Ladrones de agua
Adena denuncia la existencia de unos 10.000 pozos ilegales en la cuenca del Guadalquivir
Sevilla El Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF-Adena) ha hecho p¨²blico un completo informe sobre el uso ilegal del agua en Espa?a, en el que se asegura que al menos el 45 % de los caudales bombeados desde los acu¨ªferos se extraen al margen de la legalidad. En el caso de la comunidad de Andaluc¨ªa, el documento advierte de que s¨®lo en la cuenca del Guadalquivir hay un m¨ªnimo de 10.000 pozos ilegales, algunos de ellos en zonas de gran valor ecol¨®gico donde el agua es un elemento vital, como ocurre en el entorno del Parque Nacional de Do?ana.
De acuerdo con los c¨¢lculos m¨¢s conservadores, realizados a partir de los datos que maneja el propio Ministerio de Medio Ambiente, cada a?o se explotan en Espa?a, de forma ilegal, unos 3.600 hect¨®metros c¨²bicos de agua procedente de acu¨ªferos, cantidad suficiente para cubrir las necesidades de una poblaci¨®n de 58 millones de personas durante todo un a?o. Este volumen de agua contrasta con los caudales que se extraen de forma legal, estimados en unos 4.500 hect¨®metros c¨²bicos/a?o, lo que significa que los acu¨ªferos est¨¢n sufriendo una presi¨®n insostenible que, en muchos casos, ni siquiera aparece reflejada en las estad¨ªsticas.
El n¨²mero de pozos ilegales que se reparten por todo el pa¨ªs supera el medio mill¨®n, y eso considerando ¨²nicamente aquellos de los que se extraen m¨¢s de 7.000 metros c¨²bicos de agua al a?o. Si a este balance se suman las peque?as perforaciones, igualmente ilegales, que se realizan en explotaciones agr¨ªcolas de reducido tama?o, viviendas unifamiliares o fincas de recreo, las cifras se disparan.
Con este panorama desolador arranca el informe sobre el uso ilegal del agua en Espa?a que acaba de publicar el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF-Adena), documento que advierte sobre la gravedad de un problema cuyas consecuencias "paga la sociedad en su conjunto". Al margen del impacto ambiental de estas pr¨¢cticas, los usuarios legales del agua subterr¨¢nea, desde empresas de abastecimiento hasta agricultores, sufren escasez de recursos "mientras otros obtienen importantes beneficios econ¨®micos infringiendo la ley".
Cultivos quemados
En muchos casos, explica Adena, la disminuci¨®n del l¨ªquido disponible va acompa?ada de una disminuci¨®n de la calidad y, as¨ª, aparecen "cultivos quemados por aguas cargadas de sales y poblaciones con agua de boca contaminada con fertilizantes y pesticidas". A pesar de estas graves consecuencias, la Administraci¨®n carece de los medios necesarios para hacer cumplir la ley y, a juicio de este colectivo conservacionista, tampoco destaca por su decisi¨®n pol¨ªtica a la hora de atajar estas ilegalidades. Pero el factor decisivo que explica la proliferaci¨®n de estas pr¨¢cticas, admiten los ecologistas, es "el grand¨ªsimo beneficio econ¨®mico que reporta la utilizaci¨®n del agua extra¨ªda il¨ªcitamente, ya sea para usos agr¨ªcolas, tur¨ªsticos o urban¨ªsticos".
A pesar de que a la hora de elaborar este informe los principales organismos del agua en Andaluc¨ªa (Confederaci¨®n Hidrogr¨¢fica del Guadalquivir y Agencia Andaluza del Agua) no facilitaron a Adena la informaci¨®n que esta les requer¨ªa, el informe incorpora abundantes referencias a esta comunidad. En concreto, y citando datos oficiales, se estima que en toda la cuenca del Guadalquivir existen unos 10.000 pozos ilegales, y estas perforaciones se est¨¢n multiplicando incluso en zonas de alto valor ecol¨®gico, como ocurre en el entorno de Do?ana.
