Los jueces y la justicia en el 'caso Marbella'

La trama de corrupci¨®n de Marbella est¨¢ siendo examinada desde diversos puntos de vista. Estamos ante un clamoroso fracaso de los mecanismos de autocontrol y gesti¨®n del Poder Judicial. La corrupci¨®n marbell¨ª ha nacido de la gesti¨®n il¨ªcita del urbanismo, facilitada por una serie de condiciones y circunstancias. Durante a?os, el urbanismo en Marbella ha estado fuera de la ley. ?Por qu¨¦ ha sido posible ese espacio de ilegalidad? Porque el ¨®rgano encargado en primer nivel del control jurisdiccional ordinario de la legalidad urban¨ªstica en Marbella, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andaluc¨ªa en M¨¢laga, estaba en "quiebra t¨¦cnica", tardando una media de cinco a seis a?os en resolver los procedimientos de los que conoc¨ªa. Si a ese plazo sumamos otro similar para el previsible recurso ante el Supremo, m¨¢s alg¨²n que otro a?o para ejecutar la sentencia, estar¨ªamos ante un horizonte de, como poco, 12 a?os. Ese plazo supon¨ªa, en la pr¨¢ctica, una ausencia de tutela judicial efectiva.

Resulta revelador que las ¨²ltimas operaciones de Marbella las est¨¦ instruyendo un juez en comisi¨®n de servicios

En el ¨¢mbito de la jurisdicci¨®n, las responsabilidades son compartidas. En primer lugar, la del Tribunal Superior de Justicia de Andaluc¨ªa, como instancia de autocontrol m¨¢s pr¨®xima. Si se examinan las Memorias Anuales de este tribunal podr¨¢ observarse c¨®mo la grav¨ªsima situaci¨®n de colapso de la Sala de lo Contencioso de M¨¢laga, pese a ser vox p¨®puli, fue ignorada o despachada con an¨¢lisis superficiales y recomendaciones (los llamados "planes de refuerzo") tard¨ªas o ineficaces. Como denunci¨® Jueces para la Democracia en su momento, contrastaba la suavidad con que se abordaba este grave problema y la energ¨ªa con que se actuaba sobre otros ¨®rganos judiciales inferiores que presentaban retrasos menos significativos. Y, por supuesto, tienen responsabilidad compartida el Consejo General del Poder Judicial -y el Servicio de Inspecci¨®n que de ¨¦l depende- que a?o a a?o tuvo puntual y estad¨ªstica constancia de la incapacidad objetiva de la Sala de lo Contencioso de M¨¢laga para asumir su carga de trabajo; el Ministerio de Justicia, como ¨®rgano encargado de proveer las correspondientes plazas; y la Junta de Andaluc¨ªa, que aunque con competencias limitadas, era perfectamente conocedora de la no-justicia (por lenta) que all¨ª se impart¨ªa. Soslayar ahora esas responsabilidades pol¨ªtico-judiciales, p. ej. alegando que debieron los jueces hacer un uso generalizado de las denominadas "medidas cautelares", es desconocer, primero, la naturaleza de tales medidas; segundo, la dificultad de su aplicaci¨®n cuando la Sala ni se hab¨ªa pronunciado sobre el PGOU vigente en Marbella; y tercero y sobre todo, que es un fraude de ley hacer uso sistem¨¢tico de un instrumento procesal para resolver un problema organizativo estructural.

