Ayuntamiento de Marbella, SA

Un d¨ªa de estos, el Ayuntamiento de Marbella, dirigido desde hace unas semanas por una gestora, proceder¨¢ a subastar el flamante Rolls Royce que en su d¨ªa utiliz¨® el alcalde Jes¨²s Gil. El coche fue obtenido como parte del pago de un convenio urban¨ªstico, como se obten¨ªan pisos, locales, dinero y muchos otros bienes para el Ayuntamiento. As¨ª funcionaba la gesti¨®n p¨²blica en Marbella: todo ten¨ªa un precio y todo pod¨ªa tener una utilidad privada. La gestora conoce con el paso de los d¨ªas c¨®mo pisos o locales municipales se desviaban para uso privado o directamente serv¨ªan para pagar favores.

Para un consistorio que en sus buenos a?os lleg¨® a otorgar 10.000 licencias anuales, el trasiego econ¨®mico fue importante. Lo malo es que de todo este movimiento apenas hay constancia, como tampoco de las propiedades obtenidas: el ayuntamiento carece de un inventario municipal. El resultado final es que m¨¢s de 30.000 viviendas y una cifra superior a los 500 locales, entre los que se encuentran sedes de grandes empresas y grandes centros comerciales, est¨¢n en situaci¨®n de ilegalidad.

Hay trabajadores municipales con unos ingresos mensuales de 10.000 euros

La pareja de un alto cargo disfrutaba de un piso de 540.000 euros de propiedad municipal

El Rolls Royce, al menos, apareci¨®, despu¨¦s de un largo periplo entre Madrid y Marbella donde se le lleg¨® a perder la pista. Finalmente, alguien avis¨® desde el parque m¨®vil municipal. "Aqu¨ª no hacemos nada con un Rolls Royce", advirti¨® el encargado. Junto al Rolls se subastar¨¢ tambi¨¦n un flamante BMW X-5 que utilizaron los ¨²ltimos alcaldes. El asunto de los coches, sin embargo, tiene su guasa: seg¨²n pasan las semanas, aparecen nuevos veh¨ªculos que, al parecer, utilizaba privadamente determinado personal. De esta milagrosa manera han ido apareciendo ya hasta nueve autom¨®viles.

La subasta del Rolls Royce de Jes¨²s Gil ser¨¢ ampliamente publicitada porque se piensa que habr¨¢ interesados en poseer lo que fue uno de los s¨ªmbolos de la reciente historia de este ayuntamiento. No obstante, y a pesar de lo sucedido, el gilismo despierta todav¨ªa una adhesi¨®n importante entre los ciudadanos de Marbella. Las encuestas realizadas en los ¨²ltimos d¨ªas por diferentes medios de comunicaci¨®n malague?os, coinciden en otorgarle al GIL un total de tres concejales, circunstancia que podr¨ªa convertir a quien recoja el testigo de este partido en el ¨¢rbitro de la situaci¨®n si ninguno de los dos grandes, PP y PSOE, logra la mayor¨ªa absoluta. Ahora mismo, esas mismas encuestas dan al PP una clara ventaja sobre el PSOE, de al menos cinco concejales.

El asunto del Rolls Royce es una mera an¨¦cdota en la mara?a de problemas que se est¨¢ encontrando la gestora, que debe poner orden en un consistorio con una estructura insostenible. Y en este punto se unen dos fen¨®menos que no tienen igual en ning¨²n otro ayuntamiento espa?ol: un urbanismo salvaje junto a una pol¨ªtica de personal discrecional, donde se contrataba a gente a dedo y se conced¨ªan generosas gratificaciones. Hay trabajadores con unos ingresos mensuales de 10.000 euros.

Sin embargo, el cap¨ªtulo m¨¢s grave es c¨®mo poder orden en un urbanismo que no ha seguido ninguna disciplina. El n¨²mero de obras ilegales, de edificios sin las licencias exigibles, de terreno ocupado sin atener a ning¨²n planeamiento es aterrador. En este escenario han ca¨ªdo tambi¨¦n importantes empresas espa?olas y multinacionales, porque hay hoteles de lujo o cadenas de grandes almacenes que llevan a?os funcionando sin las oportunas licencias o que, sencillamente, han ocupado m¨¢s suelo del concedido. "Si tuvi¨¦ramos que cerrar todo aquel edificio que incumple la ley habr¨ªa poco menos que cerrar Marbella", coment¨® un representante de la gestora.

En su d¨ªa, un avance del plan general realizado por encargo de la Junta de Andaluc¨ªa hizo una estimaci¨®n de 30.000 viviendas ilegales en Marbella. Ese dato, a la vista de la documentaci¨®n que empieza a supervisar la gestora, tiende al alza. "Hay al menos mil licencias claramente ilegales", confirm¨® un miembro de la gestora, "que corresponden a grandes urbanizaciones o centros comerciales". Este segundo cap¨ªtulo no es menos importante, "porque supone un serio problema para m¨¢s de 500 locales comerciales, donde nos encontramos con una tienda de peque?as dimensiones y con un gran centro comercial o una gran sala multicines".

Uno de los problemas m¨¢s serios se sit¨²a en el centro comercial de La Ca?ada, considerado como el centro comercial de mayor facturaci¨®n de toda Andaluc¨ªa. "Es un centro que trasciende a la propia Marbella, donde prestan sus servicios miles de trabajadores y que tiene serios problemas legales", dice esa misma fuente.

El origen de estos problemas est¨¢ en el mecanismo utilizado por el GIL durante 15 a?os de gesti¨®n municipal. El GIL cre¨® una estructura paralela dentro del propio ayuntamiento y reserv¨® para empleados afines los cometidos de mayor importancia, apartando de las grandes decisiones a los t¨¦cnicos y a los funcionarios de carrera. Entre estas decisiones estaban las relacionadas con el urbanismo.

La figura clave era el convenio. El convenio era un acuerdo privado entre el ayuntamiento y el promotor, acuerdo que luego era elevado a p¨²blico en los plenos municipales. La gesti¨®n y el asesoramiento legal de estos convenios era realizado siempre por asesores externos y antes de cada pleno se acordaba qu¨¦ convenios iban a ser aprobados y c¨®mo.

El resultado de todo ello es una mezcla de lo p¨²blico y lo privado dif¨ªcil de desentra?ar y del que, en algunos casos, no hay suficiente constancia documental. La gestora se ha encontrado ante la inexistencia de un inventario municipal. As¨ª se tiene noticia de que algunos inmuebles (pisos o locales) con los que el promotor pagaba parte de un convenio no eran inscritos a nombre del ayuntamiento. Esto ha propiciado que algunos de esos inmuebles pasen a manos privadas sin control alguno.

Se da tambi¨¦n la circunstancia de que pisos que s¨ª eran inscritos a nombre del consistorio eran cedidos sin nada a cambio a particulares. As¨ª, una vivienda valorada en 540.000 euros estaba ocupada desde hace a?os por la compa?era sentimental de un alto cargo del ayuntamiento sin pagar alquiler.

Con todo ello, el cap¨ªtulo de sorpresas no ha terminado para la gestora. La ¨²ltima es igualmente curiosa: Juan Antonio Roca, el principal imputado en la operaci¨®n Malaya, sigue siendo empleado del Ayuntamiento. La gestora no puede despedirle ni abrirle expediente. Alguien se ocup¨® de dejar en suspenso su cargo una vez que fue detenido, lo que impide legalmente su despido en tanto no se sustancien sus asuntos judiciales.