?Afganist¨¢n? No, gracias

El anuncio de que el ministerio de Defensa desea incrementar el n¨²mero de soldados espa?oles presentes en Afganist¨¢n se ha visto acompa?ado de la habitual letan¨ªa de opiniones entregadas a la doble tarea de subrayar la condici¨®n humanitaria y el car¨¢cter legal de la presencia de esos militares. Sobran los motivos, sin embargo, para recelar de la argumentaci¨®n que se nos ofrece al respecto.

Digamos, por lo pronto, que el despliegue de los soldados en cuesti¨®n se realiz¨® conforme a una acci¨®n de dudos¨ªsima legalidad, en cuya base estaba la confusa relaci¨®n existente entre las dos operaciones, Libertad Duradera e ISAF, que han cobrado cuerpo en Afganist¨¢n. La primera, encabezada por EE UU con el declarado prop¨®sito de hacer frente a amenazas de car¨¢cter terrorista, se inici¨® en el oto?o de 2001 sin que se diese satisfacci¨®n de los criterios que permiten avalar una acci¨®n en leg¨ªtima defensa. No s¨®lo eso: ha permanecido en vigor durante casi un lustro, hasta hoy, al margen del m¨¢s elemental control ejercido por el Consejo de Seguridad, circunstancia que hace singularmente lamentable que la Espa?a de Aznar participase oficialmente en la operaci¨®n. Por lo que se refiere a la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad en Afganist¨¢n, com¨²nmente conocida como ISAF, vio la luz en 2003, dirigida por la OTAN y amparada -ahora s¨ª- por Naciones Unidas, con el designio de propiciar el asentamiento de un entorno seguro, garantizar el control del aeropuerto de Kabul y fortalecer a la polic¨ªa y al Ej¨¦rcito afganos. Conviene subrayar que entre los objetivos de la ISAF -de la que es miembro Espa?a- no se contaban, llamativamente, ni la captura de terroristas ni el despliegue de acci¨®n humanitaria alguna.

Para hacer las cosas a¨²n m¨¢s complejas, EE UU procedi¨® a ampliar en su momento las funciones de la Operaci¨®n Libertad Duradera y le confiri¨® a ¨¦sta una dimensi¨®n de asistencia humanitaria al amparo de la gestaci¨®n de los llamados Equipos de Reconstrucci¨®n Provinciales (ERP). ?stos, una decena, se proponen garantizar al Gobierno afgano una presencia lejos de Kabul, acrecentar el control en diversos escenarios y -como anunci¨¢bamos- acometer tareas de cariz humanitario. El resultado de esta aparentemente inocua novedad no ha sido otro que una inquietante confusi¨®n legal de la que se han aprestado a sacar partido tanto EE UU como los pa¨ªses que participan en la ISAF, y entre ellos Espa?a, que como es sabido corre a cargo de uno de los ERP. Por lo que a Estados Unidos se refiere, ha conseguido, mal que bien, que la ilegalidad de la Operaci¨®n Libertad Duradera se tape un tanto merced a la legalidad que ampara a la ISAF. Por lo que ata?e a los integrantes de esta ¨²ltima, le han otorgado una p¨¢tina humanitaria a un sinf¨ªn de acciones que en modo alguno se ajustan a tal condici¨®n. Todo invita a concluir, por lo dem¨¢s, que la OTAN aspira a fundir las dos grandes operaciones que nos ocupan, de tal suerte que ambas queden bajo un ¨²nico mando, horizonte al que, al parecer, no hac¨ªa ascos el ex ministro de Defensa espa?ol Jos¨¦ Bono (quien, por cierto, y en una finta pol¨ªticamente dudosa y legalmente insostenible, adujo en su momento que los soldados que dirig¨ªa estaban en Afganist¨¢n "para luchar contra el terrorismo").

Dej¨¦moslo claro: los ERP han nacido en el marco general de la Operaci¨®n Libertad Duradera y obedecen a prop¨®sitos -entre ellos, la asistencia humanitaria- no incluidos en el mandato de la ISAF. Ello coloca al Gobierno espa?ol en situaci¨®n delicada. A trav¨¦s del ERP que el Ej¨¦rcito dirige se est¨¢ legitimando, por un lado, la ilegal Operaci¨®n Libertad Duradera y se est¨¢ violentando, por el otro, la condici¨®n de la ISAF. Esta ¨²ltima cuesti¨®n -m¨¢s all¨¢ de una trama legal que, por compleja, admitiremos es discutible- nada tiene de balad¨ª, no en vano remite a un nuevo episodio de la inquietante usurpaci¨®n de la acci¨®n humanitaria por los ej¨¦rcitos. No se olvide que en 2004 las Fuerzas Armadas espa?olas corrieron a cargo de casi la mitad de los fondos destinados a acci¨®n humanitaria y que hay motivos s¨®lidos para concluir que los criterios aplicados m¨¢s le deben a intereses pol¨ªticos, militares y medi¨¢ticos que a una consideraci¨®n cabal de las necesidades de la poblaci¨®n objeto de atenci¨®n. Parece demostrado que los contingentes militares no son en modo alguno las instancias adecuadas para acometer, de forma imparcial y razonablemente barata, las tareas vinculadas con la ayuda humanitaria. Como lo ha se?alado Alejandro Pozo, "el mejor mecanismo de protecci¨®n para los humanitarios es su integraci¨®n con la poblaci¨®n local y la aceptaci¨®n de su presencia y cometidos; su respeto por los principios de neutralidad, imparcialidad e independencia, y su total desvinculaci¨®n de los actores armados, en especial cuando se trata de situaciones de ocupaci¨®n militar".

Hay que agregar, con todo, una observaci¨®n m¨¢s: no es sencillo explicar por qu¨¦ se retiran -venturosamente- los soldados presentes en Irak y se asume de buen grado, en cambio, la consolidaci¨®n de contingentes militares espa?oles en Afganist¨¢n. Y es que uno y otro conflictos son m¨¢s similares de lo que pudiera parecer. El elemento unificador no es otro, claro, que la pol¨ªtica de EE UU, que en ambos casos responde a una misma y mezquina trama geoestrat¨¦gica y geoecon¨®mica, que en ambos lugares permiti¨® que en el pasado se prestase un franco apoyo a quienes luego se contribuy¨® a derrocar, que en ambos pa¨ªses se ha traducido en el uso de la fuerza, sin miramientos, contra la poblaci¨®n civil, que en ambos escenarios procura poner en aprietos al vecino iran¨ª y que en Afganist¨¢n como en Irak ha violentado, de diversas maneras, la legalidad internacional.

Es dif¨ªcil creer que a nuestros gobernantes se les escapan tantas semejanzas, como es dif¨ªcil explicar lo que tenemos entre manos si no invocamos su designio de congraciarse con EE UU tras la retirada de Irak, acompa?ado del firme prop¨®sito de lavar la cara, con jab¨®n humanitario, a las Fuerzas Armadas. Sobran las razones, en cualquier caso, para reclamar, no ya la renuncia al objetivo de acrecentar el n¨²mero de soldados presentes en Afganist¨¢n, sino, antes bien, la pronta retirada de todos esos soldados.

Carlos Taibo es profesor de Ciencia Pol¨ªtica en la Universidad Aut¨®noma de Madrid.