La calle es de todos

"La arquitectura del miedo y la intimidaci¨®n se extiende por los espacios p¨²blicos de las ciudades transform¨¢ndolos, incansable aunque furtivamente, en zonas vigiladas y controladas a todas horas... Lo malo es que, adem¨¢s de la inseguridad, es posible que desaparezcan de las calles las principales atracciones de la vida urbana, como la espontaneidad, la flexibilidad, la capacidad para sorprender y ofrecer aventura. El sustituto de la inseguridad no es entonces el ¨¦xtasis de la calma, sino la maldici¨®n del aburrimiento". (Zygmunt Bauman, Confianza y temor en la ciudad, Arcadia 2006).

Un fantasma recorre Europa (y el mundo desarrollado en general), el del miedo: al otro, a los distintos, a los que no nos gustan, a los que expresan realidades que no queremos ver. Y se multiplican las respuestas represivas, aunque se disfracen de declaraciones de buenas intenciones, protectoras no s¨®lo de los derechos leg¨ªtimos de los ciudadanos normales (el derecho a sentirse seguros), sino tambi¨¦n de los derechos de los otros, supuestos causantes de la inseguridad ciudadana.

El Gobierno catal¨¢n, sin llegar a la brutalidad de la ordenanza del civismo del Ayuntamiento barcelon¨¦s, parece haber emprendido una senda similar. La p¨¦sima gesti¨®n de la noche del botell¨®n ya demostr¨® que un planteamiento represivo es tan poco democr¨¢tico como ineficaz, y conduce a confundir a unos miles, o decenas de miles, de j¨®venes -con un cierto derecho a disfrutar y con los que se puede pactar para respetar el derecho de los durmientes- con unos pocos centenares de indeseables violentos a los que s¨®lo cabe aplicar el C¨®digo Penal. Poco despu¨¦s, la m¨¢xima autoridad en orden p¨²blico aport¨® la idea de que se podr¨ªan cerrar calles, reservadas a los vecinos. Al margen de la dudosa competencia en una materia m¨¢s propia de la autoridad municipal, la propuesta de privatizar las calles forma parte de una tendencia destructora de la ciudad como lugar de tolerancia y de mixtura, de convivencia y de encuentro entre gentes diversas.

Los barrios cerrados (las gated cities), las urbanizaciones exclusivas, las unidades de habitaci¨®n con reserva del derecho de admisi¨®n, las calles controladas por los vecinos (que deciden qui¨¦n puede pasar) son realidades cada vez m¨¢s frecuentes, impulsadas por los mecanismos clasistas del mercado. Lo extra?o es que en Europa, donde el fen¨®meno es de menor escala que en Am¨¦rica, sea un Gobierno, progresista por autodefinici¨®n, el que se proponga ir m¨¢s all¨¢ cerrando calles c¨¦ntricas para uso exclusivo de los vecinos, legitimando as¨ª los peores excesos de las cada d¨ªa m¨¢s frecuentes reacciones sociales excluyentes, el no en mi patio trasero.

El anteproyecto de ley de "limitaci¨®n y ordenaci¨®n de las actividades relacionadas con la prestaci¨®n de servicios sexuales remunerados" (m¨¢s claro: ley sobre la prostituci¨®n) insiste en esta concepci¨®n reduccionista del espacio p¨²blico.

El anteproyecto parte de una opci¨®n positiva y valiente: la aceptaci¨®n del trabajo sexual y el reconocimiento de los derechos laborales y sociales, incluyendo el acceso a la formaci¨®n y a la atenci¨®n sanitarias y las prestaciones, bienes o servicios que requieren justificaci¨®n de ingresos. Es decir, supera las posiciones simplistas del abolicionismo que estigmatizan una realidad desde posiciones tan puritanas como inoperantes, que agravan las condiciones de vida de la poblaci¨®n m¨¢s vulnerable. El abolicionismo presume adem¨¢s de que el trabajo sexual es una actividad sometida a coacci¨®n o abuso de necesidad, lo cual es cierto s¨®lo en parte, en cuyo caso es una acci¨®n tipificada ya como delito por el C¨®digo Penal.

