El r¨ªo es m¨ªo

Las reformas de los estatutos auton¨®micos que se han puesto en marcha no pod¨ªan ser ajenas a la alarma que ha producido en los ¨²ltimos a?os la sequ¨ªa general en Espa?a y la consiguiente pugna por bien tan escaso como el agua. Los partidos han aprovechado la ocasi¨®n para intentar incorporar en esos marcos jur¨ªdicos las competencias sobre el control de los recursos h¨ªdricos que discurren por sus territorios, teniendo en cuenta que ya ejercen competencias sobre su control sanitario y la mayor¨ªa de sus usos como los regad¨ªos, la pesca fluvial o la energ¨ªa hidroel¨¦ctrica.

El fen¨®meno saca a la luz en todas sus vertientes las tensiones y demandas sociales l¨®gicas sobre un recurso fundamental para el desarrollo econ¨®mico y humano. Es l¨®gico, por tanto, que las comunidades aut¨®nomas reclamen su gesti¨®n. Pero no lo es cuando intentan condicionar de forma irrevocable los usos de terceros. No lo era que Catalu?a exigiera el control del caudal del Ebro en el delta, porque mediatizaba los usos de este r¨ªo desde su nacimiento y su traves¨ªa por nada menos que otras seis comunidades aut¨®nomas con tanto derecho sobre su caudal como la ¨²ltima en ser regada por el mismo. Por eso se ajust¨® el proyecto de Estatuto catal¨¢n a la Constituci¨®n en su tr¨¢mite por el Congreso de los Diputados, sustituyendo la exigencia de un informe "determinante" por "preceptivo" de la Generalitat catalana para cualquier trasvase de las aguas excedentarias del r¨ªo.

En el tr¨¢mite del Estatuto valenciano, que incorporaba en su redacci¨®n original "el derecho a la redistribuci¨®n de los sobrantes de aguas de cuencas excedentarias", una enmienda de populares y socialistas en el Congreso a?adi¨® al articulado la coletilla "de acuerdo con la Constituci¨®n y la legislaci¨®n estatal", con lo que se garantiza la competencia del Gobierno central en la regulaci¨®n de las cuencas hidrogr¨¢ficas intercomunitarias y la planificaci¨®n general b¨¢sica. Andaluc¨ªa reclama el derecho "irrenunciable" a la gesti¨®n exclusiva del Guadalquivir, sin tener en cuenta que afecta a Extremadura, Castilla-La Mancha y Murcia. Castilla y Le¨®n exige la del Duero que sigue curso en Portugal. Castilla-La Mancha exige que el control del Tajo y el J¨²car se ejerzan desde Toledo y pretende anular el trasvase Tajo-Segura. Arag¨®n, Extremadura y Murcia anuncian recursos ante el Constitucional.

El derecho de las autonom¨ªas a la gesti¨®n del agua y ante todo su pretendido blindaje tienen en la Constituci¨®n un dique infranqueable. Corresponde al Gobierno central arbitrar mecanismos consensuados para reformar la Ley de Aguas. No debiera concluir la legislatura sin responder a los desaf¨ªos del agua en la Espa?a del siglo XXI.