Dificultades objetivas

Largo, duro, dif¨ªcil... y embarullado est¨¢ resultando el proceso conducente a la desaparici¨®n pactada de ETA. Declaraciones contradictorias y cambios de criterio no explicados parecen formar parte consustancial del mismo. La semirectificaci¨®n del presidente Zapatero sobre el alcance del di¨¢logo con Batasuna no ha impedido la ruptura semidefinitiva del PP con el Gobierno, al que emplaza a votar una resoluci¨®n sobre el di¨¢logo con la que espera ponerle en evidencia. Y, tras la decisi¨®n del juez Grande-Marlaska de no encarcelar a Otegi y compa?¨ªa, portavoces de Batasuna hablaron ditir¨¢mbicamente de "cambio de ciclo, en fondo y forma".

El juez no ha visto razones suficientes para modificar la situaci¨®n de libertad con fianza en que se encuentran los dirigentes de Batasuna llamados a declarar sobre un presunto delito de vulneraci¨®n de la suspensi¨®n de actividades, agravado por otro de posibles amenazas terroristas. Este delito, sancionado con penas de hasta 15 a?os, tiene en el C¨®digo Penal (art¨ªculos 572 y 577) una definici¨®n muy estricta que hace dif¨ªcil encajar en sus l¨ªmites expresiones deliberadamente ambiguas como las utilizadas por Joseba Permach al advertir sobre los efectos que podr¨ªa tener para la continuidad del alto el fuego el eventual encarcelamiento de Otegi y los suyos. De todas formas, Permach tuvo que manifestar al juez que su intenci¨®n "no era intimidatoria o amenazante". Las actuaciones judiciales siguen adelante y se mantienen en sus t¨¦rminos las medidas cautelares -fianza y obligaci¨®n de comparecencia en comisar¨ªa, ampliada en caso de Permach- decididas anteriormente.

La dificultad de la justicia para encontrar un equilibrio entre la realidad del alto el fuego y el riesgo de consentir la impunidad pretendida por Batasuna, tiene razones objetivas. Una Batasuna legalizada podr¨ªa tal vez participar m¨¢s eficazmente en el convencimiento de ETA, pero mientras esa formaci¨®n no acate claramente la legalidad y las reglas del juego, el Estado no puede renunciar a mantener la baza de la ilegalizaci¨®n, sin la que no habr¨ªa habido alto el fuego ni habr¨ªa proceso alguno. La iniciativa de Patxi L¨®pez obedece probablemente al deseo de tranquilizar a unos dirigentes de Batasuna que ya se ve¨ªan en prisi¨®n. La idea de que se trataba s¨®lo de convencerles, mir¨¢ndoles a los ojos, de que acataran la legalidad, suena a broma. M¨¢s veros¨ªmil resulta suponer que Batasuna quer¨ªa un reconocimiento, de palabra y hecho, de su condici¨®n de interlocutor para esgrimirla como argumento ante el juez. Lo importante no ser¨ªa entonces de qu¨¦ iban a hablar, sino el hecho mismo de hacerlo.

Pero como ocurre cuando la manta es demasiado peque?a, las iniciativas que tapan la inquietud de Batasuna dejan al descubierto la desconfianza del PP. Y tanto Zapatero como su vicepresidenta no dejan de manifestar que la participaci¨®n de ese partido es necesaria. Con raz¨®n, porque la

apelaci¨®n a que los jueces tengan en cuenta la realidad social s¨®lo tiene sentido si existe un cierto consenso entre los principales partidos sobre la interpretaci¨®n de esa realidad.