Pero el anteproyecto, que procede del Departamento de Interior, se obsesiona por resolver o prevenir los posibles conflictos que pueden derivarse de la presencia en el espacio p¨²blico de la oferta y solicitud de trabajo sexual y pretende solucionarlos mediante la prohibici¨®n radical de esta presencia en la calle.

En la medida en que se regula una actividad y se admiten unos derechos, parece l¨®gico admitir su visibilidad. Pero entonces aparece la reacci¨®n de colectivos vecinales, que consideran que la prostituci¨®n es una actividad vinculada a la criminalidad organizada y que adem¨¢s hiere la sensibilidad de los ciudadanos, que, como dec¨ªa la ordenanza, "se ven inmersos en un escenario visual no deseado".

Hay que decir que la proximidad de las prestaciones sexuales con las mafias no se debe al ejercicio de la prostituci¨®n en s¨ª, sino a las condiciones de vulnerabilidad y debilidad de las personas que la ejercen. Esto se ha acentuado en una ¨¦poca en que los movimientos migratorios derivados de las desigualdades econ¨®micas a escala global desplazan importantes contingentes de personas en situaci¨®n de debilidad estructural, incrementando la oferta sexual.

Las mafias que someten a una explotaci¨®n il¨ªcita a colectivos vulnerables existen en sectores econ¨®micos legales y no estigmatizados (el textil, la construcci¨®n, la hosteler¨ªa, la agricultura, etc¨¦tera). En todos estos casos nos encontramos con poblaciones que viven precariamente debido a su situaci¨®n de ilegalidad a causa de pol¨ªticas migratorias restrictivas, que favorecen el abuso de la necesidad. Por tanto, la regularizaci¨®n del trabajo sexual no puede plantearse como un instrumento de orden p¨²blico para acabar con las mafias, sino como reconocimiento de la condici¨®n de sujetos de derechos a las personas cuya clandestinidad las hace m¨¢s vulnerables. La persecuci¨®n de la oferta y solicitud sexual en la calle significa incrementar la desigualdad en perjuicio de la prostituci¨®n visible, la m¨¢s pobre. Las ordenanzas barcelonesas han sido un test de c¨®mo este tipo de normas se convierten en una persecuci¨®n arbitraria de los m¨¢s d¨¦biles y desvalidos.

Por tanto, si la prohibici¨®n de la oferta o solicitud callejera va contra el reconocimiento y protecci¨®n de los derechos de las personas, queda por resolver la convivencia en el espacio p¨²blico. No es posible admitir la molestia a la sensibilidad visual o el prejuicio moral como bien jur¨ªdico que debe protegerse por encima de los derechos de las personas a prestar o solicitar determinados servicios sexuales. Pero tampoco se pueden obviar los usos conflictivos que se dan en el espacio p¨²blico. La v¨ªa legislativa dif¨ªcilmente puede resolver todos los problemas, pero, al menos, debe permitir o plantear v¨ªas de soluci¨®n distintas de la pura y simple prohibici¨®n.

Una posibilidad es excluir zonas y horarios, o delimitar en positivo zonas autorizadas. Esta ¨²ltima es una soluci¨®n discutible, pues puede generar "estigmas territoriales", aunque esta zonificaci¨®n ya se ha producido de manera espont¨¢nea y de lo que se trata es de intervenir en ella para proteger a todos. En otros casos deber¨ªa poderse pactar, entre los distintos sectores ciudadanos implicados, incluidos los trabajadores sexuales, las condiciones de la presencia en el espacio p¨²blico. Pero en ningun caso nos parece admisible la prohibici¨®n gen¨¦rica de una actividad que afecta a un colectivo social vulnerable, ni la conversi¨®n en norma de un prejuicio moral tan excluyente como hip¨®crita.

Jordi Borja es urbanista y Mercedes Garc¨ªa Ar¨¢n es penalista.