Precio pol¨ªtico o aplicaci¨®n de la ley

No es bueno que los estados de ¨¢nimo transiten entre la euforia y la depresi¨®n en el actual proceso que deber¨ªa de conducir al final de toda violencia por parte de ETA. Lo m¨¢s sensato es estar a los hechos, siempre que tengamos en cuenta que en pol¨ªtica las tomas de posici¨®n p¨²blicas son tambi¨¦n hechos, en cuanto pueden incidir en las actitudes y sentimientos de las personas. En este sentido, las recientes declaraciones de portavoces de la banda armada al diario Gara son un hecho, con alcance pol¨ªtico, que no conviene despachar con la benevolente consideraci¨®n de que est¨¢n realizadas para consumo interno. Est¨¦n hechas o no para tranquilizar a ese mundo mal llamado de la izquierda abertzale, lo cierto es que reflejan una manera de enfocar la cuesti¨®n que est¨¢ fuera de la realidad y, adem¨¢s, imposible de asumir por un sistema democr¨¢tico. Por eso es coherente que desde los poderes p¨²blicos se haya repetido, hasta la saciedad, que la desaparici¨®n de la organizaci¨®n terrorista no supondr¨¢ ninguna contrapartida de naturaleza pol¨ªtica.

Pero, ?qu¨¦ quiere decir, en las actuales condiciones, pagar un precio pol¨ªtico? Se supone, en pura l¨®gica, que eso suceder¨ªa cuando los poderes p¨²blicos modificasen alg¨²n elemento del orden constitucional o legal vigente a cambio del final de la violencia, ya fuese aceptando el derecho de autodeterminaci¨®n, o la llamada territorialidad, la amnist¨ªa o cualquier otro aspecto que chocase con nuestras normas de convivencia. Pues bien, en una democracia ning¨²n gobierno puede hacer este tipo de concesiones, aun cuando as¨ª lo desease, que no es el caso. Siempre he pensado que cuando una democracia cede al chantaje de la violencia, esa democracia est¨¢ herida de muerte, y no creo que la democracia espa?ola, con lo que ha costado traerla y con la solidez de que disfruta, vaya a cometer tama?o desatino. Y ser¨ªa menester que esta imposibilidad la asumieran aquellos que deben abandonar, de manera definitiva, todo tipo de violencia y, tambi¨¦n, los partidos que, al margen de toda evidencia emp¨ªrica, siguen planteando cuestiones que saben perfectamente que no son viables dentro de las normas que nos rigen, que deben ser respetadas y que todo gobierno tiene la obligaci¨®n de hacer cumplir.

Ahora bien, ser¨ªa err¨®neo, y conducir¨ªa a un callej¨®n sin salida, confundir el pagar un precio pol¨ªtico con la aplicaci¨®n normal de la legalidad vigente. Es decir, no tiene nada que ver el hacer concesiones a los violentos con la aplicaci¨®n regular de las normas democr¨¢ticas, una vez que se ha constatado fehacientemente que ETA ha abandonado la violencia. En este sentido, por ejemplo, la legalizaci¨®n de un nuevo partido que representase a la llamada izquierda abertzale no supondr¨ªa ninguna licencia o cesi¨®n ileg¨ªtima, sino la simple aplicaci¨®n de la legalidad, siempre y cuando dicho partido cumpliese con las condiciones y requisitos establecidos en la Ley de Partidos. Y una vez en la legalidad esa formaci¨®n pol¨ªtica, como otra cualquiera, podr¨ªa defender el derecho de autodeterminaci¨®n, la independencia de Euskadi y todo aquello que no supusiese un il¨ªcito penal, como por otro lado ya lo hacen otros partidos, a trav¨¦s de m¨¦todos estrictamente democr¨¢ticos. Lo que no se puede pretender es ser legal, y presentarse a las elecciones, sin el previo abandono de cualquier connivencia expresa o t¨¢cita con la violencia, sin su condena, o de una forma que suponga la mera continuaci¨®n o sucesi¨®n de las actividades de un partido que haya sido declarado ilegal y disuelto, pues ello no lo permite la ley de partidos. Ley que, por otra parte, tiene vocaci¨®n de permanencia.

Lo mismo podr¨ªa suceder con la delicada cuesti¨®n de los presos por actividades terroristas. Nuestra Constituci¨®n no permite la concesi¨®n de amnist¨ªas y cuando se?ala, en su art¨ªculo 62, que corresponde al Rey ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, a?ade expresamente "que no podr¨¢ autorizar indultos generales". En consecuencia, est¨¢ fuera de la realidad plantear esta po

sibilidad, pues para ello ser¨ªa necesario modificar la Constituci¨®n. Ahora bien, tambi¨¦n nuestra ley de leyes dice en su art¨ªculo 25.2 que "las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estar¨¢n orientadas a la reeducaci¨®n y reinserci¨®n social". Es decir, el encarcelamiento del que delinque no tiene una finalidad vengativa sino que, sobre todo, busca que el penado abandone la actividad delictiva y se integre en la vida social como un ciudadano normal.

