La 'Operaci¨®n Karlos' de fraude a la Seguridad Social se cierra con 28 detenidos y 10 imputados

La Operaci¨®n Karlos contra el fraude a la Seguridad Social se ha saldado con la detenci¨®n de 28 personas y la imputaci¨®n de otras 10. El levantamiento del secreto sumarial ha puesto al descubierto una organizaci¨®n dedicada a la concesi¨®n ilegal de pensiones por incapacidad laboral. Los dos presuntos cabecillas de la trama de los informes m¨¦dicos falsos est¨¢n en prisi¨®n y hasta cinco m¨¦dicos de la provincia de C¨¢diz deber¨¢n responder por su supuesta vinculaci¨®n con la trama. Hasta el momento la Seguridad Social ni la Guardia Civil ha cuantificado el fraude.

Las investigaciones se iniciaron en el mes de octubre de 2005. La Guardia Civil tuvo conocimiento de que el ex jefe de la Polic¨ªa Local de Ubrique (C¨¢diz), Carlos Carretero, podr¨ªa participar en una organizaci¨®n que exped¨ªa informes m¨¦dicos fraudulentos para beneficiarios, a los que supuestamente tambi¨¦n captaba Carretero, que consegu¨ªan las pensiones permanentes de la Seguridad Social tras el pago de entre 9.000 y 24.000 euros.

Poco despu¨¦s se constataba que el ex funcionario del Ayuntamiento de Ubrique contaba con la connivencia de un inspector m¨¦dico de la Unidad de Valoraci¨®n de Incapacidades de la Seguridad Social en la provincia de C¨¢diz, Francisco Casto. Se localizaba as¨ª al segundo y ¨²ltimo presunto cabecilla de la trama, quien, a su vez, "se apoyaba en determinados facultativos, tanto de atenci¨®n primaria como especialistas, para expedir bajas e informes m¨¦dicos falsos que se incorporaban a la documentaci¨®n necesaria para iniciar el expediente de incapacidad laboral".

Casto, seg¨²n la informaci¨®n de la Guardia Civil, se encargaba de supervisar estos documentos para que los expedientes pasaran sin dificultad todos los controles de la Administraci¨®n, y por lo que cobraba diversas cantidades de dinero. Asimismo, algunos de los cuatro m¨¦dicos implicados podr¨ªan haber falsificado varios informes m¨¦dicos para avalar enfermedades que dieran origen a la incapacidad labora y a la prestaci¨®n de la pensi¨®n.

Tras el levantamiento del sumario se ha conocido que de entre los cinco facultativos supuestamente vinculados a la organizaci¨®n, Ferm¨ªn Medina Varo, de 50 a?os de edad y vecino de C¨¢diz, tiene una implicaci¨®n menor en la trama, ya que aunque figura como imputado en el sumario por haber cometido presuntamente al menos uno de los delitos destapados en el fraude, no lleg¨® a ser detenido por la Guardia Civil, como se public¨® el 19 de mayo, seg¨²n la informaci¨®n facilitada por fuentes de la investigaci¨®n.

Las pensiones ilegales ten¨ªan un precio: entre 9.000 y 24.000 euros para quienes las solicitaban. Si los beneficiarios carec¨ªan de dinero, los dirigentes de la trama "facilitaban a los beneficiarios una p¨®liza a trav¨¦s de entidades bancarias, que se abonaban al banco una vez concedida la pensi¨®n deseada".

Ya con el dinero en la mano, Carlos Carretero "instaba a los receptores de las bajas que residieran fuera de la capital gaditana a que fijaran su domicilio en esta ciudad con el objeto de que Casto, asignado en la Seguridad Social al ¨¢rea de la Bah¨ªa de C¨¢diz, pudiera emitir su informe favorable" y pasar as¨ª los controles de la administraci¨®n. Carretero incluso ofrec¨ªa a los beneficiarios direcciones de domicilios de su propia familia para facilitar el empadronamiento a sus clientes, la mayor¨ªa residentes en localidades de la sierra de C¨¢diz.

Los aspirantes a las pensiones deb¨ªan tener una baja m¨¦dica expedida por m¨¦dicos de cabecera o especialistas, que supuestamente tambi¨¦n est¨¢n implicados en la trama. Como contraprestaci¨®n, estos facultativos "pretend¨ªan obtener contratos con las empresas dirigidas por Carretero". Asimismo, tambi¨¦n recib¨ªan contraprestaciones de la red a cambio de involucrar a m¨¢s m¨¦dicos que facilitaran las bajas.

Seg¨²n consta en el comunicado de la Guardia Civil, algunos beneficiarios "desconoc¨ªan el mecanismo de obtenci¨®n de las bajas, ya que muchos est¨¢n enfermos y podr¨ªan haber solicitado la pensi¨®n sin pagar a los dirigentes de la organizaci¨®n".

Aunque la operaci¨®n se da pr¨¢cticamente por cerrada, el Instituto Armado sigue investigando la documentaci¨®n intervenida en los registros domiciliarios que se han llevado a cabo para destapar este fraude a la Seguridad Social, a¨²n sin cuantificar.

Hasta el momento est¨¢n supuestamente implicados: el mencionado Carlos Carretero, el tambi¨¦n rese?ado inspector m¨¦dico Francisco Casto, ambos en prisi¨®n; cinco facultativos, 16 beneficiarios de las pensiones y 14 colaboradores de los receptores de las bajas ilegales.

A su vez, Carlos Carretero tambi¨¦n es el supuesto cabecilla de la trama de las facturas falsas desarticulada en la Operaci¨®n Halc¨®n, esta contra el fraude fiscal destapado en el sector de la marroquiner¨ªa de la provincia de C¨¢diz. Adem¨¢s de Carretero, su secretaria, Elisa Calvente Gil, detenida en el mes de abril en el marco de la Operaci¨®n Halc¨®n, tambi¨¦n ha resultado ser una de las personas imputadas en la Operaci¨®n Karlos.