El fiscal pide que se juzgue a Carretero por prevaricaci¨®n

El fiscal Emilio S¨¢nchez Ulled ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a (TSJC) que abra juicio oral para sentar en el banquillo al ex consejero de Gobernaci¨®n de la Generalitat Joan Carretero por un delito de prevaricaci¨®n supuestamente cometido durante su ¨¦poca de alcalde de Puigcerd¨¤. El azar quiso que el escrito del fiscal, que ocupa 30 folios redactados durante las ¨²ltimas semanas, se entregase en el tribunal anteayer.

La sustituci¨®n de Carretero en el Gobierno catal¨¢n le ha hecho perder su condici¨®n de aforado, ya que tampoco es diputado auton¨®mico. Por ese motivo, el caso acabar¨¢ en un juzgado ordinario.

La fiscal¨ªa acusa a Carretero de un presunto delito de prevaricaci¨®n supuestamente cometido por la firma de dos convenios para realizar sendos planes urban¨ªsticos cuando era alcalde de Puigcerd¨¤. Uno de esos convenios se firm¨® el 16 de agosto de 1992 con la empresa Gesdip por el cual esta sociedad abonar¨ªa al Ayuntamiento 40 millones de pesetas (240.400 euros) que se dedicar¨ªan a la instalaci¨®n de unos ascensores p¨²blicos. A cambio, el consistorio deb¨ªa modificar un plan parcial y permitir la instalaci¨®n de un centro comercial de la marca Supeco y una gasolinera. En aquella ¨¦poca estaba vigente en Catalu?a una moratoria de centros comerciales, pero lo relevante es que esos terrenos estaban destinados a viviendas de protecci¨®n oficial.

El segundo convenio supuestamente ilegal del que la fiscal¨ªa acusa a Carretero se firm¨® el 20 de marzo con la empresa Supeco, y en virtud de su aplicaci¨®n el Ayuntamiento de Puigcerd¨¤ se obligaba a otorgar las licencias necesarias para la ampliaci¨®n de la superficie comercial, la implantaci¨®n de otra gasolinera y la ampliaci¨®n de un aparcamiento. A cambio, la compa?¨ªa beneficiaria se compromet¨ªa a abonar 80 millones de pesetas (480.800 euros) para "fines municipales". La fiscal¨ªa considera que ese convenio tambi¨¦n era ilegal porque afectaba a terrenos destinados a usos industriales y su recalificaci¨®n fue irregular.

Particular perjudicado

La investigaci¨®n judicial se inici¨® en 2004 a instancias de la querella que interpuso el propietario de la gasolinera que existe desde hace muchos a?os en Puigcerd¨¤. El abogado que ha representado sus intereses es Pau Molins, situado en la ¨®rbita de CiU, y quien ayer expres¨® su satisfacci¨®n por la decisi¨®n del fiscal de presentar escrito de acusaci¨®n. "La actuaci¨®n del fiscal confirma la certeza y la bondad de la querella que presentamos en su d¨ªa", dijo Molins.

Durante la instrucci¨®n de la causa, Carretero asegur¨® que el convenio suscrito en 1992 fue de mecenazgo, aunque admiti¨® que se trat¨® del ¨²nico acuerdo en el que el Ayuntamiento cobr¨® un dinero. En cuanto al segundo, el ex consejero deriv¨® la responsabilidad en el secretario municipal, pero ¨¦ste explic¨® que le presionaron para que declarase a favor de los querellados.