Uno de los condenados por una estafa a inversores alaveses recurre al Constitucional
El segundo penado por apropiaci¨®n indebida en el 'caso Erne' falleci¨® en marzo pasado
Jos¨¦ Javier L¨®pez de Landache, uno de los dos condenados a ocho a?os de prisi¨®n y a devolver casi 600.000 euros a 21 ahorradores alaveses que perdieron su dinero en la gestor¨ªa Erne de su propiedad, ha recurrido en amparo al Constitucional para impedir la ejecuci¨®n de la sentencia. La condena por apropiaci¨®n indebida a Landache y a su socio, Jos¨¦ Ram¨®n S¨¢enz de Maturana fue ratificada por el Supremo. El 13 de marzo, el juzgado comunic¨® la muerte de Maturana. Landache, que tiene embargados bienes por 190.000 euros, considera vulnerados sus derechos.
Los socios de la gestor¨ªa Erne, que a su vez lo eran de la mercantil River Joyeros y de la sociedad Vigama SA, prometieron a sus clientes entre 1980 y 1990 una rentabilidad del 9% por sus inversiones, muy superior a la que ofrec¨ªan cajas y bancos. El negocio fracas¨® y centenares de clientes que les hab¨ªan confiado sus ahorros los perdieron. S¨®lo los denunciantes, unos 21, perdieron alrededor de 1,2 millones de euros.
Fuentes jur¨ªdicas interpretan que Landache quiere ganar tiempo con el recurso de amparo al Tribunal Constitucional por vulneraci¨®n de sus derechos debido a los continuos retrasos de la causa. La muerte del segundo condenado complica el cobro de dinero por los afectados, ya que primero hay que aclarar como queda su herencia, y despu¨¦s que los herederos la acepten. Maturana ten¨ªa todos sus bienes embargados. La sentencia fij¨® que el pago de las deudas es solidario.
Aunque el Constitucional todav¨ªa no ha resuelto el recurso, pod¨ªa haber decidido ya de estimarlo oportuno suspender cautelarmente la ejecuci¨®n de la sentencia. Las mismas fuentes interpretan que el hecho de que el proceso siga adelante supone de hecho una confirmaci¨®n de las sentencias.
10 a?os de instrucci¨®n
Sin embargo, tambi¨¦n aprecian alguna ventaja en este momento del proceso para el penado. Como la resoluci¨®n de la declaraci¨®n de herederos de Maturana puede ser muy lenta, Landache podr¨ªa intentar llegar a acuerdos con sus acreedores para reducir la deuda o demorar en caso contrario los pagos.
Tanto la Audiencia Provincial alavesa como el Supremo condenaron a los dos socios de Erne, pese a la fiscal¨ªa pidi¨® el archivo de las actuaciones. El caso se juzg¨® en 2003, despu¨¦s de una d¨¦cada de instrucci¨®n, en la que se produjeron numerosas irregularidades.
La primera denuncia contra Erne o alguno de sus dos socios fue presentada en 1992 y desde esa fecha fueron sum¨¢ndose nuevos demandantes. Entre aquel a?o y el de la celebraci¨®n del juicio, incluso muri¨® alguno de los querellantes originales. Fueros sus herederos los que finalmente se sentaron en la sala de vistas.
Tanto Landache como Maturana llegaron al juicio con sus bienes conocidos embargados. En concreto, un auto dictamin¨® en 2001 el embargo por 510.000 euros para asegurar sus responsabilidades. A S¨¢enz de Maturana se le embargaron bienes por 320.000 euros, y a Landache por otros 190.000. A ¨¦ste ¨²ltimo se le retuvo adem¨¢s una parte proporcional del sueldo, un inmueble de su propiedad y varias cuentas corrientes y de ahorro, hasta completar la cantidad se?alada.
El negocio de Erne, Gestora de Inversi¨®n y Servicios SA funcion¨® a pleno rendimiento durante la d¨¦cada de los 80, pero a principios de los 90 se hundi¨® definitivamente.
Seg¨²n consta en el propio sumario, Landache reconoci¨® en conversaciones privadas con algunos de los ahorradores que le hab¨ªan confiado sumas de hasta 150.000 euros, que todo el problema se derivaba de "una desafortunada inversi¨®n inmobiliaria" en las islas Canarias. Se refer¨ªa a una compra que Vigama S A hizo en Las Palmas en 1986 con el objetivo de edificar un inmueble. En 1991 no ten¨ªa ni un ladrillo puesto.
El precio que pag¨® por esa parcela ascendi¨® a 2,7 millones de euros. Los vendedores, un matrimonio de las islas, la hab¨ªa comprado 21 meses antes por 750.000 euros. En menos de dos a?os hab¨ªa generado unas plusval¨ªas para los vendedores de casi dos millones de euros. Esa operaci¨®n apenas si se investig¨® durante el proceso.
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