La Generalitat pagar¨¢ los posibles retrasos del aeropuerto de Castell¨®n

La sociedad adjudicataria de la construcci¨®n y explotaci¨®n del futuro aeropuerto de Castell¨®n, Concesiones Aeroportuarias, SA (formada por FCC, Lubasa, PGP, Caja Madrid, Bancaja y Abertis), ha forzado la inclusi¨®n de varios cambios en el contrato de adjudicaci¨®n, con los que ha logrado que la Generalitat cubra, econ¨®micamente, los riesgos derivados de posibles futuras demoras en la puesta en marcha de la infraestructura.

El proyecto tiene pendientes tr¨¢mites como la fijaci¨®n del espacio a¨¦reo

El sistema de indemnizaci¨®n no ser¨¢ el de incremento del plazo de concesi¨®n, como suele determinarse habitualmente, sino que la Administraci¨®n auton¨®mica habr¨¢ de pagar, con dinero, las paralizaciones, suspensiones o desencuentros entre administraciones, en el caso en el que se den y de que estas provoquen un retraso en el inicio de la explotaci¨®n. La orden de paralizaci¨®n decretada por el Ministerio de Fomento, por una irregularidad en la tramitaci¨®n del proyecto, ha supuesto un par¨®n de casi cinco meses y un toque de atenci¨®n para el adjudicatario y promotor, que no descartan que se puedan producir otros retrasos "administrativos". De hecho, el proyecto tiene pendientes varios tr¨¢mites tan importantes como la fijaci¨®n del espacio a¨¦reo, as¨ª como algunos requerimientos de AENA (Aeropuertos Espa?oles y Navegaci¨®n A¨¦rea), que podr¨ªan provocar demoras y riesgos que la adjudicataria no est¨¢ dispuesta a cubrir y que, consentidamente, cubrir¨¢ la Generalitat, principal socio de la promotora del proyecto, Aerocas. La paralizaci¨®n de Fomento ha supuesto, seg¨²n promotora y adjudicataria, 18 millones de euros, que ya se han reclamado a la Generalitat. Sin embargo, la mercantil a¨²n no ha exigido la indemnizaci¨®n por una anterior paralizaci¨®n decretada judicialmente ante el incumplimiento de la declaraci¨®n de impacto ambiental, pese a que el contrato inicial ya recog¨ªa que deb¨ªa ser la Administraci¨®n la que se hiciera cargo de ¨¦sta.

El contrato, antes de los nuevos a?adidos, ya cont¨® con la reprobaci¨®n de la Sindicatura de Comptes, que en 2004 indic¨® que desde la licitaci¨®n hasta la firma del mismo se hab¨ªan realizado tantas modificaciones en el contrato de concesi¨®n -tambi¨¦n a petici¨®n de la UTE adjudicataria- que lleg¨® a cambiar las condiciones del pliego. Por este motivo, seg¨²n el S¨ªndic, se deber¨ªa haber convocado un nuevo concurso "para respetar los principios de contrataci¨®n" que marca la ley, seg¨²n se?alaba el informe de la Sindicatura. Entre otras cosas, la mercantil hizo que se recogiera la obligaci¨®n de la Generalitat de pagar seis euros por cada uno de los 600.000 viajeros que no llegue a Castell¨®n en 2007. De momento, el plazo de apertura de las instalaciones ya se ha retrasado hasta 2008.

Adem¨¢s de todos los riesgos que cubre la Generalitat para la adjudicataria, la Administraci¨®n auton¨®mica ha avalado un pr¨¦stamo de Aerocas por valor de 44 millones de euros, de los que comenzar¨¢ a pagar intereses dentro de dos a?os. Tambi¨¦n la Generalitat ser¨¢ la que tenga que hacer frente al posible sobrecoste del suelo del aeropuerto, expropiado con la calificaci¨®n de r¨²stico, hecho que ha provocado la presentaci¨®n de decenas de recursos por parte de los propietarios.