Por tanto, una vez desaparecida definitivamente la actividad violenta y la organizaci¨®n que la provoca, las leyes penales y penitenciarias de la democracia contienen los mecanismos para encauzar el problema, sin necesidad de "generosidades" forzadas y con respeto escrupuloso a la dignidad de las v¨ªctimas. Las leyes democr¨¢ticas son siempre generosas, pero no m¨¢s all¨¢ de lo que las propias leyes dicen y en los t¨¦rminos en que deben ser interpretadas en concordancia con el contexto en que se aplican. Por eso, la soluci¨®n que se d¨¦ en el futuro a la situaci¨®n de los presos por terrorismo no deber¨ªa contemplarse como una concesi¨®n al cese de la violencia sino como la normal aplicaci¨®n de las leyes y la consecuencia l¨®gica del fin de esa violencia.

Igual acontece con la cuesti¨®n del lugar donde se cumple la condena. El objetivo de la medida que se tom¨® en su d¨ªa no creo que fuese el alejamiento de los presos del lugar de residencia sino la dispersi¨®n, que es cosa bien distinta. Certificado el cese permanente de la violencia, dejar¨ªa de tener sentido tanto la dispersi¨®n como el alejamiento, pues habr¨ªa desaparecido la causa que lo motiv¨®.

En otro orden de cosas, se oyen voces solicitando ya la convocatoria de una mesa de partidos vascos, que ser¨ªa la encargada de debatir los temas de naturaleza pol¨ªtica. Aqu¨ª tambi¨¦n se plantea el asunto de manera desenfocada. Supondr¨ªa un disparate que los partidos democr¨¢ticos se sentasen a discutir colectivamente con organizaciones declaradas fuera de la ley. E igual de grande ser¨ªa el dislate si un gobierno democr¨¢tico se pusiese a negociar cuestiones pol¨ªticas con una entidad terrorista. Una mesa de partidos, en democracia, s¨®lo puede formarse con organizaciones legales, tengan o no, en un momento determinado, presencia parlamentaria. Todo ello por un principio b¨¢sico que debe presidir siempre un proceso de estas caracter¨ªsticas y es el del respeto a la ley y a las formas que esa legalidad establece.

De esta suerte, una negociaci¨®n pol¨ªtica sobre el futuro institucional de Euskadi debe hacerse por los partidos pol¨ªticos legales, sin exclusiones, en ausencia definitiva de toda violencia y en el respeto de los procedimientos constitucionales. Pretender, como insin¨²an o afirman algunos, iniciar un di¨¢logo pol¨ªtico sobre cuestiones sustantivas mientras subsista la posibilidad de un regreso a la violencia por parte de ETA, no me parece lo m¨¢s recomendable.

Resultan, por el contrario, muy correctas las opiniones que han expresado que primero la "paz" y luego la "pol¨ªtica", lo que no empece para que la pol¨ªtica pueda ayudar a conseguir el fin de la violencia.

Una ¨²ltima reflexi¨®n sobre el famoso "derecho a decidir" que por algunos se utiliza como sin¨®nimo del derecho de autodeterminaci¨®n. Parto de la base de que el actual ordenamiento constitucional y estatutario reconoce ese derecho a decidir, esto es, asume que la ¨²ltima palabra la tienen los vascos. Al igual que la tienen los catalanes y la van a manifestar el pr¨®ximo 18 de junio. Lo que conviene recordar es que Euskadi no parte de un vac¨ªo legal e institucional. Su autonom¨ªa se sustenta en la Constituci¨®n de 1978 y en el Estatuto de Gernika, que han sido votados por la mayor¨ªa de los que ejercieron el sufragio. Luego cualquier modificaci¨®n de ese marco estatutario deber¨ªa contar con un acuerdo por lo menos tan amplio como el que tuvo entonces y plasmarse a trav¨¦s de los mecanismos que las propias normas establecen. De lo contrario, se estar¨ªa violentando la voluntad de los propios vascos. Porque como est¨¢ sucediendo en las reformas estatutarias en curso, una vez acordado por los parlamentos vasco y espa?ol el texto de que se tratase -en el caso de que se desease abordar una reforma- ¨¦ste deber¨ªa ser sometido a la voluntad de la ciudadan¨ªa de Euskadi, que podr¨ªa aprobarlo o rechazarlo. Por el contrario, lo que se propone desde los que interpretan el derecho a decidir -versi¨®n autodeterminaci¨®n- es lo siguiente: la Constituci¨®n y el Estatuto no existen y los vascos y vascas, como le gusta decir al lehendakari, desde su soberan¨ªa -ergo ya independientes- deciden si desean o no seguir formando parte de Espa?a o cualquier otra f¨®rmula. Esta opci¨®n, adem¨¢s de no ser legal, no es aceptable pol¨ªticamente ni por la inmensa mayor¨ªa de los espa?oles, ni como m¨ªnimo por la mitad de los vascos y conducir¨ªa a resultados indeseables que cualquiera puede comprender. Otegi lo ha explicado muy bien, quiz¨¢ sin darse cuenta, al preguntarse: ?por qu¨¦ los vascos no podemos decidir como en Montenegro? Quiz¨¢ por la simple raz¨®n de que los vascos no quieren vivir como en Montenegro y, desde luego, Espa?a, ni Europa, desean terminar como Yugoslavia. Seamos sensatos.

-Nicol¨¢s Sartorius es vicepresidente de la Fundaci¨®n Alternativas.