La respuesta judicial penal tampoco ha sido satisfactoria. La estructura judicial de Marbella era disfuncional para enfrentarse a una delincuencia econ¨®mica de altos vuelos. Hasta hace pocos a?os, el car¨¢cter mixto de los juzgados de Marbella supon¨ªa que el juez que instru¨ªa causas contra Gil y su entorno compatibilizaba esa actividad judicial con la celebraci¨®n de bodas civiles o la tramitaci¨®n de procesos de divorcio, por poner algunos ejemplos. Desde el punto de vista personal de los jueces, Marbella se convirti¨® en un destino problem¨¢tico. Dec¨ªa el juez Falcone que no tem¨ªa a la Mafia, sino a que el Estado lo dejara solo. Los jueces precisan estar sostenidos por las instituciones del Estado y, muy especialmente, por las de la propia Administraci¨®n de justicia. Y no se entienda por apoyo imprescindible la paternal palmadita en la espalda, ni la ret¨®rica muestra de solidaridad ante la nube de c¨¢maras y micr¨®fonos, sino el reconocimiento de la situaci¨®n y la apuesta pol¨ªtica decidida por la dotaci¨®n de medios personales y materiales, proporcionada a la envergadura de los bienes jur¨ªdicos en riesgo. En Marbella estaba en juego el Estado de derecho. Hasta hoy, las condenas firmes se cuentan con los dedos de una mano, y para contar los ingresos en prisi¨®n sobran todos ellos. Tambi¨¦n aqu¨ª se pueden se?alar responsables del desaguisado. Frente a un entramado delictivo que no dudaba en hacer la vida imposible a aquellos jueces en quienes ve¨ªa un peligro (casos de Blanca Esther D¨ªaz o Santiago Torres), ni en robar sumarios, el Tribunal Superior de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial, la Junta de Andaluc¨ªa y el Ministerio de Justicia segu¨ªan considerando -y ah¨ª est¨¢n las hemerotecas y los archivos audiovisuales para ayudar a la memoria l¨¢bil- que Marbella era "un destino judicial m¨¢s", sin unas "necesidades especiales". Esta grave ceguera de los m¨¢ximos responsables de la Justicia para reconocer, primero, una situaci¨®n escandalosa, y para liderar e impulsar, despu¨¦s, la lucha contra la corrupci¨®n tiene mucho que ver con el desierto en que se convirti¨® Marbella como destino judicial. Revelador resulta que las ¨²ltimas grandes operaciones las est¨¦ instruyendo un juez "en comisi¨®n de servicios", es decir, con un destino temporal en ese juzgado. Ser¨¢ leg¨ªtimo preguntarse hasta qu¨¦ punto la opci¨®n de la Junta de Andaluc¨ªa, del Tribunal Superior de Justicia y de alg¨²n vocal del CGPJ te¨®ricamente vinculado a Andaluc¨ªa, por una judicatura silente, d¨®cil y burocratizada no ha contribuido a que los jueces "huyan" de Marbella.

Finalmente, no es desde?able en esta descripci¨®n la "visualizaci¨®n" que Gil y su entorno se procuraron de su proximidad, familiaridad y confianza con algunas instancias judiciales. El mismo Ayuntamiento de Marbella que conculcaba sistem¨¢ticamente la legalidad urban¨ªstica fue durante a?os generoso anfitri¨®n, compartiendo patrocinio en no pocas ocasiones con altas instituciones y entidades, de famosas reuniones de la judicatura, lo que gener¨® en la ciudadan¨ªa una convicci¨®n muy extendida acerca de la impunidad de que gozaban ciertas personas.

El caso ofrece valiosas lecciones para las instituciones desde la que se gobierna, regula y gestiona el Poder Judicial, pero de poco servir¨¢n si no hay voluntad de aprender ni, como antes se dec¨ªa, prop¨®sito de enmienda. Si no se considera una prioridad estrat¨¦gica de la pol¨ªtica judicial nacional y auton¨®mica el adecuado funcionamiento de los juzgados ubicados en zonas "sensibles" a la corrupci¨®n, volver¨¢n a aparecer nuevos episodios como el de Marbella.

Jos¨¦ Luis Utrera Guti¨¦rrez y Jos¨¦ Luis Manj¨®n son miembros de Jueces para la Democracia. Se adhieren: Jos¨¦ Manuel Balerdi M¨²gica, Javier Gonz¨¢lez Fern¨¢ndez, Pedro Herrera Puente, Jos¨¦ Enrique Medina Castillo, Carmen Orland Esc¨¢mez, Jos¨¦ Joaqu¨ªn P¨¦rez-Beneyto y Juan Romeo Laguna. Todos son miembros de la citada asociaci¨®n.