sus puntos de vista acerca de la oportunidad de que el Estado reconozca derechos laborales y sociales a las trabajadoras del sexo. Es lo que ellas reivindican desde hace d¨¦cadas. "No hacemos da?o a nadie, queremos ser legales", era el grito un¨¢nime que presidi¨® una manifestaci¨®n masiva de prostitutas en la Barcelona de los a?os ochenta, cuando todav¨ªa su entorno estaba prohibido y se castigaba a proxenetas, rufianes y empleadores del mercado del sexo.

La ocasi¨®n parec¨ªa llegada cuando el C¨®digo Penal de 1995 despenaliz¨® todas las actividades que favorec¨ªan el ejercicio de la prostituci¨®n libremente acordada entre adultos, haciendo desaparecer del texto legal cualquier vestigio de abolicionismo. Una reforma que sus promotores, los gobernantes del PSOE de entonces, justificaban con sobradas razones de defensa de la libertad sexual y de superaci¨®n de la hipocres¨ªa social acerca de una pr¨¢ctica que se ejerc¨ªa y se anunciaba a la luz del d¨ªa. Pero se perdi¨® esa oportunidad y, durante estos a?os, los ¨²nicos que se han acordado de salvaguardar los derechos de las prostitutas han sido los tribunales penales cuando han detectado abusos en sus relaciones laborales. Muchos empresarios de la industria del sexo han sido condenados por la explotaci¨®n de sus empleadas al exigirles condiciones de ejercicio de la prestaci¨®n sexual incompatibles con la dignidad de cualquier trabajador, tales como la imposici¨®n de servicios sexuales no deseados o la ausencia de una remuneraci¨®n suficiente o de una jornada laboral adecuada con los permisos y descansos correspondientes. Se trata de evitar, seg¨²n la l¨®gica argumentativa que ha acompa?ado a esas sentencias, que "los m¨¢s desprotegidos deban cargar con las consecuencias de su desprotecci¨®n".

Un pragmatismo del que debiera contagiarse el actual debate. En cambio, una de las tesis preferentes es que la prostituci¨®n libre no existe. ?C¨®mo explicar entonces esos movimientos sociales de apoyo a las prostitutas, las propias declaraciones de ¨¦stas, aqu¨ª y en otros pa¨ªses, abiertamente favorables a la regulaci¨®n de sus derechos y obligaciones, las crecientes manifestaciones de su ejercicio aut¨®nomo sin que nadie les imponga r¨¦gimen coactivo alguno? Siempre queda el h¨¢bil recurso de atribuirles abusos sexuales en la infancia, trastornos cognitivos, d¨¦ficit de socializaci¨®n o situaciones de angustiosa necesidad o dependencia para negarles su capacidad para decidir por s¨ª mismas, releg¨¢ndolas a la condici¨®n de infrasujetos. Es una v¨ªa perversa de condenarlas a la invisibilidad social.

Y si la realidad se impone y llega a demostrar que la ausencia de libertad en la prostituci¨®n no es m¨¢s que un dogma, un presupuesto ideol¨®gico que los escasos datos con que se cuenta desmienten, entonces queda el recurso a la dignidad del g¨¦nero. La prostituci¨®n aun libre es degradante para la mujer porque la convierte en instrumento de uso del hombre, rebaj¨¢ndola a la categor¨ªa de objeto y consolidando la inferioridad de la condici¨®n femenina en todo el mundo. El viejo discurso de la inmoralidad deja paso al de la violencia de g¨¦nero. La Mujer (en may¨²scula) sustituye a las mujeres reales en este imaginario feminista. El Estado, en consecuencia, no puede regular algo que es intr¨ªnsecamente degradante para la Mujer (otra vez en may¨²scula).

No hay m¨¢s que adentrarse en la literatura feminista de los ¨²ltimos a?os para comprobar que ¨¦sta no es la voz un¨¢nime de las mujeres. Hay todo un sector del feminismo contempor¨¢neo que apuesta por la construcci¨®n de una identidad de la mujer como sujeto -no deficitario, no sometido- en busca del reconocimiento y del respeto de su alteridad y de la conquista de espacios que garanticen su libertad y autonom¨ªa personales. Que piensa que la insistencia en victimizar a la mujer en sus relaciones con los hombres traduciendo cualquiera de sus diferencias en pura dominaci¨®n es una simplificaci¨®n de las relaciones de g¨¦nero. Que entiende que hay otras construcciones sociales, entre las que se cuenta la sexualidad, que merecen ser repensadas en clave distinta al reduccionismo propio del todo-poder de los hombres sobre las mujeres. Que reh¨²ye asumir el estatus de empresarias de la moral colectiva estableciendo lo que est¨¢ mal o bien en las complejas relaciones entre los sexos. O que renuncia a confiar al Estado y al derecho la soluci¨®n de todos sus problemas.

Traduciendo ese ideario feminista al actual debate acerca del futuro de la prostituci¨®n libremente acordada entre adultos, la perspectiva es otra bien distinta. Lo que est¨¢ en juego, en un momento tan decisivo como ¨¦ste en que se discute su regulaci¨®n legal, no es esa dignidad abstracta que confiere y supuestamente impone el g¨¦nero, sino la dignidad concreta de las mujeres -y hombres y travestis, por cierto- que libremente deciden ganarse la vida con el trabajo del sexo y reivindican el reconocimiento de su existencia como sujetos de derechos. Criminalizando su entorno y sus relaciones no se les protege, sino que se les oculta en la subcultura de lo desviado, garantizando su victimizaci¨®n. La prohibici¨®n crea estigma, aislamiento y mayores dosis de vulnerabilidad e indefensi¨®n para sus supuestos beneficiarios.

Pero, adem¨¢s, ?cu¨¢l es la prostituci¨®n que se quiere abolir desde el Estado? ?La callejera, la de los burdeles y los clubes, que son sus formas m¨¢s visibles? ?O se busca desmontar el mercado de la pornograf¨ªa, las cabinas, las l¨ªneas er¨®ticas, los anuncios y reclamos de servicios relacionados con el sexo? ?D¨®nde fijar la l¨ªnea de lo indigno y lo degradante? Seguramente ser¨ªa preferible reservar las fuerzas para intentar erradicar la prostituci¨®n forzada, que es hoy una de las formas m¨¢s graves y persistentes de violencia de g¨¦nero. Para ello no se precisan nuevas leyes, que ya hay bastantes; es suficiente con un buen uso judicial y pol¨ªtico de las que tenemos. Favorecer la transparencia en el mercado de la prostituci¨®n y garantizar condiciones de legalidad para quienes denuncien pr¨¢cticas de explotaci¨®n sexual puede ser un buen comienzo.

Mar¨ªa Luisa Maqueda Abreu es catedr¨¢tica de Derecho Penal de la Universidad de Granada.