La agricultura sigue siendo la gran consumidora de agua en Andaluc¨ªa, hasta el punto de que s¨®lo los olivares en regad¨ªo demandan cada a?o unos 620 hect¨®metros c¨²bicos, cantidad equivalente al consumo dom¨¦stico de 10 millones de personas. En algunas comarcas, como ocurre en la Loma de ?beda (Ja¨¦n), la explotaci¨®n de los acu¨ªferos experimenta un crecimiento sin l¨ªmites, a pesar de las denuncias, expedientes y multas con las que se han tratado de frenar las perforaciones ilegales.
El n¨²mero de pozos sin regularizar en esta comarca ronda el medio millar y, en la mayor¨ªa de los casos, extraen el agua de bolsas situadas a gran profundidad. Seg¨²n el Instituto Geol¨®gico y Minero, los regantes extraen en la actualidad unos 35 hect¨®metros c¨²bicos al a?o, mucho m¨¢s de lo recarga el acu¨ªfero por las filtraciones del r¨ªo Guadalimar, de manera que, si se mantiene el ritmo actual de explotaci¨®n, estos dep¨®sitos subterr¨¢neos se agotar¨¢n en menos de 20 a?os.
Igualmente grave es la situaci¨®n que se registra en el entorno de Do?ana. En la zona arrocera de Los Hatos, situada al norte de las marismas, se extraen de manera ilegal unos 12 hect¨®metros c¨²bicos de agua al a?o, y pesar de que los expedientes sancionadores no han dejado de instruirse a lo largo de m¨¢s de quince a?os, no ha sido hasta finales de 2005 cuando, por fin, han podido clausurarse algunos pozos. Y en la cabecera del arroyo de la Rocina se estima que alrededor del 50% del agua que se emplea en los cultivos de fres¨®n es ilegal.
En estas condiciones, denuncia Adena, no es extra?o que el acu¨ªfero de Do?ana est¨¦ experimentando descensos importantes en numerosos puntos, con disminuciones del nivel fre¨¢tico que han llegado hasta los 16 metros, lo que est¨¢ alterando las condiciones naturales de ecosistemas particularmente sensibles.
sandoval@arrakis.es
Vigilancia y sanciones
El Fondo Mundial para la Naturaleza no s¨®lo denuncia el problema del uso ilegal del agua, aportando datos concretos sobre esta pr¨¢ctica, sino que, asimismo, propone diversas medidas para resolver esta situaci¨®n. El Ministerio de Medio Ambiente, y las comunidades aut¨®nomas que tienen competencias, como es el caso de Andaluc¨ªa, deben, en principio, reforzar los mecanismos de vigilancia para identificar los aprovechamientos ilegales, sobre todo en zonas sometidas a sobreexplotaci¨®n donde las perforaciones est¨¢n expresamente prohibidas.
Tambi¨¦n se propone una reforma de las comunidades de usuarios de aguas, de manera que se consiga una mayor implicaci¨®n de las mismas en la gesti¨®n racional de este recurso. Ligada a esta propuesta se incluye la de promover la formaci¨®n y sensibilizaci¨®n de los regantes, aport¨¢ndoles, por ejemplo, datos peri¨®dicos referidos a la situaci¨®n de los acu¨ªferos. Deber¨ªan, asimismo, revisarse las concesiones de agua existentes para rescatar vol¨²menes de agua significativos en zonas sobreexplotadas. Si la modernizaci¨®n de un regad¨ªo supone un cierto ahorro de agua legal, esta podr¨ªa ser rescatada para emplearse en el abastecimiento dom¨¦stico, en usos ambientales, o para incentivar actividades que supongan un desarrollo rural sostenible.
Adena tambi¨¦n sugiere una mayor implicaci¨®n en esta batalla de las correspondientes consejer¨ªas de Agricultura e Industria, de manera que puedan vigilarse, y perseguirse, los cambios de uso de suelo, no autorizados, vinculados a usos ilegales del agua. Tambi¨¦n podr¨ªa establecerse la legalidad en el uso del agua como requisito obligatorio para el cobro de cualquier ayuda agraria, y elaborar planes de ordenaci¨®n territorial que sean compatibles con los recursos disponibles en cada cuenca hidrogr¨¢fica. Los propios usuarios legales tambi¨¦n deber¨ªan participar en este empe?o, presionando a las administraciones para que persigan estas irregularidades.
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