El laberinto de Evo

A pesar de la rapidez con que el Gobierno de Evo Morales decret¨® la nacionalizaci¨®n de los hidrocarburos bolivianos y de la terca determinaci¨®n en defenderla ante la delegaci¨®n espa?ola que ha visitado La Paz, no parece que el presidente del pa¨ªs andino y su equipo dispongan de una estrategia econ¨®mica definida para aprovechar sus recursos energ¨¦ticos, que hoy consideran "saqueados" por las empresas extranjeras. Naturalmente, el Ejecutivo boliviano tiene muy claro el movimiento confiscatorio inicial, y tambi¨¦n que cuenta con el apoyo expl¨ªcito de los Gobiernos de Venezuela y Cuba. Pero el rimbombante Decreto Supremo deja a la negociaci¨®n posterior de Bolivia con las compa?¨ªas petroleras las condiciones de explotaci¨®n y operaci¨®n del gas; es decir, est¨¢ abierto el modelo de gesti¨®n de los hidrocarburos del pa¨ªs, porque Bolivia no cuenta con inversi¨®n ni tecnolog¨ªa suficientes para manejar sus recursos energ¨¦ticos. Con el agravante de que una nacionalizaci¨®n fulgurante ha sembrado la inquietud en las empresas y la zozobra entre los inversores internacionales.

En consecuencia, una vez comprobado que cuenta con el apoyo de Ch¨¢vez y Castro y la m¨¢s o menos resignada estupefacci¨®n de Kirchner y Lula da Silva, las claves de la nacionalizaci¨®n boliviana dependen principalmente de la negociaci¨®n de factores econ¨®micos. Las condiciones marcadas por el Decreto Supremo no ofrecen rentabilidad alguna para Repsol o Petrobras, diga lo que diga el Gobierno de La Paz, que, con c¨¢lculos de su propia cosecha, asegura que con el 18% de la producci¨®n -el 82% es para el Estado boliviano- pueden obtener m¨¢rgenes de hasta el 20%. Las empresas tendr¨¢n que calcular, antes y durante la negociaci¨®n de los nuevos contratos, si pueden confiar en que sus pr¨®ximas inversiones gozar¨¢n de mayor seguridad jur¨ªdica y econ¨®mica que las realizadas hasta ahora. Y no hay demasiadas razones para creer en las garant¨ªas que pueda ofrecer un Gobierno que ha nacionalizado manu militari unos recursos energ¨¦ticos gestionados mediante contratos legales y conocidos p¨²blicamente. Dicho de otra manera, a las empresas les puede resultar m¨¢s rentable abandonar sus posiciones en Bolivia que mantenerlas en un r¨¦gimen de escasa remuneraci¨®n e inseguridad jur¨ªdica. Es verdad que los servicios de Repsol, Petrobras o BP pueden sustituirse por los de otras compa?¨ªas latinoamericanas. Pero no es f¨¢cil reclutar empresas privadas con capacitaci¨®n probada que operen con m¨¢rgenes bajos en un marco jur¨ªdico inseguro; y presumiblemente, las condiciones inversoras y tecnol¨®gicas de las firmas que podr¨ªan aceptar ser¨ªan mucho peores que las actuales, lo cual da?ar¨ªa los ingresos previstos por Bolivia.

?stas son las razones por las cuales la decisi¨®n de Morales encierra tanto riesgo para el pa¨ªs andino. A pesar de su triunfo inicial -las empresas se avienen a negociar los nuevos contratos en el plazo marcado por el Decreto-, el presidente de Bolivia deber¨ªa ser consciente de que su posici¨®n es casi tan complicada como la de las compa?¨ªas confiscadas. Est¨¢ obligado a manejar con sumo cuidado el proceso negociador si no quiere ser v¨ªctima de su propio laberinto. Los mensajes de firmeza calman o aplazan dificultades pol¨ªticas dom¨¦sticas, pero los problemas econ¨®micos y financieros -y Bolivia los tiene muy graves- s¨®lo se resuelven mediante condiciones claras y viables. Morales no parece estar ni por las unas ni por las otras.