El fiscal desglosa en 15 causas la denuncia por corrupci¨®n en Orihuela

El fiscal anticorrupci¨®n de Alicante ha abierto 15 causas por supuestas ilegalidades en la gesti¨®n urban¨ªstica y contable en el Ayuntamiento de Orihuela, en manos del PP desde 1987. Las denuncias de la fiscal¨ªa son el desglose de la causa principal contra el alcalde, Jos¨¦ Manuel Medina, por supuesto cohecho y tr¨¢fico de influencias en los que habr¨ªa incurrido al usar bienes (un Rolls Royce, un Audi A8 y un chal¨¦) de promotores beneficiados por adjudicaciones.

El fiscal anticorrupci¨®n de Alicante, Felipe Briones, ha remitido la causa principal al Juzgado n¨²mero 4, cuya titular, Lidia Mar¨ªa Paloma Monta?o, admiti¨® a tr¨¢mite a finales de marzo el primer escrito del fiscal sobre el caso Orihuela, que inclu¨ªa 30 supuestos hechos delictivos. El fiscal ha pedido a la magistrada que cite a declarar, como imputado, al primer edil oriolano. El Ministerio P¨²blico pretende esclarecer el uso de bienes de promotores por parte del alcalde y la adjudicaci¨®n de tres planes urban¨ªsticos. Medina, en el cargo desde 1996, dijo ayer desconocer los motivos de la acusaci¨®n.

El fiscal ha trasladado al Decanato de Orihuela las 15 causas subsidiarias de la principal para su reparto. La base de estas causas son las denuncias del ex interventor de la corporaci¨®n, Jos¨¦ Manuel Espinosa, y los portavoces de los grupos de la oposici¨®n. En las diligencias previas, Espinosa declar¨®: "He sido el blanqueador de facturas de Medina". El fiscal propone en todos los casos pruebas testificales y documentales para delimitar las responsabilidades penales. Briones solicita la declaraci¨®n, en calidad de imputados, de un concejal m¨¢s, Antonio Franco, del PP, responsable del ¨¢rea de Personal; el secretario de la corporaci¨®n, Alfonso Ram¨®n Mart¨ªnez y su yerno Santiago Rubio Moreda; y el ex asesor de personal Luis Alberto Prieto Mar¨ªn. En su primer escrito, el fiscal subray¨® que otros posibles acusados son los responsables de los negociados.

Las 15 causas secundarias del caso Orihuela son las siguientes:

- Revisi¨®n del PGOU. Facturas por 12.000 euros por trabajos relacionados con la revisi¨®n del Plan General de Ordenaci¨®n Urbana (PGOU). El encargo lo hizo directamente el secretario de la corporaci¨®n, Alfonso Ram¨®n Mart¨ªnez, a una empresa de su yerno.

- Asesor con doble sueldo p¨²blico. En diciembre de 2004 el alcalde contrat¨® a Luis Alberto Prieto Mar¨ªn como jefe de personal del Ayuntamiento con dedicaci¨®n exclusiva. Prieto Mar¨ªn, liberado sindical a tiempo parcial, trabajaba como profesor de Secundaria en Murcia con una carga docente de 12 horas semanales. Al trascender que cobraba dos sueldos p¨²blicos (38.000 euros del Ayuntamiento y 29.000 de la Consejer¨ªa de Educaci¨®n) dimiti¨® como jefe de personal del Consistorio oriolano el 15 de abril de 2005.

- Liquidaci¨®n del presupuesto de 2004. Pagos de facturas falsas y de otras correspondientes a obras inexistentes por 11 millones de euros, seg¨²n un informe del interventor accidental de la corporaci¨®n, Jos¨¦ Manuel Pons, sobre la liquidaci¨®n del presupuesto de la corporaci¨®n del a?o 2004.

- Contratos verbales. Irregularidades en los contratos de obras y servicios, seg¨²n la denuncia del ex interventor de la corporaci¨®n, quien sostiene que el Ayuntamiento, entre 2000 y 2005, adjudic¨® contratos verbales por importe superior al mill¨®n de euros. El ex interventor mantiene que las adjudicaciones vulneran la ley de contratos.

