Estatuto viable
La aprobaci¨®n ayer por el Senado del Estatuto catal¨¢n abre la v¨ªa al refer¨¦ndum para su ratificaci¨®n popular en Catalu?a en junio. Pese a sus numerosas imperfecciones, es una ley m¨¢s generosa con el poder auton¨®mico que el texto de 1979
: mejora su financiaci¨®n, ampl¨ªa competencias, equipara las lenguas catalana y castellana, y crea un consejo de justicia de Catalu?a, de acuerdo con la ley org¨¢nica correspondiente.
Probablemente, dar¨¢ lugar a conflictos t¨¦cnico-jur¨ªdicos de todo tipo. Pero, en cualquier caso, es fruto de un consenso bastante equilibrado: no tan amplio como ser¨ªa deseable, pero s¨ª pol¨ªticamente practicable. El texto resuelve el reconocimiento de Catalu?a con una f¨®rmula flexible, aceptable para el PSOE y para tres de los partidos catalanes (PSC, CiU e ICV-EUiA). All¨ª donde unos leen "naci¨®n", otros ven exclusivamente una apreciaci¨®n del Parlamento de Catalu?a contenida en el pre¨¢mbulo. Y es que no siempre las leyes m¨¢s perfectas resultan a la larga ni mejores ni m¨¢s duraderas.
En realidad, todos los estatutos de autonom¨ªa catalanes -el de 1932, el de 1979 y el que ayer sali¨® del Senado- han sido fruto de una intensa negociaci¨®n pol¨ªtica con concesiones por ambas partes. El texto aprobado por la C¨¢mara catalana el 30 de septiembre pasado ha sido limado de excesos y correctamente ajustado durante su tramitaci¨®n en las Cortes en aras de su completo encaje constitucional. Se trataba de encauzar las aspiraciones de una sociedad de fuerte personalidad en la realidad plural de Espa?a, y de superar unos mecanismos que admit¨ªan una mejora tras cinco lustros de autonom¨ªa.
El Estatuto enumera competencias
compartidas, ejecutivas y exclusivas. Sobre estas ¨²ltimas, la Generalitat ostenta de forma ¨ªntegra las potestades legislativa, reglamentaria y funci¨®n ejecutiva. La financiaci¨®n, eliminadas las distorsiones del proyecto inicial, prev¨¦ que el Gobierno catal¨¢n gestione una importante cesta de impuestos e instrumentos recaudatorios eficaces. Y en lo simb¨®lico se incluye el t¨¦rmino "nacional" referido a "la bandera, la fiesta y el himno".
No es, pues, una ley de poco calado. Por ello, y por la impericia de sus patrocinadores originales, no es de extra?ar que el camino hacia el consenso haya resultado tortuoso. En el trayecto se ha ca¨ªdo el apoyo de uno de sus mentores: Esquerra Republicana, que finalmente ha optado por el no con vistas al refer¨¦ndum, m¨¢s en clave partidista que de pol¨ªtica general. Los republicanos son en buena medida padres de ese texto que ahora repudian en p¨²blico, pero que desean que se apruebe, en privado, hasta el punto de evitar que descarrilara ayer en su tr¨¢mite en el Senado. El vaiv¨¦n es tan ostentoso que ha puesto al tripartito de Pasqual Maragall en el disparadero, asunto que deber¨¢ dilucidarse sin retraso.
El voto negativo del PP, aunque coincida con el de ERC por el otro extremo del arco parlamentario, exhibe distinta genealog¨ªa. Su recogida de firmas se ha convertido en una peligrosa operaci¨®n en la que la oposici¨®n al Estatuto ha excitado fobias y estereotipos negativos respecto a Catalu?a. Por eso, la pr¨®xima campa?a del refer¨¦ndum ser¨¢ un buen term¨®metro para medir si los populares orientan sus cr¨ªticas desde la argumentaci¨®n o prefieren seguir agitando pasiones.
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