El Ayuntamiento subraya que la Comunidad y el Consejo de Estado avalaron la obra

"En esto estamos las tres administraciones: Gobierno central, Comunidad y Ayuntamiento. Las tres estamos concernidas por la carta de la Comisi¨®n Europea". As¨ª de tajante se mostr¨® ayer Jos¨¦ Mar¨ªa Ortega, director de Desarrollo de Infraestructuras en el Ayuntamiento, tras conocer que Bruselas ha abierto expediente a Espa?a por las obras de la M-30. Seg¨²n Ortega, lo ¨²nico que ha hecho la UE es "iniciar el procedimiento para averiguar si Espa?a ha incumplido o no el derecho comunitario". "Ahora nosotros tenemos que responder explicando por qu¨¦, a nuestro juicio, no se incumple", dice.

Pero en ese "nosotros" incluye el director general a las tres administraciones. "Nadie debe olvidar que las obras no pasaron declaraci¨®n de impacto ambiental porque la Comunidad de Madrid eximi¨® al Ayuntamiento de ese tr¨¢mite, y que el Consejo de Estado [¨®rgano consultivo del Gobierno central y del aut¨®nomo] tambi¨¦n se mostr¨® a favor. Por ¨²ltimo, el Ministerio de Medio Ambiente impuso una serie de condiciones para ejecutar la obra del r¨ªo, que el Ayuntamiento est¨¢ cumpliendo. Si la normativa europea est¨¢ mal traspuesta a las leyes espa?olas, eso no es responsabilidad del gobierno municipal", concluy¨® Ortega.

La concejal de Urbanismo, Pilar Mart¨ªnez, insisti¨® en restar importancia a la decisi¨®n de la Comisi¨®n. "Una carta de emplazamiento lo que hace es abrir un procedimiento administrativo, pero no est¨¢ diciendo que haya infracci¨®n. Vamos a contestar en el plazo de dos meses con toda la transparencia", afirm¨®. Mart¨ªnez record¨® que, hasta la fecha, "cinco sentencias judiciales" han dado la raz¨®n al Ayuntamiento y se la han quitado a quienes ped¨ªan paralizar las obras por carecer de declaraci¨®n ambiental.

"V¨ªa urbana"

El Consejo de Estado emiti¨® su dictamen -elaborado a instancias del Gobierno regional- en abril de 2004. En ¨¦l explicaba que, al cambiar de titularidad la M-30 (el Ministerio de Fomento se la hab¨ªa traspasado al Ayuntamiento dos meses antes), dejaba de ser una "carretera" para convertirse en una "v¨ªa urbana" y que, por ello, su reforma no requer¨ªa declaraci¨®n ambiental previa.

Con ese informe en la mano, la Comunidad eximi¨® al proyecto de la obligaci¨®n de pasar el tr¨¢mite, aunque le impuso condiciones. Quedaba un obst¨¢culo: las obras en el tramo del r¨ªo afectaban a una zona que es competencia exclusiva del Ministerio de Medio Ambiente. Finalmente, la Confederaci¨®n Hidrogr¨¢fica del Tajo dio su aprobaci¨®n al proyecto -"para que el r¨ªo sea parte de la vida ciudadana", dijo su presidente, Jos¨¦ Mar¨ªa Mac¨ªas-, pero tambi¨¦n con condiciones.