- Facturas falsas y paga extra. El fiscal pide al juez que investigue el pago de facturas falsas a la firma Necso (adjudicataria del servicio de basuras en el casco urbano de Orihuela desde 1988) por 240.000 euros, por supuesto lucro cesante en 2002. En esta causa el Ministerio P¨²blico tambi¨¦n incluye el pago, mediante decreto del alcalde, de una paga extra de 180.000 euros a la plantilla de Necso para evitar una huelga de los trabajadores. Los operarios recibieron su parte proporcional, por transferencia, el 22 de diciembre de 2004.

- Moros y Cristianos. El fiscal solicita al juez que abra diligencias por las subvenciones de la corporaci¨®n a la entidad festera Moros y Cristianos desde 1992. Faltan facturas y justificantes por importe de 600.000 euros. El responsable del abono de las ayudas era el concejal de Personal, Antonio Franco.

- Mandamientos de pago. Seg¨²n el ex interventor, Encarna Galiano, concejal del PP entre 1999 y 2003 y actual asesora de Infraestructuras del alcalde, dej¨® el carg¨® sin justificar mandamientos de pagos por 22.000 euros.

- Conciertos municipales. Seg¨²n la denuncia del ex interventor, no se ingresaron en caja las recaudaciones de los conciertos municipales durante el mandato 1999-2003. En ese periodo la concejal responsable del departamento era la actual portavoz del Grupo Municipal Popular, M¨®nica Lorente.

- Minuta por asunto privado. El alcalde, mediante decreto, abon¨® 6.000 euros a un abogado por un asunto jur¨ªdico ajeno a la corporaci¨®n. Medina no ha negado el abono de esa minuta al letrado.

- Urbanismo. En el plan parcial J. I Las Piscinas hay 4.600 metros cuadrados de suelo, valorados en 2,5 millones de euros, sin justificar.

- Calle virtual. La urbanizaci¨®n El Presidente, seg¨²n los planos oficiales del departamento de Urbanismo, recoge la calle Guatemala; sin embargo, la v¨ªa no existe en realidad.

- Casco hist¨®rico. El fiscal pide que se investiguen los desfases de las valoraciones de las viviendas incluidas en el programa de rehabilitaci¨®n del casco hist¨®rico y el precio real pagado. La Consejer¨ªa y el Ayuntamiento pagaron cantidades "desorbitadas" por bienes que una vez construidas valdr¨ªan much¨ªsimo menos, seg¨²n la denuncia. La oficina, dirigida por el urbanista y abogado Jos¨¦ Vicente Escudero, estuvo activa entre 1995 y 2003.

- Aparcamiento privado para los jueces. En esta causa el fiscal incluye diversas adjudicaciones a la constructora Doalco, del promotor local Domingo Alcocer; entre otras, un aparcamiento subterr¨¢neo, a las puertas del casco hist¨®rico de la ciudad, donde el alcalde, tambi¨¦n por decreto, paga siete plazas para uso exclusivo de los jueces de Orihuela. El coste del servicio, que Medina comenz¨® a abonar en abril de 2002, es de unos 9.000 euros anuales.

- Sal¨®n de plenos. Sobrecoste en las obras de ampliaci¨®n del sal¨®n de plenos del Ayuntamiento. El fiscal no cuantifica en su denuncia la cuant¨ªa.

- Remodelaci¨®n de la Glorieta. Sobrecoste de 3,3 millones de euros en las obras remodelaci¨®n de la plaza de Glorieta Gabriel Mir¨®. Las obras fueron ejecutadas por la firma Doalco.

Aparte de la causa principal y las 15 secundarias, el fiscal anticorrupci¨®n tambi¨¦n ha anunciado la apertura de diligencias por el supuesto intento de soborno de la empresa Urbaser, aspirante a la nueva contrata de basuras, al alcalde y tres ediles m¨¢s. Tras el esc¨¢ndalo, Medina ha aparcado la adjudicaci¨®n y ha solicitado informes externos. Uno de los concejales implicados en el supuesto soborno, Isidro Hern¨¢ndez, elegido en la lista del PSPV y militante del PP desde 1990, dimiti¨® el martes.